Conde Pumpido reprende los exabruptos de Villarejo

Durante su intervención en un desayuno informativo de Entorno Empresarial, patrocinado por Renfe y el Gobierno de Aragón, Cándido Conde-Pumpido reconoció que los procesos contra Baltasar Garzón están provocando "un cierto debate social", pero consideró que las críticas al alto tribunal "han excedido notoriamente lo razonable", especialmente por lo expresado por Carlos Jiménez Villarejo, tío de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Aunque reconoció que "en una sociedad libre como la española la libertad de expresión es muy amplia", pidió a todos "respeto y consideración al máximo órgano judicial".

    A partir de ahí, Conde-Pumpido defendió de forma implícita al juez sobre el que pesan cargos de prevaricación y de cohecho. Afirmó que la Fiscalía no ha apreciado delito en las actuaciones que se le cuestionan y aseguró que seguirá manteniendo esta posición con la "esperanza" de que el criterio del Ministerio Público "finalmente prospere".

     En ese sentido, aseguró que el Ministerio Público está "convencido" de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), en su artículo 782, establece, "como en su día lo dijo el Tribunal Supremo, aunque luego ha establecido matizaciones", que "no se puede abrir el juicio oral si no existe una acusación del Ministerio Público o de la parte perjudicada".

    "Nosotros vamos a defender firmemente ante el Tribunal Supremo el criterio de que las acciones populares no están legitimadas para provocar la apertura de un juicio oral", insistió. No obstante, defendió que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo actúan "con independencia, con el propósito de aplicar la ley de absolutamente imparcial" y se mostró convencido de que "de manera inevitable se llegará a una decisión que sea la jurídicamente más correcta".

    Ahora bien, lo dicho anteriormente sirve de igual forma para los 'otros' que utilizan "de manera indebida los cauces judiciales de la querella criminal"; es decir, las dos asociaciones de Memoria Histórica que han presentado una querella contra el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela por prevaricación por querer sentar en el banquillo a Garzón.

    En opinión de Conde-Pumpido, este magistrado "ha tomado una decisión jurídica fundada" que ha sido confirmada por la Sala de lo Penal del Supremo, por lo que es "absurdo y temerario" dirigirse a esta misma Sala "para manifestar no ya una discrepancia, sino una calificación delictiva". "Es clara y manifiestamente una forma de desvirtuar los hechos", denunció.

Acabar con la politización

    A juicio de Conde-Pumpido, para acabar con la imagen de politización de la Justicia bastaría con perseguir tres objetivos: exigir el respeto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, controlar la acción de las "fiscalías paralelas" y no utilizar a los tribunales para "ventilar las cuestiones que se deben resolver fuera".

    Según el fiscal general, además de acabar con que los "grupos minúsculos que no tienen representación política" obtengan una presencia a través de los tribunales, también sería importante que las organizaciones políticas "ejerciten sus funciones en el ámbito político pero no comparezcan como parte en los procedimientos criminales para ejercer a través de ellos acciones que cuando es necesario ya ejercita el órgano constitucional encargado para ello, que es el Ministerio Fiscal".

     Asimismo, el fiscal general rechazó las acusaciones de que la institución que dirige esté influido por el Gobierno y aseguró que el Ministerio Público mantiene una "absoluta imparcialidad en todo tipo de procedimientos". En su opinión, quienes hablan de falta de independencia de la Fiscalía lo hacen desde "la ignorancia o la mala fe".

Acusación popular

Por otro lado, Pumpido solicitó que la ley ponga fin a las acciones populares cuando se convierten en "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" en "querellas mediáticas" que trasladan a la Administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".

Durante su intervención en un desayuno informativo de Entorno Empresarial patrocinado por Renfe y el Gobierno de Aragón, Conde-Pumpido defendió que es al Ministerio Fiscal al que la Constitución encomienda la defensa y la promoción del interés general ante los tribunales, y apuntó que no es "casualidad" que en la mayoría de los países del entorno "detente el monopolio del ejercicio de la acción penal".

"No puede ser que la justicia penal, ya indebidamente sobrecargada, gire alrededor de querellas mediáticas interpuestas por fiscalías paralelas, en asuntos que tienen que ver con intereses particulares, de contenido más político que jurídico, a veces revestido de una vaga intervención de lo colectivo", aseguró.

Vea también:

• El Supremo se ve desbordado: suspende la reunión informativa sobre el 'caso Garzón'