Escándalo en las prisiones

       ¿Se imaginan ustedes a una funcionaria de prisiones vigilando, sola, en una galería en que hay un centenar de internos, algunos de ellos condenados por violación o por malos tratos?  Esta escena es una realidad, y así lo denuncian desde hace tiempo profesionales de Instituciones Penitenciarias, sin que se les haya hecho caso. Añadamos que desde hace unos días, en la cárcel femenina e Alcalá-Meco, en Madrid, se investiga a funcionarios que podrían haber mantenido relaciones sexuales con algunas reclusas a cambio de favores como facilitarles alcohol o drogas, o permitirles hablar por el teléfono móvil.

     El Partido Popular ha propuesto una modificación de la llamada “Ley de Igualdad”, que en marzo de 2007 unificó en una sola escala las escalas masculina y femenina del  Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, dando pie a la situación actual, a una situación ciertamente complicada.

     Es obvio decir que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. También que, pese a que a algunos les parezca sorprendente, debido a las costumbres y al paso del tiempo, cada día es más normal, afortunadamente, que una mujer realice una intervención quirúrgica, pilote un avión, sea ministra de Defensa o suba el Everest.

     Sin embargo, este bendito afán de igualdad debe guiarse por el sentido común, y no por hacer tabla rasa de todas las situaciones. Y es ese sentido común el que sugiere que en las cárceles  (que no son precisamente un mundo idílico y encantador…) los trabajos de vigilancia, cacheos y registros se realicen como hasta hace poco tiempo se hacía: los funcionarios varones en las galerías de hombres, y las funcionarias mujeres en las zonas en que cumplen condena las reclusas.

    Porque una cosa es discriminar y otra muy distinta cerrar los ojos a la realidad. Si la ministra de Igualdad o el Gobierno tienen alguna duda, que escuchen la voz de las funcionarias de prisiones. Y, si no, que lean los periódicos. Hay, insistimos, circunstancias específicas en que, sin vulnerar la igualdad   (de horarios, de salarios, de promoción profesional), se pueden hacer las cosas mejor. Quizá sean casos excepcionales, pero merecen ser tenidos en cuenta. Una funcionaria de prisiones entre un grupo de violadores y de maltratadores (con certificado oficial de tales, como se deriva de su condena), no  es precisamente un indicador de progreso ni un homenaje a la dignidad de la mujer.