Más datos sobre el PP valenciano en la trama Gürtel

  Recientes testimonios recabados en la sede del PP, en la calle Génova, ponían de relieve la severa preocupación que supone para el partido la incidencia que tendrá la trama Gürtel en las elecciones autonómicas y municipales en las comunidades más alcanzadas por la trama corrupta. Y señalaban, en particular, la incertidumbre sobre el futuro político de Francisco Camps, presidente valenciano y líder del PP en la comunidad. En realidad, desde que se reveló el asunto de los trajes regalados por Correa y El Bigotes, Camps ha estado "bajo la lupa" y bajo sospecha, a pesar de que inicialmente su "más que amigo" el juez De la Rúa pretendió archivar el caso. El diario El País, que desde el primer momento del caso le ha prestado especial atención, revela que la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad) y ocho organismos públicos dependientes del Ejecutivo autónomo del PP adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por 7,2 millones de euros.

   De esos contratos, la inmensa mayoría se adjudicaron a dedo sin requerir expedientes de contratación. Se trata de un informe pericial de la unidad de auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel, y que remitió hace algo más de una semana un informe de 43 páginas donde denuncia múltiples irregularidades en la contratación con las empresas de la trama corrupta que salpican tanto a Francisco Camps, como a su vicepresidente y a siete consejeros del Gobierno del PP.

   Sobre la mayoría de los contratos menores, adjudicados a dedo, el informe señala una larga serie de irregularidades: "En al menos 14 actividades se ha fraccionado el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, recogidas en la normativa reguladora de la contratación pública". Los distintos departamentos del Gobierno valenciano del PP vulneraron las normas de varias formas, según el informe pericial. El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos que se adjudican a la misma empresa; el mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos, algunos de los cuales adjudican a la misma empresa y otros se adjudican a empresas diferentes pero del mismo grupo [pertenecientes a la red de sociedades de Francisco Correa].

   Sigue relatando el referido informe periodístico que, de cada una de estas actividades, el informe pericial aporta ejemplos tras el análisis de los distintos expedientes de contratación. Los peritos destacan, por ejemplo, que tras adjudicar la Agencia Valenciana de Turismo en 2005, éste sí por concurso, el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la feria Fitur que se celebra en Madrid todos los años, otras consejerías como Vivienda o Infraestructura y Transportes, contrataron diversos servicios para ese pabellón fraccionando el objeto de contrato para no tenerlo que sacar a concurso y adjudicárselo a las empresas de la trama corrupta, "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".

   A la luz de los nuevos datos, parece probable que Camps y sus colaboradores más próximos vuelvan a verse reclamados para nuevas declaraciones. Pero sin excluir los efectos políticos que también tendrán revelaciones de esta índole, que Camps siempre negó, de manera tajante, ante la Asamblea valenciana y los medios informativos.