El recurso contra el archivo de la querella de Marcano se basa en que se aportaron documentos falsos

El recurso interpuesto por la defensa de Ricardo Puente Antuña se basa principalmente en que en el juicio se aportaron documentos falsos sobre la adjudicación del centro de llamadas para justificar un proceso negociado de adjudicación que "no existió realmente".

   Por ello señala que, con independencia del delito de prevaricación por dicha adjudicación a Puzzle Produciones S.A., existen "dos delitos de falsificación" de documentos públicos oficiales y mercantiles, del que resulta "un autor no querellado" en estas diligencias y "el otro sí".

   Anuncia que, por tanto, y con independencia del resultado del recurso, se instará proceso penal por ambos delitos de falsificación, más otro por presentar en juicio tales documentos.

   Así, explica que dicho procedimiento negociado fue "meramente aparente" y a lo largo de toda la instrucción han ido apareciendo, "a medida de las necesidades de la defensa", documentación que "no ha estado desde el primer momento incorporada a las actuaciones".

   Añade que, al menos, hay uno que "acredita su falsedad" y demuestra que la documentación sobre esta adjudicación concreta ha sido elaborada "ad hoc y no existía realmente en la fecha que se pretende sostener que se originó".

   En concreto afirma que las ofertas que se dicen recibidas por la Sociedad Regional de Turismo entre marzo y abril de 2005 para la contratación de la central de llamadas "no tienen registro de entrada", y, además, la empresa que después resultó adjudicataria "es falsa".

   El recurrente sostiene este argumento basándose en las direcciones que hizo constar dicha empresa, que cambió de domicilio social, para concluir que la oferta que se confeccionó con uno de ellos "es falsa, no se presentó, carece de sello de registro de entrada y no ha sido confeccionada hasta la instrucción de la causa", como también lo es, a su juicio, el contrato de adjudicación consecuencia de la misma.

Adjudicación del mantenimiento

   En cuanto a la adjudicación del mantenimiento de la cueva de El Soplao, señala que la "transgresión legal ha sido de la máxima intensidad" y la califica de "grosera, palmaria e incluso esperpéntica".

   Destaca que "no se siguió expediente de contratación alguno", ni se convocó concurso de adjudicación "de ningún tipo, no respetándose" los principios de publicidad y libre concurrencia, pese a que el consejero "no albergaba ninguna duda", sostiene, de que era "imprescindible" acudir a un proceso legal de contratación.

   Pero se optó por "no acudir a ningún sistema" y "adjudicar a dedo", a Siec, una contratación que supuso un gasto de dinero público de 382.9822 euros.