Y más que cuestionado, calificado como sospechoso porque el ponente de uno de los procesos abierto al magistrado Garzón por su empeño en investigar los crímenes de la dictadura franquista, ha decidido seguir adelante y abrir el juicio oral, pasando las actuaciones a las partes para calificación, rechazando la práctica de las pruebas propuestas por el juez enjuiciado.
Hay que reconocer que en todo el conjunto de actuaciones del magistrado Varela hay puntos difícilmente entendibles porque, si cualquiera puede entender que se deniegue una prueba que únicamente podría diluir en alguna medida los supuestos del artículo 447 (“por imprudencia grave o con ignorancia inexcusable”), porque en la resolución definitiva deberá tenerse en cuenta si las fuentes del derecho internacional y los tratados aprobados por España tienen preferencia sobre la Ley de Amnistía, resulta sospechosa por rara aceptar la personación como acusaciones de dos entidades que aparte sus connotaciones ideológicas de extrema derecha, difícilmente se puede entender que sean perjudicadas por las resoluciones de Garzón.
Pero si no es entendible tal actitud del magistrado ponente y la aquiescencia de sus compañeros de tribunal, menos entendible resulta la reacción de fuerzas sindicales, partidos políticos de izquierda –que siempre han presumido de ser los más vigilantes de la democracia y la separación de poderes-, autoridades académicas y de una persona a la que le retiro desde ahora cualquier crédito de sentido común y ecuanimidad. Me refiero a Jiménez Villarejo, fiscal durante muchos años, significado en muchas ocasiones como defensor de causas justas y persona de talante democrático que liquidó ayer en pocos minutos en el acto celebrado en la Complutense para apoyar al juez Garzón.
Nadie puede dudar que en todo este asunto subyacen componentes que exceden lo jurídico y que, por el largo protagonismo del considerado “juez estrella”, se ha sembrado su trayectoria judicial y política de numerosos enemigos y simples detractores, entre los que puede haber miembros del tribunal que le juzga o del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay que defender la independencia de los juzgadores y la presunción de actuación recta al aplicar la ley, con independencia de sus amistades o enemistades respecto del justiciable. No hacerlo así es renunciar a tener un Estado democrático, con una Constitución que ampara los derechos de todos y establece la separación de poderes con defectos en su funcionamiento, con inmisiones de unos poderes en otros, pero que conforma un Estado democrático.
Pretender que la libertad de expresión ampara cualquier opinión, sea injuriosa o calumniosa, a veces gravemente calumniosa, o que en tal libertad se incluya patente de corso para sembrar dudas sobre la honestidad de las personas o la neutralidad sustancial de las instituciones públicas, es ignorar los más elementales principios éticos aceptados por nuestra sociedad, aunque parece que se van desechando y sustituyéndolos por el egoísmo a cualquier precio o por el éxito a costa de todo y de todos. Y esto es aplicable a sindicatos y partidos políticos, a iglesias y corporaciones, a entidades y personas físicas. Cuesta muy poco desacreditar a una persona o institución, pero mucho demostrar la honestidad. Es también lo que ha ocurrido con José Bono, sobre el que se ha intentado sembrar dudas sobre la regularidad y honradez de sus adquisiciones patrimoniales.
Cuestionar a nuestros tribunales, negar legitimidad a la justicia constitucional, difamar a los cuerpos policiales, calumniar a cualesquiera instituciones, es debilitar el sistema democrático, dificultar su funcionamiento y sembrar hostilidad en nuestra sociedad. Hay que tener más prudencia y más conciencia.
Si (
No(
