El primer documento requerido es técnico, y será levantado por ingenieros y arquitectos para determinar la situación en la que se encuentran las edificaciones policiales. Esta evaluación fue iniciada el viernes, en La Paz y El Alto, y culminará esta semana. Luego, el diagnóstico se realizará en el resto del país.
La segunda investigación establecerá si se efectuaron las inversiones en trabajos de mejora y ampliación de las construcciones entre el año 2006 y parte de 2007. “También estoy pidiendo el informe de la gestión 2006, que como todas las anteriores tenía ítems similares a los que aparecen en el presupuesto 2007”.
Rada explicó que 724 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación están destinados anualmente a la Policía Nacional. La cifra incluye los gastos para las dependencias policiales en los siguientes rubros: mantenimiento y reparación de edificios antiguos, 2,1 millones; mantenimiento de infraestructura policial relativamente nueva, 1.508.000 bolivianos, y ampliación de infraestructura, 1.250.000 bolivianos.
Los tres ítems, en 2007, suman 4.858.000 millones de bolivianos, que tienen como destino específico a las construcciones “verde olivo”, y ascienden a poco más de 9,7 millones de bolivianos si se suma lo presupuestado en la gestión 2006. A este total se adicionan los recursos que la Policía Nacional obtiene mediante recaudaciones. “Hay 300 millones de bolivianos aparte de lo otorgado por el TGN, una parte corresponde a esos ingresos”.
Los cuestionamientos a las condiciones de las dependencias donde los efectivos desenvuelven sus tareas surgieron el viernes, cuando dos uniformados, Teófilo Pinto y Juan Choquehuanca, perecieron aplastados por un muro que cayó mientras ellos dormían en su habitación del Distrito Policial (DP) 1, ubicado en la zona de San Pedro.
Ambos fueron enterrados el sábado, en medio de la congoja de sus familiares y el malestar de sus camaradas, algunos de los cuales criticaron —off the record (fuera de registro)— la precaria situación en la que trabajan los uniformados en sus unidades, a veces sin médicos, camas y sin una taza de café a su alcance.
“Espero que no se verifique que el presupuesto destinado a la infraestructura fue utilizado en otras cosas”, advirtió el Ministro de Gobierno a la Prensa. Si fue así, adelantó que las autoridades policiales deberán explicar por qué no se realizaron las inversiones. “Queremos establecer si hubo negligencia de algunos mandos de la Policía Nacional”.
El comandante departamental de La Paz, coronel Manuel Saavedra, al ser consultado por este medio sobre los gastos realizados por su dependencia en los edificios policiales, aclaró que no conoce el tema. “No tengo ningún conocimiento sobre eso. Esa pregunta la tiene que trasladar al Comando General”.
Al reiterarle la consulta de si el Comando Departamental no manejaba ningún dato sobre las inversiones en las construcciones de la institución situadas en La Paz y el El Alto, Saavedra reiteró que “el Comando Departamental no tiene conocimiento sobre ningún presupuesto”.
Fuentes del Comando General de la Policía Nacional informaron que el comandante Miguel Vásquez estaba de viaje, además de que el oficial interino designado, José Arias, no haría ninguna declaración a la prensa hasta recibir un informe de la rendición económica de las unidades policiales.
Pese a que el ministro Rada no quiso adelantar conclusiones sobre los informes solicitados, expresó su preocupación por que hay indicios de negligencia en las esferas policiales, que repercuten en el mal estado de los inmuebles “verde olivo”.
“En las inspecciones técnicas hechas el viernes, salta a la vista que la Policía no está efectuando las inversiones necesarias para el mantenimiento y reparación de sus edificios”.
La Prensa visitó las dependencias de Bomberos de la zona Sur, en la calle 25 de Calacoto, y evidenció que sólo hay un cuarto de cuatro por tres metros donde cohabitan 10 efectivos de la institución, quienes hicieron alrededor de mil adobes para levantar la habitación destinada a la Comandancia de Guardia.
Esta construcción —de dos por dos metros— está inconclusa y una de sus paredes es sujetada por un tronco de árbol para evitar su inminente caída.
El sábado, el Comandante Departamental fue consultado sobre las condiciones paupérrimos en las que trabajan los bomberos de la zona Sur, pero evitó cualquier comentario, ya que esperará la evaluación técnica de los edificios policiales.
Para Rada, “es evidente que en el DP1 y Tránsito, en las últimas gestiones, no se efectuaron significativas inversiones para mantenimiento, mejora, reparación y remodelación”.
El Ministro aclaró que, de ser necesario y si la Policía demuestra que el presupuesto del TGN y los recursos propios son insuficientes para su modernización, se utilizará un monto de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos; aunque no especificó la cifra.
El Comando General debe indemnizar a las familias: “El Ministerio de Gobierno no es el encargado de indemnizar a los familiares de los fallecidos, yo sólo me comprometí a velar por que este proceso se cumpla", aclaró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ante la desconfianza expresada por los parientes de Teófilo Pinto y Juan Choquehuanca de que la indemnización comprometida, que asciente a 4.000 dólares, no se cumpla.
El sábado, en el entierro de los efectivos, Tomasa Choquehuanca —hermana de Juan—, y Dionisio Pinto —consanguíneo de Teófilo—, manifestaron que dudan de que el Gobierno cumpla con el pago de la indemnización, la renta vitalicia y la entrega de tres ítems de trabajo en la institución policial para los hijos de las víctimas fallecidas el viernes.
“Es que ni el ministro (Rada), ni las autoridades policiales firmaron ningún documento de compromiso para la cancelación de este pago”, dijo Dionisio. “Además, nos dijeron que el proceso tardará un mes y medio, pero será más largo si no tenemos algunos papeles de mi hermano en orden”, sostuvo Tomasa.
La autoridad gubernamental aclaró que el comandante general de la Policía Nacional, Miguel Vásquez, y el comandante departamental de La Paz, Manuel Saavedra, sostuvieron una reunión con los allegados de los uniformados que murieron bajo uno de los antiguos muros del Distrito Policial 1 de la zona de San Pedro.
“La Policía Nacional tiene sus propias normas y dispone el tratamiento que se dará en casos como éste, donde fallece personal en cumplimiento del deber”, aclaró Rada, y añadió que cuando se hizo presente en el velorio de los uniformados, el viernes, las familias le comunicaron los acuerdos y compromisos alcanzados con las autoridades policiales.
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