Coca dijo que “no es correcto decir que no estamos haciendo nada. Nosotros definitivamente estamos tomando actitudes para que de la manera que corresponda se pueda resolver este asunto”.
Lamentó que los representantes de Caranavi no hubiesen aceptado el diálogo, pues “soberbia sería no querer escucharlos, soberbia sería cerrar los ojos y los oídos. El hecho es que, en este momento, estamos dispuestos al diálogo y son ellos los que no quieren dialogar”.
Los afiliados a la Subfederación de Volantes a Yungas marcharon ayer desde su sede social en Villa Fátima hasta la avenida Simón Bolívar en Miraflores —donde la Policía les impidió el paso— para exigir al Gobierno que solucione el problema, porque les causa enormes pérdidas.
Elías Ajnota, tesorero de esa entidad gremial, informó que no se puede calcular el perjuicio económico, aunque éste es muy grande, pues a diario 200 unidades salen con destino a la zona amazónica.
Por su parte, el principal dirigente de los transportistas yungueños, Andrés Patón, denunció que la Policía aplicó multas a los 15 conductores detenidos entre Miraflores y el centro paceño por circular sin placas de control.
Los transportistas se reunirán hoy en un ampliado para decidir nuevas acciones de protesta y presión.
En tanto, las poblaciones benianas de las provincias José Ballivián, Yacuma, Moxos y Cercado ya sienten el desabastecimiento de productos.
Contra Caranavi
Los mineros cooperativistas, la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical y los comunarios de Alto Beni exigen a Caranavi levantar el bloqueo que sostiene desde el lunes 26.
Caranavi demanda que una planta procesadora de cítricos sea instalada en esa capital provincial y no en Alto Beni, el asfaltado de la carretera que une Santa Bárbara con Quiquibey, la instalación de una universidad, entre otros reclamos.
Esta capital provincial es el paso obligado de ingreso al norte tropical, Alto Beni y los departamentos de Beni y Pando.
El bloqueo interrumpió el abastecimiento de combustibles y víveres a los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, Guanay, Tacacoma, Quiabaya, Combaya, Tipuani, Mapiri y Teoponte, así como a las poblaciones aledañas.
Anoche, los cooperativistas de Guanay esperaban la llegada de un contingente de mineros de Tipuani para dirigirse, con armas de fuego y dinamita, hacia los puntos de bloqueo que impiden el paso al norte tropical paceño.
Juan Mamani Fabián, secretario de hacienda de la Federación Regional de Cooperativas Auríferas de Tipuani (Ferreco), informó que los trabajadores de base concedieron plazo hasta las cero horas de hoy para que se levante la medida de fuerza o de lo contrario desbloquearán por la fuerza la ruta troncal.
El dirigente reiteró que al no haber combustible para las bombas extractoras de los cuadros, éstos pueden inundarse y se perderá una inversión cuantiosa que no es posible calcular.
“Las bases nos quieren rebasar. Recibimos llamadas constantes de los hermanos mineros. Nos exigen que reclamemos porque la situación en la zona es desesperante, pero no podemos hacer más”.
Carlos Troche, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman) coincidió con ese criterio sin ocultar su preocupación por un posible enfrentamiento que dejaría un lamentable saldo de muertos y heridos.
Enrique Calle Honorio, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical y alcalde de Guanay, responsabilizó al Gobierno por los posibles choques violentos que pueden producirse en cualquier momento.
“Pedimos al Gobierno involucrarse en el tema y convocar al diálogo, porque si va a seguir insistiendo que es un tema regional que debe ser solucionado entre ellos, la situación se complicará más”.
Calle Honorio dijo que, además de los problemas de abastecimiento que confrontan familias enteras y la paralización de actividades de las cooperativas auríferas, las empresas que ejecutan obras para los municipios interrumpieron sus labores, la fruta se descompone incluso en los huertos y las cosechas de té ecológico no pueden ser trasladadas a la planta procesadora de Chimate.
“El daño económico no se puede cuantificar ahora, pero creemos que será incalculable, por eso exigiremos la construcción de estos caminos, que son una alternativa y son de conocimiento del Gobierno, la Prefectura y la misma Administradora Boliviana de Carreteras”.
La autoridad municipal dijo que se halla abocado a evitar un enfrentamiento entre hermanos que podría dejar dolor y causar la pérdida de vidas.
La red Erbol informó que la población de Guanay se ha declarado en paro cívico y que no solamente los cooperativistas mineros, sino también los madereros, campesinos y otros sectores se suman al contingente que se apresta a desbloquear la ruta por la fuerza.
Mientras tanto, unas 550 personas provenientes de Alto Beni llegaron ayer a la población de La Asunta, donde esperan congregar a unas 450 más para sumar un millar de caminantes.
Ese grupo realiza una caminata cuyo objetivo es arribar la próxima semana a La Paz, según informó el ejecutivo campesino Serapio Marca, para exigir que se levante el bloqueo y que la procesadora de cítricos se instale en la zona productora.
“La nuestra es una marcha pacífica. Se unirán hermanos de Chulumani y otros sectores yungueños. Decidimos caminar hacia La Asunta para evitar enfrentamientos con la gente de Caranavi. Nosotros queremos una solución sin violencia. Por eso es nuestra medida”.
Los transportistas toman un rehén
Transportistas varados en el punto de bloqueo de El Choro tomaron ayer por la mañana como rehén a uno de los integrantes de una comisión de dirigentes de Caranavi que se dirigía a La Paz para entablar negociaciones con autoridades de Gobierno, informó ayer Richard Quispe, secretario ejecutivo de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA).
Emilio Luque, secretario de conflictos de esa entidad, guiaba el vehículo que traslabada a cinco personas con esa finalidad. Cuando el grupo intentaba cruzar por el sector donde se hallan los motorizados detenidos, los choferes rodearon a la comitiva. Cuatro de sus integrantes lograron huir en la confusión, pero Luque quedó retenido porque no pudo abandonar el coche, en tanto que José Calderón, secretario general de la Central Illimani, quedó retenido contra su voluntad, pero pudo huir y regresó a Caranavi.
Los trabajadores del volante amenazan con incendiar ese automóvil. Quispe exteriorizó su esperanza de que no se lo dañen, pues fue una donación del Gobierno.
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