El promotor de los chalés de Oruña "sincronizaba" las operaciones hasta que todo se fue "al traste"

Era el año 2003, y en realidad Hipólito G.H. no había adquirido los terrenos donde se iba a asentar la urbanización 'Burdeos', de la que tenía opciones de compra sobre el suelo, al igual que los 15 compradores de las viviendas, que lo que hicieron fue suscribir contratos de opción de compra.

   El propietario de la promotora García Curado, que se enfrenta a peticiones de prisión de siete años, se encontró con varios problemas en el ejercicio de su actividad al frente de lo que hasta entonces era una "empresa modelo". En una de sus promociones, en Maoño, las personas con las que suscribió la operación, la familia Gómez Otero, se "echaron para atrás" y no acudieron al notario, vendiendo las parcelas a sus hijos.

   Al fallar esta urbanización, falló también la de Oruña, lo que sumado a la deuda de 200 millones de las antiguas pesetas que espera cobrar, hizo que le fuera imposible asumir esta operación, porque los bancos ya no le refinanciaban sus deudas con lo que no podía "generar" el dinero.

   De hecho, con la frustrada operación de Maoño y con la de Oruña, esperaba obtener 6.000 millones de pesetas, más de 36 millones de euros, con lo que hubiera podido "sanear" su empresa y mantener la actividad durante dos años, en una forma de trabajar que el Ministerio Fiscal calificó de "cuento de la lechera".

   El resultado fue que tuvo que cerrar la oficina al pública ante las "amenazas" que sufría por parte de los acreedores, y finalmente se "quedó sin nada", hasta el punto de que hoy vive en casa de su cuñada, según declaró hoy en el primer día de juicio ante la Audiencia Provincial.

   "Se hacía siempre así", explicó ante la Sección Tercera el acusado, que admite que su empresa pasaba por "dificultades", "como todas". El ministerio público le acusa de haber seguido adelante con la operación de Oruña pese a encontrarse en situación de quiebra desde dos años atrás.

   Esta quiebra fue declarada posteriormente fraudulenta, algo de lo que el promotor asegura haberse enterado recientemente. Además, recalcó que él no llevaba la contabilidad de su empresa, cuyas cuentas eran auditadas anualmente por la sociedad Tecnisa, entidad que no le advirtió nunca de ninguna irregularidad.

   Pero el Ministerio Fiscal incide en que para entonces ya se le venían reclamando las deudas que el promotor mantenía con instituciones como la Agencia Tributaria, el Gobierno de Cantabria o el servicio de tributos, y que en el año 2003 ascendía a seis millones de euros. El acusado, por el contrario, la rebaja a 2,5 millones de las antiguas pesetas, esto es, unos 15.000 euros.

"Amarrado por todas partes"

Ante el impago de las deudas que se mantenían hacia él, los problemas en la urbanización de Maoño y los que aparecieron en la de Oruña, el acusado se encontró de repente "amarrado por todas partes". Los proveedores comenzaron a ponerse "nerviosos" y "no ayudaron" a superar la situación.

   Sin embargo, defiende que no se ha "llevado dinero" para casa y que siempre tuvo "toda la seguridad" de que ese proyecto era viable técnica y económicamente. Además, recalcó que desde que aparecieron los "contratiempos" dedicó muchos esfuerzos a solucionar el problema para que los futuros adquirientes de las viviendas pudieran culminar la operación.

   En la vista también declaró su mujer, a la que no acusa el Ministerio Fiscal pero sí, junto a otros familiares, las acusaciones particulares. La acusada sostuvo que tenía "plena confianza" en su marido y que no recuerda haber firmado documentos como los que la convertían en administradora solidaria de la empresa.

   También contó que ella no se ocupaba de la empresa, a la que sólo acudía "algunas veces" para que sus nietos "vieran a su abuelo". Su marido no le contaba "nada de los problemas", pero ella notaba que estaba "de mal humor", sin que él le explicara más, hasta el punto de que de los problemas de la promoción de Oruña se ha enterado "ahora", en el juicio.

   Sí que recuerda cómo hubo una época "horrorosa" en que la gente se dirigía al domicilio particular, donde "tiraban piedras" y "rompían cristales". Esas amenazas también se produjeron en la oficina en Santander, donde su marido dio orden de que no se abriera la puerta a nadie que no se identificara previamente.    

Penas

El Fiscal pide siete años de prisión, multa de 8.100 euros y una indemnización cercana a medio millón de euros para el promotor por delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida, mientras que las acusaciones particulares acusan también a la esposa de éste y a otros familiares que participaron en las actividades de la empresa.

   En los meses anteriores a la presentación de la quiebra de García Curado, en julio de 2004, ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Santander, el acusado suscribió 15 contratos de opción de compra, pese a ser consciente de que los chalets de la urbanización Burdeos de Oruña de Piélagos no iban a construirse, utilizando para ello el "ardid" de hacer creer lo contrario a los posibles compradores.

    Estos últimos, después de depositar unos 4.000 euros de media y aceptar letras de cambio por importe de 5.400 euros, no volvieron a tener noticias del promotor ni de las empresas de las que era administrador.

   El juicio continuará hasta el jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.