Mientras se da cuenta de la iniciativa del Consejo del Poder Judicial de destinar ochenta mil euros para que hasta 14 miembros de este órgano (presidente, vicepresidente, vocales, letrados y asesores) se desplacen a Montevideo (Uruguay) con el fin de asistir los días 28, 29 y 30 de abril a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología, con billetes de avión en clase 'business' (con un coste medio por persona de 4.100 euros) y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas que también acoge la celebración de la cumbre, se anuncia hoy el acuerdo alcanzado para reducir los gastos de las comunidades autonómicas, para algunos, la gran sangría de nuestras cuentas públicas desde hace años.
En realidad, no hay acuerdo en saber si nos hallamos ante un pacto de los gobiernos regionales o ante una imposición que el Gobierno central hace a tales gobiernos regionales. Y bastará repasar lo que cuentan unos cuantos titulares de las crónicas periodísticas: Gobierno y regiones pactan el plan de austeridad con la abstención del PP, dice uno. En otro se lee que el Gobierno impone un recorte de diez mil millones a las autonomías, con la abstención del PP y la queja de las CCAA de no haber participado en el plan. Destaca otro medio que las CCAA del PP se desmarcan del plan de austeridad del Gobierno y que los consejeros del PP reclamaron medidas urgentes y no comisiones. Se lee en otro medio que el recorte autonómico se aplaza al verano y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se limita a crear una comisión para hacer propuestas, mientras las CCAA del PP votan en contra por la que califican de falta de coraje del Gobierno. En otro diario se asegura que Gobierno y autonomías logran un acuerdo para reducir el déficit al 3 por ciento del PIB en 2013. Y se vuelve en otro medio a contar que el Gobierno impone a las CCAA un recorte de diez mil millones hasta 20102, pero que las CCAA del PP se abstuvieron siguiendo las directrices de Génova, sede del PP. En fin, habrá que ceñirse al resultado último que se pretende, que no es otro que el ahorro por las comunidades autónomas de casi dos mil millones de euros este año y que las regiones se sumen al plan de recorte de gasto público hasta 2013, y se comprometan a ahorrar diez mil millones en este tiempo 2010-13.
De manera que bien puede decirse, aunque resulte "una contradicción en sus propios términos", que el Gobierno ha logrado imponer a las comunidades autónomas las medidas de austeridad que ha ideado para recomponer las maltrechas arcas públicas. La vicepresidenta y ministra de Economía,
Elena Salgado, salvó ayer "satisfecha" la votación del marco de austeridad que les ha presentado para los próximos años y que contempla medidas como la contención en los salarios públicos y las restricciones en la contratación. Todas las comunidades votaron a favor, salvo las del Partido Popular, que se abstuvieron. Con ese gesto dieron marcha atrás en el amago de rebelión que habían insinuado los días previos ante los corsés presupuestarios que fijaba el Gobierno. Pese a las quejas expresadas sobre la propuesta del Ejecutivo, "a todas les ha parecido bien" el marco propuesto, aseguró Salgado al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Ejecutivo y los gobiernos autónomos.
De momento, estas Administraciones han asumido ya un importante recorte del gasto para este año. Nueve autonomías presentaron ayer planes de reequilibrio fiscal que suponen un recorte del gasto cercano a los 2.000 millones de euros. Cuando los planes que faltan se pongan sobre la mesa, el Ministerio de Economía espera contar con una reducción de 3.000 millones de
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euros. En todo caso, entre las comunidades que tienen que presentar planes próximamente figura Cataluña, una de las más incumplidoras en el déficit, hasta el punto de que ya elaboró sus Presupuestos para este año con un déficit mayor que el permitido y mayor gasto. Su consejero,
Antoni Castells, se quejó ayer de la imposición unilateral de esta propuesta por parte del Gobierno. Otros consejeros del PP le secundaron y la mayoría concluyeron como lógico que esos ajustes afectarán a servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales. La propuesta aprobada en el Consejo de PFyF contempla mejorar la eficiencia del gasto, mantener los niveles de deuda, reducir los plazos de pago de las Administraciones a los proveedores y aumentar el nivel de información que proporcionan a la Administración central.
No sorprendió a nadie que la reunión se prolongara durante cuatro horas, pero sí que no se produjeran grandes tensiones, pese a que los consejeros del PP votaron en contra, eso sí, de crear un grupo de trabajo que estudie hasta el 10 de junio las posibles concreciones de ese ajuste. "Estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero no a lanzar mensajes equivocados. ¿Por qué tres meses?", se preguntó el consejero de Madrid,
Antonio Beteta, partidario de empezar la negociación la próxima semana. Si hay que hacer recortes -y de eso no hay duda alguna-, háganse cuanto antes. Y mejor si los hace el Gobierno que los impone, vino a decir el enfadado consejero de
Aguirre...
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