Las becas científicas se convierten en un contrato temporal

La futura Ley, junto a la Ley de Economía Sostenible, será parte de los cimientos sobre los que construir un nuevo sistema productivo y estable a largo plazo. Dará respuesta a los cambios que se han producido en España desde 1986, año en que se aprobó la Ley que hasta ahora regula el sistema de I+D en España. La aparición de las Comunidades Autónomas, con sus propios sistemas de I+D+i, la multiplicación del número de investigadores y de los recursos que se dedican a la investigación (sólo en los últimos cinco años se han triplicado estos recursos) y la integración en el espacio europeo hacen imprescindible una nueva regulación.

La norma responde así a tres grandes retos:

    1.- El diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible         que permita retener y atraer talento científico.

    2.- La necesidad de un sistema de I+D más eficiente y eficaz

    3.- El cambio de modelo productivo: el desarrollo de una verdadera                     Sociedad del Conocimiento y el impulso de una economía más sostenible.

Para responder al primer reto se ofrecerá un contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado (se eliminan las becas del sistema público de I+D), con todos los derechos. Además, se crea un procedimiento de acceso al empleo público para ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores.

Para responder al segundo reto se crea la Agencia Española de Investigación, que realizará una gestión más ágil, flexible, estable y eficiente, preservando los principios de evaluación y transparencia, y con los debidos controles de gestión.

Para responder al tercer reto, se reforzarán las conexiones entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido empresarial. Se recoge la singularidad de la Joven Empresa Innovadora y se crea la Estrategia Estatal de Innovación, entre otras medidas. Además, se estimula la actividad innovadora a través del impulso de la compra pública innovadora, la cooperación territorial y la internacionalización de la actividad innovadora, y se fomenta la cooperación público-privada.

Coordinación con Comunidades Autónomas

La Ley define, por último, un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación con las Comunidades Autónomas a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.

Finalmente, la norma incluye aspectos vanguardistas, como la perspectiva de género, la cooperación al desarrollo, la divulgación a la sociedad del conocimiento científico y la introducción de la dimensión ética.