El Gobierno de Ecuador criticó y rechazó la decisión de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia que revocó el auto de llamamiento a juicio de los hermanos banqueros Roberto y Williams Isaías por peculado y lo cambió a falsificación de documentos.
Según la Superintendencia de Bancos, el cambio en la acusación se hizo "sin fundamento legal" y "desestima los informes técnicos y jurídicos" emitidos anteriormente por la institución, que "establecen la existencia de infracciones" y "demuestran el abuso de dinero público y privado", recoge un comunicado.
El pasado mayo, la Primera Sala de lo Penal llamó a juicio plenario a los hermanos Isaías, ex propietarios del cerrado banco Filanbanco, acusados de malversación de fondos públicos y peculado.
Sin embargo, el pasado viernes en una decisión que trascendió hoy, los jueces cambiaron la acusación argumentando que el delito de peculado fue tipificado con posterioridad al cometimiento de la infracción, por lo que convocaron a juicio a los implicados por el delito de declaración falsa de estados financieros y el ocultamiento de información.
Según la Superintendencia, el delito de peculado está tipificado en el Código Penal desde 1960, por lo que el argumento de los jueces se hizo "sin base legal".
La decisión judicial también fue sido criticada por el presidente Rafael Correa, que la calificó como "un acto atroz" y "una monstruosidad".
Por su parte, el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, pidió hoy una sanción contra los jueces de la sala, a los que acusa de "prevaricato", recogieron los medios locales, quienes también dieron cuenta de que el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de los magistrados.
El Filanbanco es una de la treintena de entidades bancarias que fueron intervenidas por el Estado entre 1998 y 1999, cuando se registró la mayor crisis financiera de la historia ecuatoriana y cuyo saneamiento le costó al erario público más de 8.000 millones de dólares.
Los hermanos Isaías, actualmente prófugos de la Justicia y residentes en Estados Unidos, tienen órdenes de prisión en su contra desde hace más de siete años por los supuestos delitos financieros cometidos cuando administraron el Filanbanco.
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