Detrás del problema de Garzón hay más problemas

Las manifestaciones en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tras su procesamiento por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, se producen al amparo de la libertad y reflejan el estado de ánimo de una parte de los ciudadanos. Constituyen, por tanto, una señal de vida democrática –también ha habido manifestaciones en contra—que, en todo caso, no puede interpretarse como un juicio popular paralelo, ya que el Estado de derecho tiene sus cauces según qué cosas.

Hay una creciente confusión sobre este asunto porque si bien desde un punto de vista estrictamente jurídico Garzón puede tener complicaciones –y no solo por dicha investigación del franquismo, sino también por el patrocinio del Banco Santander y las escuchas del Gürtel--, desde un punto de vista ético, moral y político, cuando menos choca ver a Garzón en el banquillo y a la Falange, un partido que dio cobertura ideológica a la dictadura, campando a sus anchas.

La ley debe prevalecer, parece obvio subrayarlo. Pero tal y como se desarrollan los acontecimientos no parece que esté en duda el marco legal, que de estarlo habría que cambiarlo, sino que hay desconfianza en algunos de los que aplican la ley; es decir, los jueces. Y no precisamente en un par de jueces de primera instancia, sino en los jueces de más alto rango del Estado. En pocas palabras: España tiene un serio problema con la Justicia, algo que todos sabíamos, pero que se fue dejando, a lo sumo con pequeños retoques aplicados a su organización e intendencia. Se ha tratado la crisis de la justicia como la del Senado, que es una cámara que pide a gritos una reforma que palíe su inutilidad, y ahora vemos cómo aflora el verdadero problema de fondo.

Pero hay algo en todo esto que quizá resulta aún más trascendente: España también vuelve a descubrir que las heridas de una guerra civil no se curan con tiritas. La transición saldó los principales problemas, los más aparentes, pero no curó, por ejemplo, el sufrimiento de mucha gente anónima que todavía tiene a sus muertos en las cunetas. Hasta que la izquierda y la derecha de este país no asuman que esas cosas las tienen que arreglar juntos podremos seguir mirando para otro lado o cruzándonos acusaciones, pero esos problemas que todos sabemos seguirán ahí. ¿Qué sentido tiene por ejemplo que las autonomías se dividan entre las que ayudan a las familias a las exhumaciones y aquellas otras, gobernadas por la derecha, que las dificultan?

Para la propia derecha es una gran oportunidad que salga a flote este asunto, ya que podrá demostrar de una vez por todas que carece de todo fundamento acusarle de ser la heredera de ninguna dictadura. Lo esencial, en definitiva, no es tanto si Garzón cometió errores judiciales, algo que le puede pasar a cualquiera por muy bueno que sea, sino que su caso nos ha permitido constatar la necesidad de hacer deberes que no están hechos: reparar a las víctimas de la dictadura con la verdad y la justicia, y a partir de ahí disfrutar de la democracia.


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