El Rey no es el problema

El protagonismo del Rey Juan Carlos para contribuir a poner coto a la crisis económica ha descolocado al PP e incluso al Gobierno socialista. La 'número dos' del principal partido de la Oposición ya ha avisado de que no habrá pacto de Estado sin un cambio de rumbo por parte del presidente Zapatero y la 'número dos' del Gobierno ha reivindicado el liderazgo del Ejecutivo, al tiempo que consideraba innecesario que haya mediadores. Fueron dos claras respuestas a la iniciativa real, que está siendo valorada de muy diversas maneras. Desde la derecha incluso hay comentaristas que interpretan que el Rey actúa siguiendo el paso que le marca Zapatero para presionar al PP. Y desde la izquierda se reivindica el papel del Gobierno pero también se apela a la responsabilidad del PP en un momento difícil para el país, donde hay varias alarmas encendidas: la primera es el paro, que camina hacia el 20%; la segunda es la recesión, con el agravante de que España es la única gran economía del mundo que no crece; la tercera es el déficit público, y la cuarta es la amenaza de los mercados que financian la deuda española.

El problema, obviamente, no es el Rey, es la economía. En realidad, el Rey ni siquiera puede ser un problema porque su papel está bien definido en la Constitución, cuyo artículo 56 establece que en su condición de jefe del Estado arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Si alguien quiere rasgarse ahora las vestiduras está en todo su derecho a hacerlo pero habría que preguntarse por qué ahora sí y en otros momentos no, ya que no es la primera vez que el Rey interviene ante la incomunicación de los grandes partidos. Lo único que ha hecho ahora es lanzar un llamamiento a la unidad para afrontar la situación --ya lo había hecho mil veces en el caso del terrorismo-- y abrir discretos contactos con el Gobierno, los sindicatos y algunos economistas. Con tal de no suplantar la legitima capacidad de decisión del Gobierno y de rechazo a la misma de la Oposición, que son quienes constitucionalmente la tienen atribuida, tampoco le hace daño a nadie, ya que carece de poder ejecutivo. Como mucho, al Rey, en su condición de jefe del Estado, se le reconoce una cierta auctoritas para instar a los agentes políticos, sindicales y económicos a llegar a grandes acuerdos; máxime en un momento de una dificultad evidente como el actual.

Pero no acaba ahí la cosa. En paralelo con esta situación se da una circunstancia que reduce la capacidad del Partido Popular para sostener algunas de las cosas que dice y que hace. Es verdad que el PP es Oposición en España y que por tanto no está obligado a compartir responsabilidades con el Gobierno, pero hay un matiz. España es un Estado muy descentralizado y el PP gobierna varias de las comunidades autónomas que componen el Estado y cuyas competencias en políticas microeconómicas para nada dependen del Gobierno central. Por tanto, el PP también está obligado a cogobernar con eficacia y, en consecuencia, a no poner palos en la rueda.