Referencia del Consejo de Ministros

viernes 05 de marzo de 2010, 15:16h

SUMARIO

Presidencia

REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
REAL DECRETO por el que se adoptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social.

Economía y Hacienda

REAL DECRETO por el que se acuerda transigir con la Comunidad Autónoma de Aragón, dándose cumplimiento al apartado 2 de la Disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Aragón, dándose cumplimiento al apartado 2 de la Disposición Transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto de Crédito Oficial, para la participación de España en el Fondo “Marguerite Fondo Europeo para la Energía, el Cambio Climático y las Infraestructuras 2020”.
ACUERDO por el que se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto del Organismo Público Comisión Nacional de la Competencia para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana para la realización de operaciones de endeudamiento a largo plazo en euros y en divisas, por un importe máximo de 1.602.061.290 euros.
ACUERDO por el que se modifican las condiciones autorizadas por Acuerdo de 19 de febrero de 2010 en relación con la operación de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fin de que la operación autorizada pueda materializarse, además de préstamos a largo plazo, en emisión de deuda pública.

Política Territorial

REAL DECRETO de ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por el Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, en materia de gestión de la formación profesional para el empleo.
REAL DECRETO de ampliación de medios económicos y patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por Real Decreto 778/2006, de 23 de junio, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido).
REAL DECRETO de traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
REAL DECRETO de modificación y ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por Real Decreto 870/1984, de 8 de febrero, en materia de agricultura (Centro de Capacitación Agraria de Alcañiz).
REAL DECRETO de ampliación de medios personales, patrimoniales y económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y de ampliación de medios patrimoniales del Real Decreto 1070/1984, de 8 de febrero, en materia de protección de menores.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO por el que se autoriza la ratificación del Convenio de la Comisión Internacional del Estado Civil nº 28, relativo a la expedición de certificados de nacionalidad, hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se autoriza la ratificación del Convenio de la Comisión Internacional del Estado Civil nº 29, relativo al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se autoriza la ratificación del Convenio de la Comisión Internacional del Estado Civil nº 32, sobre el reconocimiento de uniones de hecho inscritas, hecho en Munich el 5 de septiembre de 2007, y se dispone la remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se toma razón de la contratación por el procedimiento de emergencia para el suministro de un vehículo de servicio para la Embajada de España en Puerto Príncipe.

Interior

ACUERDO por el que se reconoce la utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, de la finalidad a la que han de afectarse los terrenos y se declara de urgencia la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la construcción del emisario de aguas pluviales y fecales y el desvío de conducciones de agua potable para el Centro Penitenciario Norte II.
INFORME sobre la atención a víctimas del terrorismo.

Fomento

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 2.094.401,75 euros necesarias para las obras de estabilización del terraplén de la carretera N-340, p.k. 369+600, subsanando la situación de grave peligro existente, término municipal de Albuñol (Granada).
ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 1.816.633,15 euros necesarias para las obras de reparación del terraplén por aplastamiento de tubo arco y desprendimiento en la carretera N-525, entre los pp.kk. 264,400 y 264,600, Ourense.
ACUERDO por el que se adapta a la situación actual del transporte ferroviario el Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros por ferrocarril.
ACUERDO por el que se determina la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable, al servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera de competencia estatal correspondiente a la línea Lanestosa-Bilbao.

Industria, Turismo y Comercio

REAL DECRETO por el que se aprueba el reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
ACUERDO por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a la empresa Petroazul, S.L., por incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil para el desarrollo del Plan 2000E, 2010 de apoyo a la renovación del parque de vehículos.
INFORME sobre la distribución de las ayudas de las convocatorias del año 2010 del Programa de Ayudas de Actuaciones de Reindustrialización.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el Programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas.
ACUERDO por el que se aprueba la programación correspondiente al año 2010 de las acciones previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia correspondientes a los daños producidos por el desprendimiento de un talud en el camino de servicio de acceso a la presa y embalse del Taibilla, en el término municipal de Nerpio (Albacete), por importe de 215.330,98 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la reparación del acceso a la playa de Ondarreta, término municipal de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), por un importe global de 344.874,33 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la reparación del paseo marítimo de Cabo de Palos, término municipal de Cartagena (Murcia), por un importe global de 416.190 euros.
ACUERDO por el que se declara la reserva de 1.473 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre, afectados por la realización de la modificación nº 1 del proyecto de construcción de la instalación desaladora de agua marina de Ciutadella, en la isla de Menorca (Illes Balears).
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia correspondientes a la reparación de fugas en el cruce del ramal sur del Canal de Castilla con el acueducto del las Gatillas, en el término municipal de Palencia, por importe de 250.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Segura y la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución conjunta de actuaciones de protección y regeneración del entorno natural cofinanciadas con fondos FEDER del período de programación 2007-2013.
ACUERDO por el que se impone a Agropecuaria Coro, S.A., una sanción de 345.000 euros y la obligación de indemnizar los daños causados al dominio publico hidráulico, en la cantidad de 105.567,90 euros, por la extracción de agua subterránea de un sondeo sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura en el paraje "Los Cabecicos-La Murta", en el término municipal de Murcia.

Vivienda

ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia para evitar inundaciones en las plantas bajas de los edificios afectados, que por sus cotas podrían verse inundados por las crecidas del río Eresma en la Casa de la Moneda, Segovia.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia

REAL DECRETO por el que se nombra Secretario de Estado de Comunicación a D. FÉLIX MONTEIRA DE LA FUENTE .
REAL DECRETO por el que se nombra Directora General de la Función Pública a Dª CRISTINA PÉREZ-PRAT DURBÁN.
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Organización Administrativa y Procedimientos a D . AGUSTÍN TORRES HERRERO .

CONDECORACIONES

Cultura

REAL DECRETO por el que se concede la Orden de las Artes y las Letras de España a Dª JOAN BAEZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Economía y Hacienda

APROBADO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación.
Se amplía la colaboración entre los organismos públicos encargados del control del fraude para mejorar su eficacia.
Su objetivo es dar respuesta a los cambios en la tipología del fraude a consecuencia de la crisis económica, especialmente a la economía irregular y al trabajo no declarado.
Aportará unos ingresos equivalentes al 0,1 por 100 del PIB hasta 2013 y contribuirá a la consolidación de las finanzas públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que ha sido elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado.

El Plan aprobado hoy, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, presenta sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación: la prevención y el fomento del cumplimiento voluntario; la mejora de los sistemas de captación de información mediante el uso compartido de las bases de datos de los tres organismos públicos encargados del control del fraude –Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social-; la puesta en marcha de acciones de control conjuntas, que se sumarán a las propias que ya lleva a cabo cada organismo; y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años, y que van a tener continuidad en los siguientes; iniciativas como el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que han permitido a la Agencia Tributaria recaudar más de 35.500 millones de euros en los últimos cinco años, mediante la persecución sistemática de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados; o como los Observatorios del Fraude creados por la Tesorería General de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, que han contribuido a afinar los perfiles de riesgo de los distintos sectores de actividad y mejorar sensiblemente los resultados de la lucha contra el fraude en el ámbito socio-laboral.

Con el paquete de medidas aprobado hoy, el Gobierno espera incrementar en el periodo 2010-2013 en una cantidad equivalente al 0,1 por 100 del PIB los ingresos derivados de la lucha contra el fraude. De este modo, se contribuye así al esquema de consolidación de la finanzas públicas que se recoge en la Actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Captación de información

El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social se ha elaborado de forma conjunta para fomentar la cooperación en las actuaciones sobre las formas de fraude derivadas del actual contexto económico. Para ello la utilización de la información es esencial.

Se establecen instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, y se prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, se reforzará la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, la participación de programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.

Otro de los objetivos del Plan es conseguir la implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude. En este sentido, se plantearán acuerdos a nivel nacional, autonómico y local para que se impliquen activamente en la lucha contra el trabajo no declarado, y se extenderán los llamados acuerdos de entendimiento y de intercambio de información con organizaciones sectoriales para prevenir el fraude en aquellos sectores con mayor riesgo defraudatorio.

Actuaciones de control

Las actuaciones conjuntas de control se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se identifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de detección de trabajadores falsamente autónomos, de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte algún tipo de actividad, de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando, o de control de la jornada laboral, ya sea por horas extraordinarias no retribuidas, o retribuidas y no cotizadas, o bajas indebidas por vacaciones o fiestas.

Para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos, lo que permitirá realizar acciones de control conjuntas e incluso simultáneas, en los casos en los que se estime más oportuno. A la luz de los resultados de estas actuaciones, se estudiarán los cambios normativos que sean necesarios para facilitar que los hechos reflejados en una actuación de control de un organismo determinado puedan incorporarse de forma automática a las comprobaciones que puedan efectuar otros.

Actuaciones de recaudación

El Plan recoge la creación de una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación de grandes expedientes y procesos concursales, Comisión en la que se fijarán criterios conjuntos en la concurrencia de embargo y en el cobro.

También se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Fomento del cumplimiento voluntario

Se fomentará el cumplimiento reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social. También se realizarán campañas de concienciación cívica de cumplimiento de las diferentes obligaciones.

Industria, Turismo y Comercio

INFORME SOBRE LAS AYUDAS A PROYECTOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Los proyectos industriales apoyados ascienden a 686, de los que el 90 por 100 corresponden a PYMES, y recibirán 405 millones de euros en préstamos. La inversión asociada en activos fijos será de 1.649 millones de euros, lo que permitirá crear 4.396 empleos directos.
Ante la difícil coyuntura económica, el Gobierno ha hecho un esfuerzo para adelantar la resolución de la convocatoria para que las empresas puedan disponer de las ayudas lo antes posible. Asimismo, al igual que en 2009, tampoco se va a exigir aval para el pago anticipado de las ayudas.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre la resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de las convocatorias 2010 del Programa de Ayudas a la Reindustrialización. Según la evaluación realizada por el Comité de Gestión y Coordinación de Industria, de las 2.137 actuaciones o proyectos presentados por empresas y entidades públicas y sin ánimo de lucro se prestará apoyo a 931, que recibirán unas ayudas de 511,1 millones de euros. Este apoyo público permitirá acometer unas inversiones asociadas de 1.884 millones de euros y la creación de 4.396 empleos directos en 2010.

Las ayudas del Programa de Reindustrialización se enmarcan en la política de la Unión Europea de desarrollo de las regiones mediante el apoyo a la inversión y a la creación de empleo, y se aplican según el mapa de zonas susceptibles de recibir apoyo aprobado por la Comisión Europea para el período 2009-2013.

Objetivos del Programa

Los objetivos del Programa son la regeneración y desarrollo del tejido industrial de aquellas regiones afectadas por fenómenos de ajuste empresarial o deslocalización, con pérdida de actividad industrial y destrucción de empleo, a través de la transformación de las estructuras productivas y la conformación de un tejido industrial moderno y competitivo que genere empleo y riqueza.

Ante la difícil coyuntura económica, el Gobierno ha hecho un esfuerzo para adelantar la resolución de la convocatoria con el objetivo de que las empresas puedan disponer de las ayudas lo antes posible. En el marco de la convocatoria de 2010 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha recibido 2.137 solicitudes de ayuda, un 28,5 por 100 más que las 1.663 presentadas el año pasado.

Asimismo, al igual que en 2009, este año tampoco se va a exigir a las empresas o entidades beneficiarias la presentación de aval para el pago anticipado de las ayudas.

Las actuaciones o proyectos aprobados se dividen en dos grandes ejes:

Iniciativas industriales

Dentro de este capítulo reciben apoyo las iniciativas industriales productivas generadoras de empleo que actúen como fuerza motriz de desarrollo empresarial e incorporen procesos de elevado contenido tecnológico.

Son susceptibles de recibir ayudas las inversiones en activos materiales relativos a la creación de un nuevo establecimiento industrial y a la ampliación o mejora de unidades productivas existentes.

El apoyo se materializa en forma de anticipos reembolsables sin interés de hasta el 50 por 100 de la inversión financiable, con cinco años de carencia y diez años de amortización.

En la convocatoria 2010 el Ministerio de Industria ha decidido conceder 405 millones de euros en préstamos a 686 iniciativas, que van a suponer unas inversiones en activos fijos de 1.649 millones de euros y la creación de 4.396 empleos directos.

Del conjunto de iniciativas, 613 serán llevadas a cabo por Pymes (el 89,3 por 100del total), que recibirán préstamos por valor de 334 millones de euros, que van a suponer inversiones en activos fijos por valor de 1.133,8 millones de euros y la creación de 3.845 empleos directos.

En la mayoría de los casos las ayudas a iniciativas industriales representan un respaldo y un apoyo para las empresas que inician su andadura. Del total de proyectos aprobados, 67 los desarrollarán empresas de nueva creación y 291, empresas de reciente creación.

Infraestructuras industriales

Asimismo, reciben apoyo público las iniciativas públicas tendentes a conseguir suelo industrial de calidad, competitivo, con adecuadas infraestructuras de energía, comunicaciones, etcétera, que hagan más atractivo el territorio para el crecimiento empresarial

Dentro de este bloque reciben ayuda la construcción, ampliación o adecuación de polígonos industriales, las incubadoras de empresas y centros de empresas, los parques científico-tecnológicos, infraestructuras logísticas y centros intermodales y servicios e infraestructuras industriales de uso común.

El apoyo se realiza a través de subvenciones a fondo perdido de hasta el 50 por 100 de la inversión y de anticipos reembolsables sin interés de hasta el 75 por 100 de la inversión, con cinco años de carencia y diez años de amortización.

En el Programa de 2010 tendrán apoyo 245 actuaciones, que recibirán 106 millones de euros de ayudas con los que se generará una inversión asociada de 236 millones de euros.

Resultados por Comunidades Autónomas y provincias

Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la región que más solicitudes ha presentado y la que más ayudas ha recibido (202,5 millones de euros), seguida de Castilla y León (88,2 millones), Galicia (79,3 millones) y Comunidad Valenciana (36,6 millones).

Por provincias, Cádiz ocupa el primer puesto tanto en solicitudes como en ayudas asignadas, con 154,1 millones de euros. La sigue La Coruña (72,2 millones), Burgos (35,4 millones), Jaén (25,2 millones) y Teruel (22,6 millones).

Esta distribución territorial está en consonancia con las regiones susceptibles de apoyo incluidas en el mapa de ayudas con finalidad regional para España aprobado por la Unión Europea para el periodo 2009-2013.

En las siguientes tablas se dan los detalles de la distribución de los resultados de la convocatoria del Programa de Ayudas a la Reindustrialización de 2009 por Comunidades Autónomas y provincias.

Interior

INFORME SOBRE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro del Interior sobre la evolución y el futuro de la atención a las víctimas del terrorismo, con especial incidencia en las medidas legislativas pasadas, presentes y futuras.

Después de un amplio período de consultas con las asociaciones y con las entidades de protección a las víctimas del terrorismo, y con las propias víctimas y sus familiares, y tras un profundo estudio en el Ministerio del Interior de la legislación vigente, es posible establecer los principios fundamentales que deberán presidir esa futura Ley:

unificar en un solo texto legal todas las indemnizaciones.
incluir todas las prestaciones complementarias (educativas, sociales, psicológicas, etc.) de cualquier índole y naturaleza.
incrementar la solidaridad con las víctimas desde dos puntos de vista: con un aumento cuantitativo de las prestaciones y con una aplicación retroactiva de las mismas para aquellas personas que hayan recibido en concepto de indemnización por daños y de indemnización por sentencia una cuantía inferior a la prevista en la nueva Ley.
establecer un baremo que determine la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada en sentencia judicial, para que esa aportación solidaria y equitativa del Estado no genere diferencias de trato.
proteger a las víctimas, tanto de actos de ostentación pública del terrorismo y de noticias o publicidad que pueda afectar a su sensibilidad, y hacer patente de forma permanente la visibilidad y la memoria de las víctimas y de sus representantes.

Por último, la voluntad sería iniciar la tramitación de la futura Ley, que figura incluida en el programa legislativo del Gobierno, como Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados durante el presente período de sesiones y tenerla finalizada este mismo año, y aprobar en el primer semestre de 2011 el futuro Reglamento de la Ley, de tal manera que los plazos de solicitudes de ayudas puedan estar abiertos a finales del próximo año.

Balance y situación actual

El terrorismo es, quizás, la peor lacra con la que ha tenido que convivir nuestro país desde la restauración de la democracia. La protección a sus víctimas ha constituido una de las preocupaciones fundamentales del Estado. A lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando un sistema de ayudas que contempla el reconocimiento de pensiones extraordinarias, la indemnización por los daños personales sufridos y la indemnización en concepto de solidaridad con las víctimas vinculada a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista, como principales prestaciones, a las que se añaden otras por daños en bienes, ayuda para vivienda o tratamientos psicológicos, etcétera.

No obstante, a partir del 11 de marzo de 2004, junto a los fenómenos terroristas que habían sido desgraciadamente habituales en nuestro país, cuya incidencia se ha visto drásticamente reducida por la actuación de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, cobra nueva relevancia un terrorismo de raíz islamista, que afecta a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades residentes en nuestro país, y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desarrollan misiones internacionales de paz en el exterior.

A día de hoy en España han sido víctimas de actos terroristas 9.522 personas, de las cuales 1.382 han fallecido. El importe de las indemnizaciones satisfechas hasta este momento, tanto en concepto de indemnización como por sentencias judiciales, asciende a 722.694.182 euros.

En este contexto, nuestro sistema actual de indemnizaciones gira en torno a dos leyes, que articulan, respectivamente, las indemnizaciones de carácter general y las derivadas de la solidaridad con todos aquéllos que hayan sido víctimas de actos terroristas. Por ello, a partir del año 2004 se ha ido abriendo paso el concepto de “protección integral” a las víctimas del terrorismo, cuyo objetivo fundamental sería contemplar de forma unitaria todos los tipos de ayudas, sean de la naturaleza que sean, y recogerlas en un código normativo único.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

APROBADAS LAS ACTUACIONES PARA 2010 EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible prevé actuaciones en más de doscientas zonas rurales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la programación para 2010 de las acciones previstas en el marco de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como un informe de ejecución de la “Hoja de Ruta” con las actuaciones desarrolladas en 2009.

En la programación se contemplan las fases necesarias para la aprobación en Consejo de Ministros del Programa de Desarrollo Rural Sostenible como Real Decreto, cuya aplicación beneficiará a unas doscientas zonas rurales, lo que supone cerca de las dos terceras partes del territorio nacional y constituye el mayor esfuerzo de planificación ascendente con base territorial desarrollado hasta la fecha.

El Acuerdo precisa el conjunto de actuaciones a realizar en el año 2010, en particular las fases que restan hasta la culminación de la aprobación por Consejo de Ministros del Programa de Desarrollo Rural Sostenible como Real Decreto y su desarrollo ulterior. En este sentido, el Acuerdo ratifica el compromiso y los medios para la colaboración entre los diferentes Departamentos, y establece el procedimiento de urgencia para la finalización de la elaboración del Programa.

El Acuerdo incluye también un anexo con la anunciada “Hoja de Ruta” para el año 2010 en la que se relacionan las actuaciones que restan para la aprobación del Programa mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, prevista a principios del mes de julio.

Se estima que a finales de marzo habrá concluido el proceso de análisis de las alegaciones, pasando entonces a la respuesta a las mismas y a poder disponer de una versión definitiva del Programa, previsiblemente a finales del mes de abril.

Concertación

La “Hoja de Ruta” contempla, igualmente, los pasos a realizar tras la aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, desarrollando el despliegue de la concertación con las Comunidades Autónomas y la elaboración de los Planes de Zona, uno por cada territorio en atención a sus singulares circunstancias y necesidades.

En el proceso de elaboración de los Planes de Zona se requerirá un esfuerzo adicional de las Comunidades Autónomas para que éstos sean elaborados bajo los principios de la sostenibilidad, la multisectorialidad y la participación real y efectiva de las corporaciones locales y de los agentes económicos, sociales y ambientales de cada zona.

Dentro de los plazos previstos se contempla tener a finales de 2010 todos los Planes de Zona aprobados, todos los Protocolos y Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas suscritos, y movilizadas las dotaciones de la Administración General del Estado correspondientes a la primera anualidad en las actuaciones cofinanciadas.

Informe de ejecución

En el informe de ejecución del año 2009 se desarrolla el conjunto de actuaciones realizadas durante el pasado ejercicio, de acuerdo con la “Hoja de Ruta” aprobada por el Consejo de Ministros, que incluyeron la adopción de los criterios comunes para la delimitación y calificación de las zonas rurales de aplicación; el trabajo concertado de elaboración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con implicación de dieciséis Departamentos Ministeriales, y la participación, tanto de las diecisiete Comunidades Autónomas, como numerosos sectores y colectivos sociales implicados, y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La “Hoja de Ruta” también recoge la actividad normativa y señala que se firmaron 31 convenios de colaboración para la puesta en marcha de la Ley, incluyendo aquí diecinueve convenios referidos a la Red de Reservas de Biosfera. Esto supone que, en estos momentos, 169 territorios tienen un programa piloto que está en estas fechas comenzando su ejecución, con un gasto público total asociado próximo a los 195 millones de euros.

El informe sobre las actuaciones del pasado año explica como a finales de septiembre de 2009 se dispuso de una primera versión preliminar del Programa y de su informe de sostenibilidad ambiental, totalmente consensuada con todas las partes, que fue sometida a información pública. Por último, también indica que en el proceso de información pública se recibieron 617 alegaciones, la mayor parte referidas a las zonas propuestas por las Comunidades Autónomas. De ellas 571 corresponden a Castilla y León.

Fomento

ADAPTADA AL ÁMBITO FERROVIARIO ESPAÑOL LA NORMA EUROPEA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS

Se establecen excepciones al Reglamento Europeo que entró en vigor a finales de 2009.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el cual se ajusta al ámbito ferroviario español el Reglamento europeo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros por ferrocarril, que entró en vigor el pasado mes de diciembre de 2009.

Dadas las diferencias existentes entre los distintos tipos de servicios de transporte de viajeros (cercanías, regionales, nacionales e internacionales), el Reglamento europeo prevé que cada Estado miembro pueda determinar las excepciones para la aplicación de algunas de las normas del Reglamento comunitario relativas a los servicios urbanos, suburbanos y regionales. En cuanto a los servicios nacionales, establece que se puedan realizar excepciones temporales por periodos máximos de cinco años renovables.

Excepciones

En el caso español, se considera necesario realizar excepciones a los siguientes artículos del Reglamento:

Artículo 10. Se exceptúa indefinidamente para los servicios regionales y de cercanías la utilización del sistema informatizado de datos y reservas para el transporte ferroviario (SIDRTF) adaptado a determinadas especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI), al estar concebido para servicios de largo recorrido.

Artículos 21 a 24, sobre la asistencia en estaciones y a bordo del tren para personas con movilidad reducida. Se considera que estas normas deben aplicarse a todos los servicios. Sin embargo, en los de corta distancia se necesita tiempo para su aplicación. Por ello, se establece una excepción temporal de cinco años para los servicios regionales y de cercanías.

Artículo 27, sobre la resolución por las empresas ferroviarias de las reclamaciones de los viajeros en un plazo máximo de tres meses. En el caso español la aplicación de esta norma requiere modificar las normativas con el objetivo de agilizar los procedimientos actuales, sobre todo en los casos de reclamaciones por accidentes graves. Por ello, es necesario establecer una excepción temporal de cinco años para todos los servicios.

El Acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Ministros incluye además la obligatoriedad para las entidades públicas afectadas (Adif, Renfe-Operadora y FEVE) de presentar antes de finalizar 2010 un informe sobre las medidas realizadas de cara a adaptar su actividad a lo dispuesto por el Reglamento europeo.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

RATIFICACIÓN DE VARIOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Afectan a la expedición de un certificado de nacionalidad, al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo y al reconocimiento de uniones de hecho inscritas, y se dispone su remisión a Cortes Generales.

El Consejo de Ministros ha autorizado la ratificación de los Convenios de la Comisión Internacional del Estado Civil números 28, 29 y 32 relativos, respectivamente, a la expedición de un certificado de nacionalidad, al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata un cambio de sexo y al reconocimiento de uniones de hecho inscritas. Además, dispone la remisión de los mismos a Cortes Generales.

En los tres casos se propone al Consejo de Ministros que autorice una Declaración a formular por España para el supuesto de que el Convenio sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar para dejar clara la posición de España sobre el estatus del territorio no autónomo de Gibraltar y el carácter local de sus autoridades.

La firma de los tres Convenios fue autorizada por el Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de abril de 2009.

CONVENIO SOBRE LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE NACIONALIDAD

El Convenio llena un vacío aparente en el Derecho español sobre la prueba de nacionalidad española, y se inserta en la línea marcada por el Convenio del Consejo de Europa sobre la nacionalidad, de 6 de noviembre de 1997, que ya prevé que cada Estado expida un documento para probar la nacionalidad de sus ciudadanos. Además, reporta ventajas prácticas al existir un modelo uniforme de certificado de nacionalidad, facilitando la labor de los españoles, especialmente de los residentes en el extranjero en los casos en que las autoridades del país donde residan les exijan una prueba específica de la nacionalidad española.

La aplicación de este Convenio en nuestro Derecho interno se ve facilitada al poder expedir certificados de nacionalidad los Encargados de los Registros Civiles del domicilio del interesado, según la interpretación dada a la Ley del Registro Civil por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

CONVENIO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE CONSTATA UN CAMBIO DE SEXO

El Convenio no tiene por objeto regular los aspectos sustantivos del cambio de sexo, sino que se limita al reconocimiento de las “resoluciones judiciales o administrativas definitivas constatando el cambio de sexo de una persona tomadas por las autoridades competentes de un Estado contratante”. No obstante, dicho reconocimiento no procederá cuando la adaptación física no ha sido realizada y constatada, el reconocimiento es contrario al orden público y/o la decisión ha sido obtenida con fraude.

La ratificación por España del presente Convenio permitirá el reconocimiento internacional de las rectificaciones regístrales del sexo de las personas hecho en cumplimiento de la Ley de 15 de marzo de 2007., reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

CONVENIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE UNIONES DE HECHO INSCRITAS

La Comisión Internacional del Estado Civil se ha planteado resolver los problemas relativos al estado civil de las personas vinculadas por una relación de pareja de hecho cuando ésta da lugar a una situación internacional por la presencia de elementos de extranjería. El Convenio no pretende reglamentar las cuestiones de conflicto de leyes vinculadas a la conclusión, disolución o anulación de la relación de pareja de hecho, cuestiones éstas que continuarán dependiendo del Derecho Internacional Privado de cada uno de los Estados miembros.

Los efectos en materia de estado civil a los que se aplica el Convenio son, además del reconocimiento de la validez de la unión registrada en todos los Estados contratantes, el impedimento para la celebración de un matrimonio o la constitución de una nueva unión estable de pareja; la creación de un vínculo de familia o relación de parentesco entre cada uno de los miembros de la pareja y la posibilidad para cada uno de los compañeros de hacer una declaración sobre el apellido que ostentará después de la constitución de la unión estable o después de su disolución. Estos efectos serán reconocidos en la medida en que estén previstos por la ley del Estado en que se solicite la inscripción de la unión estable.

Economía y Hacienda

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL FONDO MARGUERITE PARA LA ENERGÍA, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS INFRAESTRUCTURAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la participación de España en el Fondo “Marguerite: Fondo Europeo para la Energía, el cambio Climático y las Infraestructuras 2020”. En virtud de dicho Convenio, el ICO participará en este Fondo de capital como socio promotor, con una aportación de cien millones de euros. El Convenio regula las relaciones del ICO y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Junto al ICO, participarán como socios promotores con una contribución equivalente a la de España, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuatro de los principales inversores institucionales públicos europeos: la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de Italia, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de Francia, la Krediet für Wiederaufbau (KfW) de Alemania y la Powszechna Kasa Oszednsci (PKO) de Polonia.

El Fondo Marguerite tiene como principal objetivo complementar la financiación a largo plazo del proyectos de infraestructuras a gran escala, fundamentalmente en la Unión Europea a veintisiete, con lo que se da así una señal de apoyo a la recuperación económica.

Se caracteriza por una base de capital de 1.500 millones de euros y proporcionará capital o cuasi-capital, fundamentalmente, para proyectos de inversión nuevos en sectores de transporte y energía -principalmente a Redes Trans-europeas de Transporte y Energía- y energías renovables. El período de inversión objetivo del Fondo es de cuatro años, con una vida total de veinte, lo que le convierte en un instrumento apropiado, tanto para combatir la crisis actual, como para contribuir al crecimiento económico en el medio y largo plazo.

En particular, la participación de España en el Fondo Marguerite supondrá un apoyo a las empresas españolas constructoras a través de la participación en el capital de los proyectos en el ámbito europeo en los que puedan participar, y fomentará las infraestructuras en España, especialmente las de carácter transnacional, como motor de desarrollo e integración económica.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CONTRATACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN HAITÍ

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la contratación, por el procedimiento de emergencia, para el suministro de un vehículo de servicio para la Embajada de España en Puerto Príncipe.

Con motivo de la situación de inseguridad generalizada en la zona, derivada del grave seísmo producido el 12 de enero, que supone un grave peligro para dicha representación, es necesario que se ponga a su disposición los medios de protección y seguridad adecuados. Se trata, en este caso, del suministro de un vehículo de servicio para la Embajada de España en Puerto Príncipe, por un importe de 105.509,00 euros.

Cultura

JOAN BAEZ, CONDECORADA CON LA ORDEN DE LAS ARTES Y LAS LETRAS DE ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha concedido la Orden de las Artes y las Letras de España a la cantante estadounidense Joan Baez, en reconocimiento a una trayectoria regida por el compromiso artístico y personal en favor de los derechos individuales y las libertades civiles y políticas.

Joan Baez ha supuesto un referente que trasciende el ámbito musical para toda una generación de españoles defensores de la libertad política y la convivencia pacífica.

Cantante y activista política

Joan Baez (Staten Island, Nueva York, 1941) constituye un magnífico ejemplo de artista comprometida con la realidad de su tiempo. Su labor artística alcanza un mayor brillo y significación en la medida en que siempre se ha orientado, a lo largo de una larga y coherente carrera, que sobrepasa ya los cincuenta años, a la defensa de los derechos civiles y libertades individuales y colectivas.

Este compromiso no hace más que engrandecer una trayectoria artística caracterizada por la constancia en la reivindicación de las libertades y en la que conviven con naturalidad y coherencia los logros artísticos y sociales. Seis álbumes de oro, un Grammy honorífico al conjunto de toda su carrera (2007), dos Doctorados Honoris Causa y una pléyade de innumerables reconocimientos sociales, políticos y artísticos dan fe del reconocimiento mundial a una figura clave de la música popular y la lucha por las libertades de la segunda mitad del siglo XX.

Industria, Turismo y Comercio

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN 2010

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a suscribir un convenio de colaboración con La Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), entidad que va a gestionar la instrumentación y distribución de las ayudas del Plan 2000E de apoyo a la adquisición de vehículos durante 2010.

La difícil coyuntura económica ha motivado que el Gobierno adopte una serie de medidas para apoyar a la industria, entre las que se enmarcan diversas actuaciones en el sector de automoción.

En este sentido, un Real Decreto de diciembre de 2009 regulaba la concesión de ayudas directas para la adquisición de vehículos en el marco del Plan 2000E para 2010, ejercicio que contará con un presupuesto de cien millones de euros.

El mencionado Real Decreto establecía la posibilidad de atribuir a una entidad colaboradora la gestión y el pago de las ayudas a la compra de vehículos. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, se ha realizado un proceso de concurrencia pública y se ha seleccionado a FITSA, y, para formalizar la colaboración, es necesario firmar un convenio entre FITSA y el Ministerio de Industria.

El convenio regula las condiciones de colaboración y las obligaciones asumidas por FITSA y tiene como objeto fundamental establecer los mecanismos para una gestión más rápida y eficaz de las ayudas.

FITSA asume, entre otros, los siguientes compromisos:

Entregar a los agentes de venta los fondos recibidos de acuerdo con los criterios del Plan 2000E.
Comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes para recibir la subvención.

La financiación de las ayudas, que ascienden a cien millones de euros, se realizará a través de FITSA con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, que entregará los fondos en el momento de la firma del convenio.

Economía y Hacienda

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE MERMAS RECAUDATORIAS ENTRE EL ESTADO Y ARAGÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que da cumplimiento al acuerdo suscrito el pasado 15 de septiembre de 2009, en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, para resolver el contencioso planteado por ésta última en base a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de Aragón.

En virtud de este Real Decreto, se autoriza a la Dirección General de Patrimonio del Estado a suscribir con el representante de la Comunidad Autónoma de Aragón las actas de entrega o transmisión que resulten necesarias para el efectivo cumplimiento del mencionado acuerdo, que prevé transferir la propiedad de una serie de bienes y derechos al Gobierno de Aragón a condición del desistimiento por parte del Ejecutivo aragonés del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamando al Estado determinadas compensaciones.

Industria, Turismo y Comercio

ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica diversas disposiciones relativas al Reglamento de Explosivos para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

El nuevo Real Decreto, cuyo último objetivo es sumarse al proceso de liberalización emprendido por la economía española, introduce una serie de modificaciones sobre el vigente desde 1998, encaminadas a eliminar determinadas obligaciones y requisitos.

El nuevo texto determina que los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de las actividades reguladas por el Reglamento han de tener nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea y elimina algunos requerimientos.

Entre los requisitos que desaparecen en la nueva redacción del artículo 5.2 del Reglamento de Explosivos, se encuentran los siguientes: