El ayuntamiento de Vic pone en jaque al Gobierno: aprueba la normativa contra los 'sin papeles'

El alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, de Unió, ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, mantiene que la propuesta es "legal" según sus servicios jurídicos, pero si algún informe de otra administración demuestra la ilegalidad, posiblemente retirarán la medida.

El partido ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición en el consistorio de Vic, apoya esta medida, pero la considera insuficiente.

El grupo municipal de los independentistas de la CUP rechaza esta medida porque "es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población", y considera que no "solucionará el problema de la inmigración".

Por su parte, el grupo de ICV ha reclamado la retirada de la normativa porque es una medida irresponsable que no tiene una cobertura jurídica sólida.

Caamaño a la espera de un informe jurídico

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó este miércoles que esperará al informe que realice la Abogacía del Estado sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic de impedir a los inmigrantes en situación irregular que se puedan empadronar en el municipio.

No obstante, en principio, defendió "los derechos vinculados a la dignidad del ser humano", y subrayó que el empadronamiento no puede "condicionar" que una persona pueda "estar en un lugar y pertenecer a una sociedad".

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, Caamaño manifestó que, "siempre que se producen este tipo de situaciones", pide a la Abogacía General del Estado "que mire si las decisiones que adoptan órganos administrativos operan o no, y se ajustan a nuestro marco legal".

A su juicio, "el empadronamiento no puede ser nunca un elemento, una carga administrativa que condicione ese núcleo básico, como puede ser esa dignidad de poder estar en un lugar y pertenecer a una sociedad".

Reproches de De la Vega

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, recordó este miércoles al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, que no es "razonable" que una corporación tome decisiones unilaterales que "no están en el marco de la ley" sobre el censo de los inmigrantes en una localidad.

"Hay que sujetarse a la ley", señaló De la Vega en una rueda de prensa este martes tras reunirse con representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) contempladas en la ley.