El abogado defensor del letrado José María del Nido aseguró que en el caso 'Minutas' ha habido "una especie de frenesí acusatorio" y alegó la prescripción de varios delitos que se le imputan. Además, advirtió del riesgo de que se produzcan resoluciones contradictorias si se da una condena respecto de varias sentencias del Tribunal de Cuentas, que concluyen que no se ha demostrado daño real en los fondos públicos por determinadas minutas de Del Nido.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga acogió hoy la primera sesión del juicio por el caso 'Minutas', en el que, aparte de Del Nido, que se sentó junto a su letrado y no en el banquillo, se juzga al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y a otras 14 personas por las presuntas irregularidades en los encargos profesionales hechos por el Ayuntamiento al letrado. Uno de los acusados fue excusado para ausentarse de la Sala.
La mayoría de los defensores coincidieron con el abogado de Del Nido, Pedro Apalategui, en que se ha lesionado el derecho a estar informado, con "acusaciones sorpresivas", lo que puede dar lugar a nulidades, alegando hoy en el trámite de cuestiones previas que algunos de los delitos de los que acusa el fiscal y el Ayuntamiento marbellí, como acusación particular, a los acusados no fueron objeto de instrucción y los procesados no fueron interrogados por esos hechos.
En este sentido, Apalategui pidió a la Sala que se pronuncie con antelación sobre "la idoneidad o no" de seguir el juicio por delitos distintos al de malversación, prevaricación y fraude, que son los contemplados en la querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción. En esta línea, entendió prescritos varios delitos, algo en lo que también coincidieron el resto de defensas; detallando en concreto el delito societario, el de falsedad y el de deslealtad profesional.
A este respecto, el letrado de Julián Muñoz, Luis Carlos Gómez de la Borbolla, se adhirió a la petición de prescripción de los mismos delitos, porque cuando se produjo la acusación "han transcurrido los plazos prescriptivos" y también coincidió en que el Tribunal debería abstenerse de enjuiciar los delitos de asociación ilícita, falsedad y prevaricación de uso, por no haberse practicado investigación alguna al respecto.
El letrado de Roca, Javier Sánchez-Vera, por su parte, pidió la nulidad del auto de apertura de juicio oral e incidió en que su cliente no tiene condición de funcionario ni autoridad, por lo que no se le puede imputar un delito de fraude en concurso ideal con otro de malversación de caudales. Además, consideró "inconcretos" los escritos de acusación del fiscal y del Ayuntamiento y cuestionó por qué se abrió este procedimiento y no se sumó al caso 'Saqueo'.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Respecto a las sentencias del Tribunal de Cuentas, el letrado de Del Nido partió de la separación entre la jurisdicción contable y la penal, defendiendo la "independencia y la compatibilidad de ambas", aunque planteó a la Sala "hasta qué punto estas sentencias pueden tener incidencia" en el ámbito penal y en concreto sobre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En este sentido, Apalategui señaló que "prácticamente la totalidad de los hechos" que son objeto de este juicio "han sido objeto de estudio y de resoluciones por parte de la jurisdicción contable" y consideró que "no puede ser admisible que para un órgano jurisdiccional unos hechos existan y para otro órgano esos mismos hechos no existan".
"Cuando el contenido del reproche es exactamente el mismo en una jurisdicción y en otra, la posibilidad de que se den resoluciones contradictorias empieza a producir un ruido desagradable", apuntó el letrado, quien añadió que "sería realmente extraño poder digerir jurídicamente que esos hechos fueran merecedores de reproche para un orden jurisdiccional y para otro no los fuere".
Como otra cuestión previa, este mismo letrado alegó la naturaleza prospectiva de la causa, cuya incoación "desborda los límites personales, materiales y temporales" y con pruebas que son "todo lo que se quiera menos concretables", al precisar el letrado que "se abarca toda la vida profesional durante un tiempo aproximado de cuatro o cinco años sin un solo margen indiciario de concreción".
BREVE HISTÓRIA
De los 18 acusados, uno, Javier Lendínez, está en busca y captura desde mayo de 2009. El juicio comienza con las cuestiones previas y hay más de un centenar de periodistas acreditados de 31 medios. Las sesiones son de mañana y los días se irán alternando, según las semanas. Así, esta primera, la vista oral está señalada para hoy, mañana y el jueves; mientras que la semana siguiente será del lunes día 12 al jueves día 15.
La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. El ministerio público presentó escrito de acusación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios y el juez ordenó abrir juicio oral.
En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Muñoz 16 años y medio de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; al acusarle de los delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de fraude en concurso con malversación, delitos societarios y malversación con uso de bienes muebles o inmuebles.
A Del Nido se le acusa de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario; de otro continuado de fraude en concurso ideal con uno continuado de malversación, también como inductor; así como de falsedad documental, de documento oficial y de documento privado, de tres delitos societarios, de malversación de uso de bienes y de deslealtad profesional.
Por esto, el presidente del Sevilla se enfrentaría inicialmente a una petición por parte del fiscal de 13 años y medio, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca por presunto fraude en concurso con un delito de malversación de caudales, solicitando una pena de seis años de cárcel. Al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes se le acusa inicialmente de asociación ilícita, prevaricación y falsedad en documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales.
También están acusados los ex concejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez, quien, no obstante, se encuentra en ignorado paradero. Otros procesados son Modesto Perodia, a quien se le acusa de los mismos delitos en los que coinciden Muñoz y Del Nido; y una letrada del despacho de Del Nido.
INSTRUCCIÓN
El fiscal asegura en su escrito que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".
Se indica que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apunta la calificación provisional.
Así, se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala el ministerio fiscal, que precisa que, al comportamiento "despatrimonializador", se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".
El fiscal describe la participación de cada acusado y analiza los encargos realizados al letrado y las órdenes de pago presuntamente irregulares. Tras la instrucción, concluye que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se pide indemnización al Ayuntamiento de más de 1,8 millones de euros.
El documento indica que se adjudicó verbalmente al letrado "y sin pasar por el pleno" encargos "tan relevantes y costosos" como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio Informe de Fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas relativo a los años 1990-1999. Se señala que se pretendía la "obstrucción" a las labores fiscalizadoras, en lo que Del Nido "sí que tuvo un papel destacado".
Respecto a Roca, el fiscal señala que era la única persona autorizada en una cuenta de Planeamiento 2000 y apunta que "en grave perjuicio de las arcas municipales firmó un talón" presuntamente para el pago a uno de los acusados de la elaboración de las alegaciones al anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de tres sociedades municipales cuando, según el fiscal, el trabajo fue "inexistente".
La acusación señala que la intervención de Del Nido en el Ayuntamiento y en las sociedades municipales llegó a suponer "al menos el 70 por ciento de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla" y destaca la "confianza existente entre éste y el alcalde -Gil- fraguada en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la liga española de fútbol" y consolidada a raíz de su intervención en el conocido como caso 'Camisetas'.
No obstante, en la fase de enjuiciamiento contable, sentencias del Tribunal de Cuentas han concluido que no se ha demostrado responsabilidad contable en el letrado por determinadas minutas. Así, la última de las resoluciones, de principios de marzo, dictada por la Sala de Justicia de dicho Tribunal, señala que "no se ha acreditado la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos".
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