Los avances en los derechos de la mujer latinoamericana son poco sostenibles, según la ONU

Los avances logrados en las últimas décadas en el respeto a los derechos de las mujeres en Latinoamérica han sido "desiguales, poco sostenibles y escasamente implementados", lamentó una especialista de la ONU.

"Si uno echa la vista atrás en los últimos 15 ó 20 años, en general se han producido avances importantes en la región, pero podemos caracterizarlos como desiguales, pocos sostenibles porque no se han institucionalizado, y escasamente implementados", dijo a Efe la responsable regional de asuntos de género del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Carmen de la Cruz.

La especialista, que asiste en Nueva York a la 54 sesión de la comisión de la ONU sobre el estatus jurídico y social de la mujer, evaluó en una entrevista con Efe la situación en América Latina quince años después de que la Declaración de Pekín calificara los derechos de las mujeres como fundamentales para el desarrollo y la paz.

En cualquier caso, De la Cruz destacó en particular la creciente participación de la mujer latinoamericana en la vida política, particularmente en el poder legislativo y ejecutivo.
Latinoamérica es la región del mundo con una mayor proporción de mujeres parlamentarias, según un estudio de la Unión Interparlamentaria (UIP) divulgado el miércoles.

Ese informe sitúa la presencia parlamentaria femenina regional en el 22%, lo que supone un aumento de casi diez puntos porcentuales respecto a 1995, lo que le arrebata el liderazgo a Europa en este campo.

"En el caso de América Latina, estamos en una buena posición si lo comparamos con otras regiones", apuntó De la Cruz, quien atribuyó el progreso a la eficacia de los mecanismos de cuotas.

"Más allá de que sean cuestionables o no, las cuotas funcionan", agregó la responsable del PNUD, para la que, aún así, queda mucho camino por recorrer en otros ámbitos, como el judicial, donde la presencia femenina es poco más del 12%.

Otro punto positivo es la presencia de mujeres en los gabinetes de gobierno, que se mantiene alrededor del 20%, aunque la especialista lamentó que generalmente se las confine a carteras sociales y pocas obtengan ministerios de mayor peso político, como economía o defensa.

En el campo de la violencia de género, De la Cruz resaltó que Latinoamérica cuenta desde 1994 con un tratado regional para erradicar las agresiones contra la mujer.

La llamada convención de Belem do Para, por la ciudad brasileña en la que se adoptó, y otros documentos han promovido el endurecimiento de la legislación contra los maltratadores, destacó.

Pese a ello, advirtió que el problema es en este caso la implementación de las leyes, ya sea por la falta de voluntad de las autoridades o por la ausencia de medios que faciliten las denuncias de las víctimas.

"Si no hay un lugar donde proteger a las denunciantes, éstas no van a presentar una denuncia, ya que tendrán que regresar a la casa en la que viven con el agresor y del que dependen económicamente", observó.

Al mismo tiempo, lamentó que tampoco existan en la región mecanismos de registro homologados que permitan analizar con precisión el fenómeno de la violencia de género y contrastar datos.

Como un indicio de la situación, resaltó que un sondeo llevado a cabo en México hace cuatro años reveló que el 65% de las mujeres mayores de 15 años reconoció haber sido blanco de agresiones al menos una vez en su vida.

Sobre la integración en la vida económica de la mujer, uno de los puntos relevantes de la Declaración de Pekín, la especialista del PNUD indicó que el aumento de la presencia femenina en la actividad económica ha sido "desigual".

Un 50% de las mujeres trabajan en la economía informal, unos diez puntos porcentuales más que los hombres, por lo que su situación laboral suele ser más precaria.

La situación es todavía peor en algunas comunidades o grupos sociales concretos, como las mujeres negras brasileñas, entre las que ese porcentaje alcanza el 71%, advirtió De la Cruz.