Referencia del Consejo de Ministros 16/04/2010

SUMARIO

Presidencia

• REAL DECRETO de modificación del Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre.

Economía y Hacienda

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2010 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
• ACUERDO de concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Política Territorial por importe de 131.554.000 euros, para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 344/2010, de 19 de marzo, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por importe de 90.566.930,73 euros en el presupuesto del Ministerio de Fomento, para atender el pago del principal más los intereses derivados de las sentencias judiciales firmes anulatorias de las liquidaciones por tarifas portuarias practicadas por las Autoridades Portuarias de Barcelona, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Tarragona y Valencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.001.366,94 euros, para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, con fecha 27 de diciembre de 2006, condenatoria al pago por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social de las compensaciones económicas, en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2003, por las entidades colaboradores Telefónica de España S.A.U. y Telefónica, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por importe de 16.347,99 euros, para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 18 de febrero de 2009, condenatoria al pago por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por responsabilidad patrimonial durante los ejercicios 2002 a 2009 a la empresa Laboratorios Aragó, S.A.
• 
  ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de comunicaciones de voz y datos para el Ministerio de Economía y Hacienda.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para atender inversiones en equipos informáticos y contratos de mantenimiento y soporte técnico.
• ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria para tomar préstamos a largo plazo hasta un importe máximo de 75.000.000 de euros.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se deniega a los Ayuntamientos de Bernedo, Elburgo, Lagrán y Peñacerrada de la provincia de Álava y El Busto, Espronceda y Sansol de la provincia de Navarra la autorización para celebrar una consulta popular sobre el proyecto de construcción de una línea de alta tensión entre Vitoria-Gasteiz y Castejón-Muruarte.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo en materia de acceso a la Universidad entre el Reino de España y el Principado de Andorra, así como su aplicación provisional.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Haití, por importe de 250.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Haití, por importe de 3.000.000 euros.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se determina el ámbito territorial y material del Instituto de Medicina Legal de Órganos Judiciales Centrales.
• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Dª Marina Krasimirova Petkova.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial.
• ACUERDO por el que se toma en consideración el Plan de formación del Ministerio de Justicia en materia de Nueva Oficina Judicial.
• ACUERDO por el que se autoriza la encomienda de gestión para la realización de determinadas actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, con destino a la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia, a la entidad TRAGSATEC.
• ACUERDO por el que se autoriza el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial Red.Es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa Ius+Red.
• INFORME sobre el Programa Ius+Red.

Fomento

• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras "Autovía del Nordeste (A-2), tramo: Sils-Caldes de Malavella", con un presupuesto de adjudicación de 26.995.518,33 euros, Girona.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras "Autovía del Mediterráneo (A-7) y nuevo acceso al puerto de Motril, tramo: La Gorgoracha-El Puntalón-enlace N-340 actual (puerto de Motril)", con un presupuesto de adjudicación de 48.942.206,47 euros, Granada.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Obras complementarias en la autovía A-44, tramo: Ízbor-Vélez de Benaudalla", con un presupuesto de 32.251.565,43 euros, Granada.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, p.k. 666,765 a 671,524 y RN-134, p.k. 117,066 a 119,914, con un valor estimado de 16.507.565,61 euros, Huesca.
• 
  ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-623, de Burgos a Santander, N627, de Burgos a Santander por Aguilar de Campoó, y A-73, Autovía de Burgos a Aguilar de Campoó, con un valor estimado de 14.063.997,93 euros, Burgos.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6, p.k. 540 al p.k. 593, límite provincial de Lugo-enlace AG-55 Arteixo; AC-10 p.k. 0,00 al 2,100, Puerto A Coruña-rotonda Matogrande; AC-14 p.k. 0,00 al 10,230 As Lanzas-A Coruña-enlace Culleredo A-6; p.k. 0,00 al 2,800, enlace AC-14- aeropuerto, con un valor estimado de 13.193.431,10 euros, A Coruña.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 7.447.769,54 Euros necesarias para las obras de reparación de los daños sufridos en las carreteras de la Red Estatal de la provincia de Granada.

Educación

• REAL DECRETO por el que se establece el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
• REAL DECRETO por el que se establece el Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.
• REAL DECRETO por el que se establece el Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimentarios y se fijan sus enseñanzas mínimas.
• REAL DECRETO por el que se establece el Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.
• REAL DECRETO por el que se establece el Título de Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos.
• ACUERDO por el que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 22 de febrero de 2010, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico 2010 para el fomento de la integración de los profesores titulares de escuelas universitarias en el cuerpo de profesores titulares de universidad.

Industria, Turismo y Comercio

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia que han tenido que realizarse en la torre del homenaje del Parador de Turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), adscrito al organismo autónomo Instituto de Turismo de España (Turespaña).

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios.
• REAL DECRETO por el que se regulan las bases para la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.
• ACUERDO por el que se toman en consideración las políticas de biodiversidad acordadas en el año internacional de la biodiversidad durante la presidencia española de la Unión Europea.
• ACUERDO por el que se toma en consideración la Declaración de Valsain, resultado de la Conferencia sobre protección de los bosques en Europa celebrada los días 6 y 7 de abril.
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas a las reparaciones de los daños ocasionados por los fuertes temporales de los primeros meses del presente año en el litoral de la provincia de Cádiz, por un importe global de 1.390.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla y León relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha relativo a actuaciones para favorecer la conservación en la Red Natura 2000.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Extremadura relativo a actuaciones para favorecer la conservación en la Red Natura 2000.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Generalitat Valenciana relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

Sanidad y Política Social

• REAL DECRETO por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
• ACUERDO por el que se formalizan para el ejercicio 2010 los criterios objetivos de distribución de 2.163.646 euros entre Comunidades Autónomas en concepto de subvención al desarrollo del programa de prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia.
• ACUERDO por el que se formalizan para el ejercicio 2010 los criterios objetivos de distribución de 4.327.290 euros entre Comunidades Autónomas en concepto de subvención a los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el SIDA.
• INFORME sobre evolución en el consumo de drogas y sobre la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas.
• INFORME sobre hábitos de salud.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO sobre el inicio de los trabajos para la elaboración de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología prevista en la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
• INFORME sobre el Plan I+D+i 2008-2011: seguimiento de actuaciones en el año 2009.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se dispone el nombramiento de los Abogados del Estado Dª MARÍA LUISA GARCÍA BLANCO, D. FERNANDO IRURZUN MONTORO, D. ISAAC SALAMA SALAMA, D. JESÚS GARCÍA TORRES y D. JOSÉ MARÍA PABÓN DE ACUÑA como Agentes del Reino de España, para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de Teniente General al General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ y se le nombra Inspector General del Ejército de Tierra.
• REAL DECRETO por el que se nombra Interventor General de la Defensa al General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención D. LUÍS LLORET GADEA .

Trabajo e Inmigración

• REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Inmigración a D. MARKUS GONZÁLEZ BEILFUSS .

CONDECORACIONES

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a D. CARLOS SEIJAS FERNÁNDEZ.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor HANS-GERT POTTERING, ex Presidente del Parlamento Europeo.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor ENRIQUE BORGO BUSTAMANTE, ex Embajador de la República de El Salvador en España.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor PEDRO OYARCE YURASZECK, Embajador Representante Permanente de la República de Chile ante la Organización de los Estados Americanos.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ.

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ASUNTOS GENERALES

Justicia

APROBADO EL CONVENIO PARA EL PROGRAMA IUS+RED

El Consejo de Ministros ha autorizado el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, del Programa Ius+Red, que permitirá sentar las bases del desarrollo tecnológico previsto en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.

Este convenio establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia suscriban convenios de colaboración para cofinanciar actuaciones, en el ámbito procesal, de interoperabilidad y de difusión. Asimismo, la Administración General del Estado financiará íntegramente las actuaciones derivadas de este convenio que se realicen en las Comunidades Autónomas sin competencias en Justicia.

La firma de estos convenios trilaterales específicos permitirá completar el mapa de todas las administraciones implicadas en el ámbito judicial, unificar esfuerzos y avanzar, de forma consensuada y por todo el territorio nacional, hacia un modelo de Administración de Justicia ágil y tecnológicamente avanzado, que preste mayor y más eficaz servicio al ciudadano.

Justicia

EL MAYOR PLAN DE FORMACIÓN EN LA HISTORIA DE LA JUSTICIA INSTRUIRÁ A 14.000 FUNCIONARIOS DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL

• El proceso, iniciado en febrero, formará a todo el personal de la Administración de Justicia en el nuevo modelo de organización judicial.
• El plan formativo, con un coste cercano a los tres millones de euros, va dirigido a 4.000 secretarios judiciales y 10.000 funcionarios a través de 1.300 cursos

El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se ratifica el proceso de formación que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con todo el personal al servicio de la Administración de Justicia para su adaptación al nuevo modelo de organización judicial, tal y como lo contempla el Plan estratégico para la Modernización del sistema de Justicia 2009-2012.

Se trata del plan de formación más ambicioso y el de mayor magnitud de cuantos se han llevado a cabo en la historia de la Administración de Justicia española.

Se inició en el mes de febrero y alcanzará aproximadamente a unos catorce mil servidores públicos de la Administración de Justicia, con un coste total estimado cercano a los tres millones de euros. Elaborado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, prevé que se impartan conocimientos en Nueva Oficina Judicial y reformas procesales mediante unos 1.300 cursos de formación a lo largo de los meses de marzo y abril.

El Plan se divide en dos grupos formativos, uno dirigido a las casi cuatro mil personas que integran el Cuerpo de Secretarios Judiciales en España y otro a los cerca de diez mil funcionarios de los cuerpos de Gestores Procesales, Tramitadores Procesales y Auxilio Judicial, que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias corresponde al Ministerio de Justicia: Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Contenidos

La materia objeto de este Plan de Formación está compuesta por tres partes bien diferenciadas.

• Modelo organizativo de la Nueva Oficina Judicial.
• Reformas Procesales de la Ley Orgánica de 3 de noviembre de 2009.
• Nuevas Tecnologías que acompañan dichas reformas, y que se concreta en la aplicación informática Minerva NOJ y la nueva Agenda de Señalamientos.

MÉTODOS DE FORMACIÓN

El Plan recoge tres tipos de acciones formativas genéricas destinadas a usuarios implicados en los procedimientos judiciales: modalidad presencial, formación e-learning y formación para formadores (sistema de certificaciones). Todos los cursos que se desarrollen en el seno de este Plan durante el año 2010 se impartirán en horario laboral, siempre y cuando las necesidades del servicio y el número de horas lectivas lo permitan.

Formación presencial

Los novecientos secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia recibirán, además, formación en nuevas tecnologías asociadas a la Nueva Oficina Judicial, en salas habilitadas para impartir dicha formación. Los cursos impartidos dentro de estas Comunidades están centralizados en Madrid.

Los restantes 3.200 secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia sólo recibirán formación en materia de Nueva Oficina Judicial y reformas procesales. Los cursos se impartirán de manera descentralizada en las principales capitales de provincia.

En ambos casos la asistencia es obligatoria para todos los secretarios judiciales debido a la importancia de la reforma, cuyos contenidos deben conocer íntegramente ya que afecta directamente a su trabajo.

Además, en una segunda fase el Centro de Estudios Jurídicos tiene diseñado un plan para dar formación a todo el colectivo de secretarios judiciales (tanto los del territorio Ministerio como los de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas) en dos materias que se consideran muy importantes debido a las nuevas funciones atribuidas por el legislador al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Se trata de “Mediación y conciliación” y “Ejecución civil”. Los cursos sobre estas dos materias se impartirán a partir de mayo.

Los aproximadamente diez mil funcionarios del considerado territorio Ministerio recibirán formación descentralizada y obligatoria en los tres bloques.

Formación on-line o “ e-learning ”

Aunque la formación será primordialmente presencial, el Ministerio de Justicia, con ánimo de lograr la inclusión de todos sus funcionarios, así como para que sirva de material de refuerzo y herramienta de consulta, pondrá a disposición de éstos una plataforma de formación “e-learning”, con unos contenidos equivalentes a los impartidos en dicha formación presencial.

De esta manera, los funcionarios, bien sean secretarios judiciales o de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial, que no puedan asistir a los cursos presenciales, o que se encuentren en regiones geográficas en las que la asistencia a la formación presencial no sea posible, puedan recibir una preparación equivalente y beneficiarse de estos conocimientos.

Formación de formadores (Sistema de Certificaciones)

Con el fin de lograr una sinergia de esfuerzos por parte de los actores implicados en este proyecto global, se plantea una red de funcionarios formadores, a través de un sistema de certificaciones en las diversas materias objeto de este plan de formación. Este sistema permitirá constituir una red de funcionarios especialistas que, a su vez, junto a formadores del Servicio de Formación de Nuevas Tecnologías del Ministerio, participen como dinamizadores en esta nueva etapa de cambio y adaptación.

Estos cursos de certificación o de formación de formadores se diseñan para dos perfiles diferentes. Por un lado, los secretarios judiciales, actores protagonistas en el cambio que implica la Nueva Oficina Judicial y, por otro, el personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. En ambos casos el objetivo final es el mismo: capacitar a los asistentes para su participación activa como docentes o expertos de apoyo en las acciones formativas que durante este año 2010 y antes de la entrada en vigor de la Ley se realizarán por todo el territorio nacional.

Justicia

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA ADAPTAR A LA ESPAÑA ACTUAL LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL

• Recomienda la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de base o primer grado, la creación de tribunales de instancia y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Esta iniciativa se enmarca también en el ambicioso Plan de Modernización de la Justicia, puesto ya en marcha, que conducirá a la transformación general de esta administración para mejorar definitivamente su servicio al ciudadano.

La Comisión de Expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.

Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de Menores o de Violencia de Género.

La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de setecientas unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80 por 100 interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70). El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.

La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo sustituido por el trabajo en Red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.

Por todo ello, la Comisión de Expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.

Reorganizar la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.

Principales recomendaciones de la Comisión

• Superación del partido judicial como base del modelo: El partido judicial responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual.
• Extensión de la organización colegiada : La nueva ordenación de la planta permitiría trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales ‘juzgados’, que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
• Creación de tribunales de base o primer grado : Es necesaria la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos tribunales se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se han de cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo ingreso como paso previo a su promoción profesional.
• 
  Creación de tribunales de instancia : Los órganos judiciales de instancia, en cuanto tribunales especializados situados en núcleos urbanos importantes, responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.
• Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal : La superación del actual “partido judicial” y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal. Aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal, cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia.

Justicia

UN NUEVO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DARÁ COBERTURA A LOS TRIBUNALES ESTATALES

• Este organismo, que prestará servicio a la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Registro Civil Central, así como a sus Fiscalías correspondientes, será posteriormente creado mediante orden ministerial.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que determina el ámbito territorial y material del nuevo Instituto de Medicina Legal, que dará cobertura a los tribunales estatales de justicia, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Registro Civil Central, así como sus Fiscalías correspondientes. El nuevo Instituto de Medicina Legal Estatal, incluido en los planes de modernización de la justicia para los médicos forenses, será creado próximamente mediante orden ministerial.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Poder Judicial, de 23 de diciembre de 2009, que prevé la creación de Institutos de Medicina Legal en sustitución de las agrupaciones de forensías, tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas que han asumido competencia en materia de Justicia se han adaptado a esta normativa y han ido creando Institutos de Medicina Legal en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia.

Dentro del proceso modernizador emprendido por el Ministerio de Justicia se hace necesario prever la creación de un Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal, dado que actualmente a órganos tales tan relevantes como el Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional aún se les presta servicio a través de agrupaciones de forensías.

La creación del Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal está enfocada a alcanzar ese mismo nivel organizativo, teniendo en cuenta, además, que en estos órganos de jurisdicción estatal la necesidad es mayor por su relevancia y la complejidad cada vez mayor de los procesos judiciales que allí se sustancian.

Órganos con jurisdicción en todo el Estado

Desde el punto de vista territorial, prestará sus servicios a los órganos que tienen jurisdicción en todo el territorio del Estado, como son Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Registro Civil Central y Fiscalías correspondientes a los mencionados órganos. En cuanto a su ámbito material, sus funciones se limitan a las propias de las competencias de estos órganos.

Los Institutos de Medicina Legal son órganos técnicos que tienen como misión auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil, centralizando las funciones que han venido desarrollando los institutos anatómicos forenses y las clínicas médico-forenses, mediante el ejercicio de prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y de laboratorio.

Estos órganos suponen, además, un instrumento al servicio de la constante modernización científica y tecnológica de la medicina forense. Permiten la especialización y el trabajo en equipo de los médicos forenses, así como la permanente relación con los demás Institutos, como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y otros organismos a nivel nacional e internacional.

Otra de sus ventajas es la realización de documentación y archivo de los informes y actividades que realiza, lo que puede proporcionar información fiable con fines estadísticos.

Jurisdicción militar

Por otra parte, este Real Decreto prevé la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa con el objeto de que el Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal preste servicio a los órganos de la jurisdicción militar que tengan ámbito estatal, cuando éstos actúen en el ejercicio de las competencias que les son propias.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

AYUDAS PARA RENOVAR EL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PROMOVER NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se conceden ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola y otro Real Decreto para la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios. Para todo ello se contará con una dotación, para 2010, de siete millones de euros.

Renovación de maquinaria agrícola

Mediante el primer Real Decreto se establecen, en régimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras de las ayudas estatales para fomentar la renovación del parque nacional de tractores y máquinas automotrices agrícolas, mediante el achatarramiento de las unidades de estas máquinas más antiguas y su sustitución por nuevos tractores y nuevas máquinas que, al estar equipadas con modernas tecnologías, mejorarán las condiciones de trabajo, conseguirán una mayor eficiencia energética y producirán un menor impacto ambiental.

Se podrán destinar estas ayudas procedentes del achatarramiento de tractores y máquinas automotrices a la adquisición de determinadas máquinas arrastradas y suspendidas, como sembradoras directas, cisternas para purines y esparcidores de fertilizantes sólidos equipados, en ambos casos, con dispositivo de localización, o abonadoras y equipos de aplicación de productos fitosanitarios que posibiliten una correcta distribución.

De esta forma, se pretende garantizar una mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores en el manejo de la maquinaria agrícola, incrementar el equipamiento de estos vehículos para mayor seguridad en sus desplazamientos por las vías públicas y potenciar la utilización de tractores y máquinas automotrices dotados con motores de nuevo diseño y de mejor aprovechamiento energético del combustible, así como reducir la contaminación por emisión de gases y su nivel sonoro.

El gran interés que los agricultores han mostrado por estas ayudas se pone de manifiesto en los resultados de la ejecución de las mismas desde 2007 a 2009. Así, en el conjunto de los tres años se han aprobado cerca de 8.100 solicitudes y se han achatarrado 9.478 máquinas obsoletas, destacando los tractores, y se han incorporado a la agricultura 8.077 nuevas máquinas, tractores especialmente.

Promoción de nuevas tecnologías

Por otro lado, el Real Decreto para la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios tiene por objeto establecer, en régimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras de las ayudas estatales para fomentar la utilización de nuevas tecnologías y su uso en común, mediante la adquisición, por parte de asociaciones de agricultores, de máquinas y equipos agrícolas que supongan una innovación tecnológica en una zona geográfica determinada y que contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, al ahorro energético, a la conservación del medio ambiente o a mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores.

Tiene como finalidad establecer los criterios técnicos para la selección de máquinas y equipos subvencionables, y establecer el procedimiento de coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de la gestión de las ayudas por parte de las Comunidades Autónomas, así como el contenido de los planes de innovación tecnológica a desarrollar por cada Comunidad.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Sociedades Cooperativas del ámbito agrario y sus Agrupaciones o Uniones, así como las Sociedades Agrarias de Transformación y otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica propia.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

MÁS DE 82,8 MILLONES PARA ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED NATURA 2000

• Se autorizan convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana.

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de cuatros Convenios de colaboración para acometer actuaciones de conservación en la Red Natura 2000, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana con una inversión total de 82.833.600 euros, para los períodos 2010/2014, en el caso de la Comunidad Valenciana, y de 2010 a 2013, para los restantes Convenios.

De esta forma, se destinarán 28.939.976 euros desde 2010 hasta 2014 en la Comunidad Valenciana, 19.219.196 euros en Extremadura, 17.907.628 euros en Castilla y León y 16.766.800 euros en Castilla-La Mancha, éstos tres últimos desde 2010 hasta 2013.

Cada Convenio contempla una serie de actividades para la promoción, divulgación y puesta en valor de la Red Natura 2000, así como para la conservación de especies amenazadas que han dado lugar a la declaración de los espacios que integran esa red, acciones que serán desarrolladas conjuntamente entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

Comunidad Valenciana

El Convenio entre el Ministerio y la Comunidad Valenciana prevé la restauración del hábitat en la Red Natura 2000, la construcción de infraestructuras para la conservación de especies, la adecuación ambiental de infraestructuras de sensibilización y uso público y la adquisición de medios de vigilancia y seguimiento del medio marino contando con un presupuesto de 28.939.976 euros.

Extremadura

Por otra parte, el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, supondrá una inversión del Ministerio de 19.219.196 euros. Contempla, entre otras actuaciones, la divulgación y uso público, a través de la construcción de infraestructuras y el equipamiento, de los Espacios Naturales Protegidos y zonas de Red Natura 2000, así como la protección de aves frente al riesgo de electrocución y colisión, la restauración y mejora de hábitats y la recuperación de las poblaciones de especies protegidas.

Castilla y León

Las actuaciones previstas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla y León incluyen, entre otras acciones, la mejora del hábitat forestal de la Red Natura 2000 en la Provincia de Burgos, la recuperación de ecosistemas mediterráneos de la Red Natura 2000 en Salamanca y tratamientos selvícolas de frondosas encaminadas a la mejora de los hábitat y al aumento de su calidad ambiental y paisajística, para cuya ejecución el Ministerio aportará 17.907.628 euros.

Castilla-La Mancha

Para el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se prevé una inversión del Ministerio de 16.766.800 euros para la realización de actuaciones destinadas a la protección de aves amenazadas frente al riesgo de electrocución, la adecuación de infraestructuras para la divulgación e interpretación de los espacios naturales incluidos en la Red de Áreas protegidas, así como actuaciones de conservación y restauración de especies y hábitat protegidos en los espacios naturales incluidos en la Red de Áreas Protegidas y actuaciones para la implantación de la Red.

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas para la conservación de la biodiversidad y constituye, junto con la política nacional y autonómica de conservación de espacios naturales protegidos, la iniciativa más ambiciosa emprendida en el ámbito territorial de la Unión Europea para proteger el patrimonio natural comunitario y detener la pérdida de biodiversidad, por lo que se puede considerar como la piedra angular de la política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea.

El propósito de la Red es asegurar la supervivencia a largo plazo de los hábitats naturales y las especies silvestres más destacados y amenazados de Europa. Representa, además, un elemento vertebral esencial en la ordenación y la gestión sostenible del territorio, muy ligada al futuro de las políticas de desarrollo rural.

La Red Natura 2000 constituye un modelo del uso sostenible del territorio al asegurar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones incluidas en ella y preservar su mantenimiento para las generaciones futuras, propiciando la educación, sensibilización e investigación.

La Red contribuirá igualmente a la generación, incentivación y extensión de los valores, actitudes, comportamiento y respeto a la naturaleza de los habitantes de las áreas protegidas, incluso para el resto de las zonas de la Comunidad Autónoma no incluidas en ellas. La Red debe asegurar la coordinación interna en los procesos de gestión de los espacios naturales protegidos integrantes, así como la colaboración en programas estatales o supranacionales de conservación, para lo que será fundamental el intercambio de información interiormente o con otras redes o sistemas de protección.

Por otra parte, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad indica que las Comunidades Autónomas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, con atención preferente a la preservación de sus hábitats y con el establecimiento de regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE BIODIVERSIDAD ACORDADAS EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toman en consideración las políticas de biodiversidad acordadas en el marco de la Unión Europea. En el contexto de la Presidencia rotatoria española se adoptaron en Madrid, durante la Conferencia sobre “Objetivo y visión post-2010 en materia de biodiversidad: el papel de las áreas protegidas y de las redes ecológicas en Europa”, las “Prioridades de Cibeles”, que establecen diez líneas de actuación política en materia de biodiversidad por parte de la Unión Europea.

Las “Prioridades de Cibeles” han contribuido decisivamente a las Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea sobre biodiversidad post-2010, adoptadas por unanimidad el pasado 15 de marzo. Destacan el valor esencial de la biodiversidad para la existencia del ser humano sobre la Tierra y la obligación de tomar medidas urgentes para preservar la biodiversidad en Europa.

Asimismo, fijan la responsabilidad que tiene la Unión Europea para demostrar al resto del mundo cómo el hecho de alcanzar unos altos niveles de desarrollo económico y de bienestar social es compatible, e incluso puede contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

El Consejo Europeo de Primavera, celebrado los días 25 y 26 de marzo, se comprometió, en sus Conclusiones, con la visión a largo plazo de la biodiversidad para 2050 y la meta para 2020 que figuraban en las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente, y reconoció la necesidad imperiosa de invertir las constantes tendencias de pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas.

Objetivos y metas

Las “Prioridades de Cibeles” plantean, entre otros aspectos, la incorporación de los objetivos y metas para la biodiversidad como parte de la Estrategia de la Unión Europea para 2020, el aseguramiento del pago por servicios de los ecosistemas, la profundización en la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales o la aplicación plena de las Directivas de Aves y de Hábitats de la Unión Europea, así como el establecimiento de un plan de acción de la Unión Europea sobre biodiversidad para alcanzar la meta de 2020.

Igualmente, según estas “Prioridades” se potenciará la preservación del medio marino y el establecimiento y gestión de espacios protegidos y redes ecológicas en terceros países, así como la incorporación de los conocimientos científicos en los procesos de toma de decisiones políticas.

También abogan por el establecimiento de una Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas que facilite y potencie las interacciones entre el mundo de la ciencia y el de la política, y por la reforma del sistema global de gobernanza medioambiental.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE VALSAIN DE LA CONFERENCIA SOBRE PROTECCIÓN DE BOSQUES EN EUROPA

El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se toma en consideración la Declaración de Valsain, resultado de la Conferencia sobre protección de los bosques en Europa celebrada los días 6 y 7 de abril en el marco de las actividades de la Presidencia rotatoria de la Unión Europea.

En esta Conferencia se ha constatado la necesidad de contar con mayor información y con un marco político coherente y consistente a largo plazo, que proceda de un amplio consenso y participación social, donde se promocionen los bienes y servicios que los bosques generan.

También se ha destacado la importancia de potenciar el sector forestal como fuente de empleo verde que asegure su rentabilidad, además de mantener las funciones ecológicas de los montes y señala que el abandono de las áreas rurales incrementa en los bosques los riesgos y potenciales impactos consecuencia del cambio climático.

Entre las conclusiones también se ha resaltado la necesidad de establecer, como una prioridad política, la restauración de los bosques dañados o destruidos, y de lograr, en el marco de la Estrategia Forestal Europea, un nuevo marco político a través de un posible convenio pan-europeo para la protección de bosques.

Dado que información forestal es esencial a nivel nacional, europeo e internacional para la correcta toma de decisiones en relación a la protección de los bosques, la Conferencia ha subrayado la importancia de lograr un proceso de armonización y sistematización de la información recogida por los Estados miembros, para construir un único sistema europeo de información forestal. Se plantea la necesidad de una Directiva europea sobre información forestal al estilo de la Directiva Inspire para integrar la información geográfica.

Estas conclusiones, consensuadas entre los veintidós Estados miembros presentes y con los representantes de las Organizaciones internacionales como FAO y Forest Europe, y de grupos de interés como los propietarios forestales, la industria forestal y los grupos ecologistas, han dado lugar a la Declaración de Valsaín que se trasladará a medidos de mayo al Consejo de Agricult