Juicio al Fiscal; tribunal o tarima

La Comisión de Fiscalización  tomará  una decisión crucial: seguir o archivar  el juicio político al Fiscal.  Como nunca priman los cálculos políticos, más que los argumentos a favor y en contra del juzgamiento.

Desde la vigencia de la nueva  Constitución, las normas  del juicio político han cambiado a  tal punto que de las 800  investigaciones adelantadas por los parlamentarios y de los anunciados procesos de fiscalización, ninguno ha prosperado. Pasaron a “mejor vida” importantes indagaciones al más alto nivel, se archivó una causa tan decidora como  la compra de los helicópteros indios y se truncaron las denuncias en  el sector de la salud.

Este juicio  se ha convertido en emblemático. Más allá del episodio del accidente que lo desató, aquí está en juego el verdadero sentido que un Parlamento tiene en un sistema democrático: la fiscalización a los demás poderes. Está a prueba la independencia entre  poderes.

El Estado de derecho y su vigencia se quebrantaron en el 2007 con el cierre del Congreso por una cuestionada decisión del Tribunal Electoral, desde entonces  se conculcó la facultad vital del poder legislativo en democracia.

Hoy, a la luz  de las nuevas normas, la tramitología vuelve engorroso el proceso de juicio político.

Pero hay  variables: Si el juicio se cierra, esta Asamblea habrá demostrado de una vez por todas su impotencia e inoperancia en materia fiscalizadora.

Si el juicio camina quedan tres opciones: que el Fiscal renuncie antes, durante o después del proceso; que sea censurado,  lavando en algo la imagen de la maltrecha fiscalización o que salga absuelto y su poder político crezca.

Más allá de todo, este episodio ha refrescado los peores momentos de la era “partidocrática” que el discurso oficialista intenta hacer pensar que concluyó.