La interprofesional del sector de la fresa de Huelva ha presentado un escrito formal ante la Fiscalía en el que muestra su preocupación por la falta de soluciones ante el drama de los asentamientos y pide su intervención ante una situación que perjudica gravemente la imagen de la provincia, se perfila como motivo de los ataques de la prensa extranjera al sector de la fresa y que sobre todo, es un problema de orden público y una tragedia humana inconcebible en una sociedad como la nuestra.
En el documento dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Jesús Jiménez Soria, se explica a grandes rasgos la evolución de los sistemas de contratación de trabajadores para las campañas agrícolas de la provincia de Huelva, especialmente, el sistema de contratación de trabajadores extranjeros en origen, caracterizado por un notable éxito de funcionamiento y un alto grado de satisfacción para trabajadores y empresarios.
Este sistema ha estado siempre supervisado por las administraciones, las autoridades, los sindicatos y las organizaciones empresariales, y ha incluido mecanismos de férreo control de lo que se conoce como ‘efecto llamada’, conscientes todas las partes del peligro si no se ponía coto a los cantos de sirena que podrían atraer a personas desesperadas a las que no se puede dar solución a su problemática.
Sin embargo y pese a las numerosas campañas informativas y a los mecanismos de control, esto no ha impedido que centenares de personas, sobre todo procedentes del África subsahariana, hayan entrado de forma irregular en España con la esperanza de obtener un trabajo. Pero los inmigrantes ilegales no pueden ser contratados bajo ningún concepto.
De hecho, la Ley es extremadamente severa a este respecto. Las multas pueden alcanzar los 60.000 euros y hasta penas de cárcel para quienes incumplan la Ley de Extranjería y empleen a una persona en situación de ilegalidad. Como es lógico, ningún empresario puede correr semejante riesgo.
Y de este modo, la provincia de Huelva ha llegado a una situación lamentable y vergonzosa, de todo punto inconcebible para la sociedad supuestamente civilizada en la que vivimos: las personas llegadas de otros países en situación irregular se hacinan en asentamientos diseminados por la provincia, en unas condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua, sin alimentos y sin las más mínimas medidas sanitarias, situación que pudiese desembocar en un problema de orden público.
Además de lo lamentable de esta situación que va en contra de todo lo estipulado en materia de Derechos Humanos, se da otra circunstancia: la identificación del sector y de los empresarios agrarios como los culpables de este drama. Tanto es así que ciertos medios de Francia y Suiza han usado esta lamentable imagen para desprestigiar y atacar al sector en las últimas informaciones demagógicas publicadas en estos países, ocasionando un daño irreparable.
Por estos motivos, Interfresa, como aglutinadora de todo el sector productor y comercializador de la fresa andaluza considera de extrema gravedad social y económica, y teniendo en cuenta que las gestiones realizadas ante distintos ayuntamientos y ante la Subdelegación del Gobierno no han dado fruto alguno, la interprofesional insta al fiscal a que tome las medidas necesarias para acabar con esta lamentable situación, restaure la dignidad de estas personas y evite que el sector continúe sufriendo daños por algo que no ha motivado.
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