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El juez Pedraz lo rechaza

'Alakrana': uno de los piratas quiere acusar a la Armada

'Alakrana': uno de los piratas quiere acusar a la Armada

viernes 05 de marzo de 2010, 17:50h
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado por "incompatible" la petición del presunto pirata somalí Raageggesey Hassan Adji de personarse como acusación contra la Armada en la causa en la que se le investiga por el secuestro del atunero 'Alakrana', informaron este viernes fuentes jurídicas.
La defensa de Hassan Adji reclamó su personación en la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 alegando que su cliente fue disparado durante la operación que la Armada desarrolló el pasado 3 de octubre para conseguir su detención y la de su compañero Cabdullahi Cabdiwily, alias 'Abdu Willy'.

El magistrado, que investiga a los dos somalíes por el cautiverio que los 36 marineros del 'Alakrana' --16 de ellos españoles-- sufrieron durante 47 días, ha rechazado la petición de la defensa del somalí, al considerar que no es posible jurídicamente ejercer la acusación en una causa en la que se tiene la condición de procesado.

La decisión del juez, que ha contado con el aval de la Fiscalía, se produjo después de que el abogado de oficio del presunto corsario ni siquiera explicitara en su escrito si su acusación se dirigía contra los miembros de la fragata 'Canarias' que llevaron a cabo la detención de los dos somalíes cuando abandonaban el atunero español en un esquife.

Un disparo superficial en el pecho

Hassan Adji sufrió "una herida de bala con orificio de entrada y salida a la altura del pecho, de carácter superficial" y que no afectó a "ningún órgano vital", según recogía el auto dictado el pasado 5 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que ordenó el traslado "urgente" a España de los dos detenidos.

Los dos somalíes, que habían abandonado el 'Alakrana' en un esquife, fueron detenidos por dos equipos de asalto de la fragata 'Canarias' después de que un helicóptero de apoyo les informara de que ambos "se hallaban tumbados y cubiertos con una manta en la zona de popa".

"Cuando se hallaron a unos cinco metros del esquife, se ordenó a los ocupantes que se incorporaran y se trasladaran a proa, sin resultado positivo", según relataba el auto de Garzón, que sustituyó a Pedraz al comienzo de la instrucción.

En vista de la "renuencia a obedecer las órdenes" de los dos somalíes, el jefe del equipo de asalto "decidió proceder al abordaje del esquife", momento en el cual "una de las personas se levantó brusca y repentinamente iniciando un movimiento sospechoso con la mano, por lo que miembros de las fuerzas asaltantes hicieron dos disparos de intimidación, constatándose después que uno de ellos había impactado en los ocupantes del esquife".

Diligencias pendientes

Pedraz se vio obligado a reabrir la investigación sobre el secuestro del 'Alakrana' después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocara el pasado 9 de febrero el auto de conclusión del sumario y le ordenara la práctica de varias diligencias que consideraba "ineludibles" para la investigación antes de la celebración del juicio oral.

En este sentido, el juez libró un oficio en el que ordenaba a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que investigue si existe alguna "posible vinculación" entre el grupo de piratas que secuestro el atunero español 'Alakrana' y la red terrorista Al Qaeda, tal y como apuntaba un informe policial.

Al mismo tiempo, ordenó que el jefe de máquinas del 'Alakrana', Víctor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez sean sometidos a un informe forense que determine los daños físicos y psíquicos que pudieron sufrir durante su cautiverio.

El instructor también ha remitido un requerimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para pedirle que identifique a las "personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales" que pudieron participar como "intermediarios o destinatarios" en el pago del rescate que habría permitido la liberación del atunero, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros.

Los dos somalíes están procesados por 36 delitos de detención ilegal --uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado-- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.

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