Así lo hizo conocer ayer el embajador plenipotenciario para Asuntos Comerciales y asesor de Evo Morales, Pablo Solón, en una conferencia con los medios internacionales.
El Viceministerio de Inversión Pública aseguró que la decisión del Ejecutivo no afectará la ayuda comprometida por esos países, mientras que otros expertos advirtieron de riesgos en los nuevos emprendimientos que se desarrollen en Bolivia.
La revisión de los convenios internacionales surge luego de que el Gobierno boliviano comunicara, el 2 de mayo, al Banco Mundial (BM) su retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo encargado de regular las inversiones entre Estados nacionales. La mayor parte de los convenios del país consideraban a esa instancia como foro válido para resolución de controversias.
Bolivia tiene acuerdos de protección recíproca de inversiones suscritos desde 1987. Esos documentos garantizan la seguridad jurídica a los capitales bolivianos en las naciones adscritas como los de éstas en el territorio nacional. En caso de expropiación, se estableció el pago de una compensación justa.
El anuncio surge en momentos en que Bolivia afronta dos negociaciones binacionales complicadas: con Petrobras para controlar las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder, y con Euro Telecom Internacional (ETI) para comprar la participación accionaria de la telefónica capitalizada Entel.
La decisión de abandonar el CIADI fue hecha pública hace una semana en la cita de la Alternativa Boliviariana para las Américas (Alba) bajo el argumento de que no beneficiaba a la naciones sino al capital extranjero. Venezuela, Nicaragua y Cuba se sumaron a esa iniciativa.
Actualmente, el CIADI analiza dos demandas contra Bolivia: una de la telefónica Telecom de Italia, presentada el 30 de abril, y otra de Quiborax de Chile, registrada en 2005, y que se encuentra en la etapa de formación del tribunal arbitral. Ambas se seguirán ventilando en ese foro porque la salida de Bolivia tomará seis meses.
Solón precisó que se realizará una revisión gradual de cada documento y se hará una explicación país por país. “Hay posibilidad de renegociarlos o de denunciarlos”.
Según la autoridad, en algunos casos, que no especificó, los tratados están llegando al término de su vigencia pactada y serán renegociados para determinar la forma en que el Estado resolverá las controversias con las multinacionales, dada la salida boliviana del CIADI.
La semana pasada, Solón dijo que “Bolivia nunca debió aprobar en el Congreso el convenio con el CIADI, porque es violatorio de nuestra CPE, que establece que los acuerdos deben someterse a las leyes bolivianas”.
Fuentes de la cooperación internacional consultadas por La Prensa señalaron que la intención del país de revisar los tratados de protección de inversiones generará desconfianza y ahuyentará a los capitales. Eso, dijeron, a su vez repercutirá negativamente en el crecimiento económico y afectará la cooperación externa que llega en calidad de créditos o donaciones destinados a diversos proyectos.
La viceministra de Inversión Pública, Carmen Alcoreza, desestimó que la decisión del Gobierno de alejar a Bolivia del CIADI y revisar algunos convenios tenga algún impacto en la ayuda que recibe el país para financiar la inversión pública porque se trata de recursos que llegan en virtud de acuerdos de cooperación y negociados con gobiernos.
El vocero de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Yussef Akli, dijo que si el país decide revisar los acuerdos, éstos no tienen carácter retroactivo. “Un tratado bilateral agrega valor al inversionista porque es un mecanismo al cual se recurre en caso de afrontar problemas”.
Bolivia recibió luego de la capitalización flujos de inversión extranjera superiores a los 3.000 millones de dólares; sin embargo, posteriormente disminuyeron debido a los conflictos sociales y la inestabilidad política. En 2006 se captaron 240,1 millones.
El ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón opinó que la nación puede ajustar los convenios suscritos pero en aquellos casos donde existan vacíos y amerite una interpretación.
Evo pide apoyo a organizaciones
El presidente Evo Morales ratificó ayer su pedido a las organizaciones sociales de apoyo a la campaña internacional iniciada a comienzos de este mes para acabar con los organismos multilaterales “que dañan a Bolivia”, como es el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Jefe de Estado reiteró que este organismo de solución de controversias es “ilegal” y favorece sólo a los capitalistas extranjeros, porque cuando algunas compañías incumplen las inversiones comprometidas, recurren a este tipo de árbitros internacionales y ganan, lo cual no está bien.
“Como Gobierno, necesitamos apoyo para recuperar los recursos naturales”, afirmó el Mandatario.
La anterior semana, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba decidieron “denunciar” a la CIADI, es decir, tomaron la determinación de no ser miembros de esta instancia de solución de controversias y está corre un plazo de seis meses para que el asunto sea resuelto.
Hay menor dependencia del exterior
Gracias a los ingresos por hidrocarburos, este año Bolivia depende menos de la cooperación externa para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).
El presupuesto consolidado para la presente gestión alcanza a 58.917.733.732 bolivianos, monto que se cubre con recursos propios y externos.
El 64,6 por ciento se financia con ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN), el 25,3 por ciento con recursos específicos provenientes de regalías y dinero de las municipalidades, el 6,6 por ciento con crédito externo y el 3,5 por ciento con donaciones de países amigos.
El financiamiento del Programa de Inversión Pública, que asciende a 8.806,7 millones de bolivianos (más de 1.000 millones de dólares), está respaldado en un 67,3 por ciento con ingresos internos y sólo un 32,7 por ciento con fuentes externas, 8 por ciento donaciones y 1,1 por ciento donaciones provenientes del Programa de Alivio de la Deuda de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC II).
La protección debe ser recíproca
El ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón explicó que los acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones tienen como objetivo central establecer mecanismos “sobre todo jurisdiccionales” para proteger los capitales de las empresas de un determinado país que invierten en otra nación.
En la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA) están registrados 22 tratados de esta naturaleza que Bolivia firmó con un número igual de países, aunque el Gobierno da cuenta de 24. La mayoría de esos documentos está en idioma inglés, sólo los pactos que la nación suscribió con Argentina, Chile y Ecuador están en español.
A través de esos tratados, los Estados reconocen la promoción y la protección de las inversiones sobre la base de un convenio o un marco jurídico adecuado que regule y garantice esta situación.
Para dirimir diferencias surgidas entre las partes relativas a la interpretación y aplicación de este tipo de convenios, el documento establece, en una de sus claúsulas, que en la medida de lo posible será resuelto por negociaciones directas o por la vía diplomática, pero en caso de no haber solución se irá a un arbitraje, en el que los dos países nombran a un representante y también invitan a una tercera nación.
En caso de haber controversias entre Bolivia y una empresa extranjera, esta situación será resuelta primero en el tribunal de la nación que plantea el conflicto, y de no haber solución se irá a un proceso internacional. En el tratado de los tres
países antes mencionados se señala como árbitro a la CIADI, aunque en el caso de Ecuador y Argentina también se considera a un tribunal "Ad-Hoc”, establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La vigencia de estos contratos es de 10 años en el caso de Argentina y Ecuador, y de 15 años para Chile.
En los tres casos, si luego de cumplido el plazo de su vigencia, en el término de un año ninguna de las partes comunica su decisión de renovarlo, su continuación es automática.
Países con los que Bolivia firmó tratados
País Fecha suscripción Fecha vigencia
Alemania 23 marzo 1987 9 noviembre 1990
Argentina 17 marzo 1994 1 mayo 1995
Bélgica 25 abril 1990
Chile 22 septiembre 1994 16 mayo 1999
Corea 1 abril 1996
Costa Rica 7 octubre 2002
Cuba 6 mayo 1995
Dinamarca 12 marzo 1995
Ecuador 25 mayo 1995 15 agosto 1997
España 24 abril 1990 12 mayo 1992
Estados Unidos 17 abril 1998 7 junio 2001
Francia 25 octubre 1989
Italia 30 abril 1990 22 febrero 1992
País Fecha suscripción Fecha vigencia
Países Bajos 10 marzo 1992 1 noviembre 1994
Paraguay 3 mayo 2001
Perú 30 julio 1993 19 febrero 1995
Reino Unido 24 mayo 1988 16 febrero 1990
Rumania 9 octubre 1995
Suecia 20 septiembre 1990 3 julio 1992
Suiza 6 noviembre 1987 13 mayo 1991
* Uruguay
* Venezuela
* No existen datos oficiales en la página web de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de estos dos últimos países.
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