¿Y nuestros desaparecidos? Un tribunal bajo sospecha

   Un diario conservador, “El Mundo”, informa sobre el acto celebrado el martes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en apoyo del juez Baltasar Garzón bajo el título genérico: “Un juez bajo sospecha”.

    Asistí al citado acto para expresar la exigencia de mi familia en la búsqueda de amparo y para que el poder judicial cumpla con las obligaciones derivadas del artículo 24.1 de la Constitución que establece que, “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, puede producirse indefensión”. Una vez más, los sectores más intransigentes de nuestra derecha confunden los términos de la situación, e invierten y distorsionan el debate. Todo lo ocurrido con el procesamiento del juez Garzón en lo relativo a la tramitación de las denuncias presentadas por familiares de españoles fusilados sin juicio y desaparecidos tras la sublevación de Franco en 1936, constituye un oprobio, un acto injusto y una decisión que nos permite dudar de la independencia política e ideológica de nuestro más alto tribunal jurisdiccional. Son el magistrado Luciano Varela, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, y, lo que es más grave, el propio Tribunal Supremo, los que aparecen bajo sospecha ante una opinión pública asombrada por todo lo que está ocurriendo.

    Una cuestión resulta obvia. Podría parecer que nuestros jueces ponen más empeño en juzgar por prevaricación al juez que investiga las querellas y denuncias presentadas por las familias de los desaparecidos, que por amparar nuestros derechos constitucionales y ayudarnos a encontrar a nuestros seres queridos en las malditas cunetas y enterrarlos con la dignidad que merecen.

    Nada tiene que ver todo esto con la revisión de la Transición democrática ni con la ley de Amnistía proclamada bajo la exigencia de la izquierda y de la oposición democrática al franquismo. Reafirmo mi compromiso con la reconciliación y con la ley de Amnistía. Pero repugna a la razón de cualquier jurista y de toda persona con una elemental conciencia democrática, aceptar que la vigencia de la reconciliación nacional entre todos los españoles y la ley de amnistía exige que dejemos en las carreteras, caminos o cementerios de España a más de 100.000 españoles asesinados, pero no olvidados.
 
    Más bien parece que tras la decisión del Tribunal Supremo se esconden deseos inconfesables de venganza personal y política contra un juez de la Audiencia Nacional. Y ello resulta de enorme gravedad para nuestra democracia, su solvencia y su legitimidad.

    ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Aunque dramático, resulta sencillo de comprender. Como ya he explicado en otras ocasiones, mi tío, Eugenio Curiel Curiel, Director del Instituto de Astorga en julio de 1936, y el sacerdote Bernardo Blanco Gaztambide, profesor del mismo Instituto y amigo de nuestra familia, fueron detenidos  el 15 de septiembre de 1936 en Astorga junto con Angel Jiménez y el también profesor, Emilio Molina. Trasladados a la prisión de San Marcos de León, todos, excepto Emilio Molina, fueron asesinados y abandonados en un pueblo que conocemos en octubre de ese año, situado en la carretera que une León y Astorga. Fueron muchos años de silencio y de sufrimiento en mi familia. A mi padre le resultaba extraordinariamente doloroso recordar todo lo ocurrido. No nos quería hablar de ello. La emoción era muy intensa y así lo vivió hasta su fallecimiento.

        En el otoño de 2008, como muchos familiares de desaparecidos, presentamos una querella y denuncia ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. La oposición de la fiscalía y de los jueces correspondientes para aceptar la competencia del citado juzgado sobre la cuestión, obligó a Baltasar Garzón a remitir a los juzgados del lugar las diligencias abiertas. La inmensa mayoría de los titulares que recibieron las denuncias han respondido con el silencio. Ni aceptan la competencia sobre las diligencias, ni la rechazan. Y aquí estamos, sin saber a quién dirigirnos y en una evidente situación de indefensión. ¿Quién se hace cargo de la tutela judicial efectiva? Nadie.  

       Dice el Presidente del Gobierno que debemos respetar al Tribunal Supremo. Y tiene razón. Pero también es cierto que el Tribunal Supremo nos debe un respeto a nosotros como ciudadanos españoles. Y tiene obligaciones constitucionales que debe cumplir. ¿Qué hace el Gobierno en estas circunstancias? Lo ignoro. Pero, entre otras cosas, debería utilizar la mayoría parlamentaria para aprobar una ley como la vigente en Cataluña y ayudarnos a encontrar a nuestros muertos. ¿Es mucho pedir?  

Enrique Curiel es Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid