La impunidad

El problema no se resuelve con la reforma de las leyes. El COPP ha sido reformado 5 veces

Como un estribillo monótono algunos repetimos a coro -prácticamente en unidad perfecta- que en Venezuela reina la impunidad y que más del 90% de los homicidios queda sin sanción. Pero, no solo se trata de los homicidios. Los hurtos y los robos no se denuncian, salvo a los efectos del seguro, ya que no hay tiempo, ni recursos, para investigarlos; los secuestros se ocultan ante la autoridad porque la desconfianza en ésta es patente, a tal punto que muchos de aquellos son planificados o cuentan con el apoyo de miembros policiales; las violaciones no se ponen en conocimiento de los órganos de investigación porque a la humillación por el hecho se añade el trauma de los vejámenes que sufre la persona investigada; las estafas pasan desapercibidas porque, al fin y al cabo, la viveza criolla justifica las acciones engañosas; las apropiaciones indebidas no se investigan porque son de acción privada, igual que las interceptaciones telefónicas exhibidas en la propia Asamblea; y los hechos de corrupción, de difícil prueba, no cuentan con la censura pública porque los corruptos son aceptados socialmente.

En definitiva, como alguien dijo y escandalizó a todos, no hay razones para no delinquir, a lo que se une la inversión de valores en que nos movemos, el estímulo a la violencia, la carencia de una política de prevención y la ineficacia de un "sistema de justicia penal" que solo parece funcionar con efectividad contra los adversarios políticos, contra los que afectan a las propias policías o a funcionarios del régimen o contra un grupo de desposeídos en los que se ensaña la violencia de la persecución penal para mantenerlos en "prisión preventiva" el mayor tiempo que se pueda.

El problema no se resuelve con la reforma de las leyes. El COPP, moderno, garantista, en vigencia hace 10 años, ha sido reformado 5 veces. Los procesos, sin embargo, ni son expeditos, ni los juicios se llevan a cabo, ni se producen decisiones, llegando al 75% los presos sin condena. Los cuerpos de policías no tienen recursos para investigar; la Fiscalía se encuentra saturada, ocupada en el día a día de los casos más notorios; y los jueces no tienen capacidad para resolver los asuntos pendientes, agobiados por las carencias, presionados por factores externos y contra la pared en casos de interés político.

Por su parte, se cifran las esperanzas en una reforma del Código Penal que tiene más de 150 años, con la vana esperanza de incrementar las penas, introducir nuevos tipos delictivos y aparecer ante el mundo con un vino nuevo que se meterá en odres viejos.

Las prisiones, por su parte, bajo el "slogan" de la humanización -que ha producido escuálidos frutos- siguen siendo depósitos de hombres y mujeres, escuelas de violencia y símbolo inequívoco de la más clara violación de los derechos humanos, cuyo logro más importante es poner fuera, sin rehabilitación alguna, al escaso número de los que llegan vivos a una condena.

En definitiva, mientras no llevemos a cabo un serio esfuerzo, ajeno a la política, por construir un verdadero sistema de justicia penal, la impunidad seguirá cobrando víctimas, aunque exhibamos nuevas leyes y hagamos costosas campañas publicitarias.

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