Uruguay no acepta los controles dentro de la papelera

El Gobierno uruguayo no aceptará la propuesta argentina de un control continuo de la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) porque excede las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el conflicto bilateral, confirmaron  fuentes oficiales.

El canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo que los controles de ambos países sobre el río Uruguay "se deben cumplir de acuerdo al fallo de la Corte".

En tal sentido, especificó que el mandato de la Corte no es el control de las aguas de todo el río, sino "el control de la calidad de las aguas en función de la instalación de la planta" UPM, destacó Almagro en declaraciones a medios locales.

"Se está trabajando con la finalidad de elaborar un marco de referencia", agregó el canciller.
Al responder sobre la solicitud de Argentina, en cuanto a la vigilancia integral sobre la planta de UPM y si Uruguay había sido notificado sobre esa situación, el canciller afirmó que su Gobierno recibió una propuesta en la última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

La CARU, a pedido de Argentina, se volverá a reunir el 17 de mayo y cada país presentará una propuesta.
Almagro expresó que "se debe tener en cuenta el marco de referencia constituido por el fallo de la Corte Internacional de La Haya".

"También se cuenta con otro marco de referencia, que son las competencias de la CARU. No se pueden exceder en las negociaciones ni las competencias de la CARU, ni lo expresado por la Corte de La Haya", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

La ministra uruguaya de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, fue menos diplomática y más directa.

"Argentina presentó una propuesta que va más allá de lo establecido en el régimen de control", afirmó.
El Gobierno argentino "presentó un plan de monitoreo en la planta y no en el río, que es lo que le compete a la CARU", dijo la ministra a medios locales, tras explicar en el Parlamento los planes de su Secretaría de Estado.

Almagro anunció que el presidente uruguayo, José Mujica, y la presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunirán el 4 de junio en la estancia presidencial uruguaya de Anchorena, ubicada en el departamento de Colonia, frente a Buenos Aires.

El Gobierno argentino presentó el pasado 11 de mayo un proyecto de vigilancia "integral y continua" de la planta de UPM (ex Botnia) y de su impacto ecológico.

La delegación argentina ante la CARU, creada en 1975 por el tratado bilateral sobre el río Uruguay que ambos países comparten, presentó el proyecto tres semanas después de que la Corte de La Haya falló que el Gobierno uruguayo incumplió el tratado al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta de celulosa.

La fábrica de la ex Botnia, que comenzó a funcionar en 2007, está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, y frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos.

La Corte de La Haya estimó que la planta no contamina y puede permanecer y funcionar en su actual ubicación.

Fernández y Mujica se reunieron días después del fallo en Buenos Aires para analizarlo y estudiar posibles pasos futuros.

La instalación de la planta de celulosa desató el peor conflicto en décadas entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, agravado por el bloqueo que ecologistas argentinos mantienen desde fines de 2006 en el más importante puente internacional que une ambos países, en protesta por la construcción y funcionamiento de la fábrica.