Grupo de análisis y reflexión democrática

Esta iniciativa, que se desarrolla desde 2009, tiene el objetivo de proporcionar criterios a los actores políticos, organizaciones sociales, instituciones del Estado y ciudadanía en general, sobre el desarrollo de la agenda política boliviana.

El grupo está formado, de manera pluralista, por destacados analistas, representantes de medios de comunicación y políticos. Similares grupos se han establecido en La Paz y Cochabamba.

En esta oportunidad, se abordó el tema de “La Construcción de la Institucionalidad del Estado Plurinacional” que, por supuesto está relacionada con el proceso de implementación de la Constitución Política del Estado. Y si bien se eligieron dos normas que deberá aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional – la ley del Órgano Electoral Plurinacional y la ley del Régimen Electoral – los participantes, en las tres ciudades plantearon que será muy difícil, desde la sociedad civil, incidir en las decisiones de la Asamblea por cuanto la fuerza política predominante, se ha propuesto avanzar rápido, y según su criterio, en la aprobación de los instrumentos normativos más importantes que permitirán una vigencia plena de la Constitución Política aprobada en Enero de 2009.

Pero además, se sugirió que es perceptible en el gobierno, la voluntad de privilegiar los objetivos de la “revolución democrática cultural”, sobre las consideraciones normativas que señala la propia Constitución. Un ejemplo de lo dicho, es la aprobación de la denominada “Ley Corta” que habilita el Presidente del Estado Plurinacional a elegir las personas que ocuparán los cargos acéfalos del la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura.

Ahora bien, esta situación es el resultado del nivel de “institucionalidad” que el país alcanzó, por varios factores, tras más de dos décadas de democracia. Muchas personas apoyan la estrategia oficialista porque otorga certidumbre, especialmente en el tema judicial. Al no existir una tradición institucional fuerte, la sociedad boliviana se habituó a la precariedad de las decisiones del ámbito estatal. Esta precariedad daña los intereses sociales y, en consecuencia, es preciso subsanarla. Además, en opinión de varios integrantes de los grupos de análisis político y reflexión democrática, la estrategia gubernamental es parte del proceso de cambio cuya legitimidad está fuera de toda duda, gracias al respaldo del 64% de la ciudadanía.

Sin embargo, y desde un punto de vista crítico, se mencionó que no es posible garantizar un verdadero “estado de derecho” y el mismo proceso de cambio, si no se actúa respetando las leyes.

Por otra parte, es evidente que las instancias de representación tradicional están anuladas. La oposición en el interior de la Asamblea está fracturada y esto, por supuesto, es negativo para la democracia. Pero al mismo tiempo, los representantes del Movimiento al Socialismo parece que hubieran declinado su rol en beneficio del Poder Ejecutivo o de instancias extra-parlamentarias como los movimientos y las organizaciones sociales. Por supuesto, la deliberación democrática es la principal víctima de esta situación.

Y es que el proceso de implementación de la Constitución Política constituye la tarea fundamental en la agenda política de los siguientes cinco años. Por lo tanto, se requiere, de un conjunto de esfuerzos e iniciativas, no solo de autoridades y representantes del Estado, sino también de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, para coadyuvar en la construcción de la nueva “institucionalidad” que garantice y  fortalezca el “Estado democrático de derecho”.

Más allá de la enorme legitimidad de Evo Morales y el MAS, de la mayoría parlamentaria que ostentan, es razonable y prudente avanzar consultando a las fuerzas sociales, en todas sus formas, porque a fin de cuentas se están construyendo las bases de un Estado que cobija a todos los bolivianos.