Conflicto de poderes acaba con Tribunal Constitucional

La decisión se produce luego de que el TC ordenara restituir en sus puestos a 50 diputados que habían sido destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Legislativo resolvió cesar a los vocales del TC bajo el argumento que estos se encontraban actuando en funciones prorrogadas, por lo que sus decisiones no tenían sustento legal.

El proyecto, que fue presentado por la parlamentaria Silvia Salgado, del Partido Socialista (PS), contó con el apoyo del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del Movimiento Pachakutik y del bloque de la "Dignidad Nacional", entre otras agrupaciones.

En las afueras del Parlamento, grupos de manifestantes -ondeando banderas del MPD y Alianza País- lanzaban gritos contra el Tribunal Constitucional y anunciaban que no dejarán ingresar a los congresistas restituidos.

Cincuenta y siete diputados, que conforman la mayoría opositora del Parlamento, fueron cesados por intentar bloquear el plebiscito del 15 de abril, en el que se aprobó el llamado a una Asamblea Constituyente.

Mientras tanto, la Policía aumentó el número de uniformados para evitar desmanes en los alrededores del Parlamento, que está rodeado por los agentes desde el 7 de marzo pasado.
 
Una fuente policial señaló que unos 600 efectivos fueron desplazados para brindar seguridad y mantener el orden en las afueras del Legislativo.

El Tribunal Constitucional restituyó en sus cargos sólo a 50 diputados, “por un asunto de forma”, según una portavoz del organismo. Explicó que un amparo constitucional había sido planteado por los 57 cesados, pero que siete no firmaron el pedido para oficializarlo.

El legislador Byron Pacheco, vicepresidente del Congreso Nacional, informó que los magistrados del máximo tribunal se habían extralimitado en el período para el que fueron elegidos, y a ello se debe la resolución unánime de los 52 diputados que permanecen en sus cargos. El TC será reorganizado con las ternas de aspirantes que enviarán el  gobierno y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó.

Durante la mañana del martes se produjeron enfrentamientos entre la policía  y manifestantes que protestaban por la decisión del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los diputados restituidos prefirieron reunirse en el hotel Savoy Inn, al norte de la capital, para celebrar la resolución del TC.

Sin embargo, la agencia Efe informó que los parlamentarios ecuatorianos Alfonso Harb, Alfredo Serrano, Sylka Sánchez y Gloria Gallardo, cesados por el Tribunal Electoral, están "a buen recaudo" en Colombia. Esto debido a la confirmación de que un juzgado de Quito recibió una petición fiscal para que dicte orden de prisión por "sedición" contra 24 de los 51 diputados restituidos por el Tribunal Constitucional.

En llamadas telefónicas a medios de comunicación ecuatorianos, los parlamentarios que ahora están en Colombia se autocalificaron de “perseguidos políticos”. El socialcristiano Alfonso Harb dijo a la emisora Radio Sonorama que se habían puesto "a buen recaudo" en Colombia, donde no han pedido asilo político.

Harb insistió en que tanto la fiscal como la juez que llevan el caso han recibido en los últimos días fuertes presiones del gobierno para que tramiten la detención de los diputados opositores destituidos, sobre los que en su opinión no tienen jurisdicción, pues los legisladores tienen fuero de Corte Suprema de Justicia.

En Ecuador se vive "una dictadura", según dijo Harb, quien señaló que volverán a su país si se les garantiza que tendrán todas las garantías procesales en caso de ser detenidos.

El diputado, cesado por el Tribunal Electoral y restituido por el Tribunal Constitucional, insistió en que la destitución de los 57 fue "injusta" e "inconstitucional" y afirmó que todos ellos siguen siendo diputados, mientras que los suplentes que han abandonado la disciplina de los partidos y actúan como titulares en el Congreso son "simples ciudadanos".

Según la denuncia de parlamentarios oficialistas, los restituidos habrían cometido actos de sedición al considerarse diputados, dignidad que, en su opinión, no tienen desde el pasado 7 de marzo, cuando fueron destituidos por el TSE.

El presidente de la República, Rafael Correa, pidió que, "para tranquilizar a la nación", se retire la demanda presentada contra los 24 diputados restituidos.

En una conferencia de prensa con motivo de sus primeros 100 días de gobierno, Correa dijo que este proceso judicial "altera más" la situación política del país, que el gobierno no quiere agravar.

Tras conocer el viaje de estos diputados a Colombia, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, declaró a los periodistas que en Ecuador "no hay perseguidos políticos”.