Montilla propugna la inmersión del catalán, menos con sus hijos

Montilla siempre ha defendido el modelo de 'inmersión lingüística' ante las críticas del PP que planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional por 38 artículos de la Ley de Educación Catalana (LEC) que blinda el catalán como lengua vehicular. Los 'populares' alegan que la nueva norma impide que en los centros catalanes se imparta la tercera hora de castellano, y aseguró que limita los derechos de las familias catalanas, segrega el currículum catalán con el del resto de España y crea un cuerpo docente a parte del nacional, impidiendo la movilidad entre comunidades. Sin embargo, la norma -que ya está en vigor pese a estar siendo analizada por la Justicia- no afectará a los propios hijos del presidente de la Generalitat que la promueve.

    Así se desprende de la biografía presentada este jueves 'Descobrint Montilla. El somni català del president de la Generalitat' (RBA-La Magrana), escrita por el periodista Gabriel Pernau en la que se expone que dos de los trillizos que tiene el matrimonio estudian en el Colegio Alemán de Barcelona San Alberto Magno, una escuela subvencionada por el Gobierno de Alemania, cuyas cuotas rondan los 400 euros mensuales. "Los niños saldrán de allí dominando perfectamente el alemán y el inglés. Es una maravilla. Sólo por saber alemán ya encontrarán trabajo. Es como tener una carrera", explica Anna Hernández. Alemán sí, pero no catalán...

    Este hecho, ha sido resaltado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que le preguntaba retóricamente a Montilla "con qué autoridad moral se puede imponer a los demás lo que no quieres para ti". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideraba "inaudito" que el presidente del PSC permita que en Cataluña "sólo los ricos puedan elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos" y ha tachado de "increíble" que Montilla "no quiera para sus hijos lo que impone a los catalanes". La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en cambio ha preferido no echar más leña al fuego y se ha limitado a decir que "respeta" la opinión de la esposa de Montilla, para después destacar que el Ejecutivo "garantiza" el derecho de todos los ciudadanos a "hablar y expresarse, y a ser entendido y atendido en las lenguas que reconoce la Constitución".