jueves 10 de junio de 2010, 09:17h
En los cruciales momentos que estamos viviendo, con las drásticas medidas del Gobierno de reducción del sueldo de los funcionarios y congelación de las pensiones, no puede el ciudadano común dejar de quedarse atónito ante la noticia de que la Generalitat admite que no comprimirá, como prometió hace pocos días, su estructura y que deja para otoño la reforma legal necesaria. Por lo que no se podrá aprobar, arguyendo que un plan de reducción de la administración requiere años.
O sea que las anteriores medidas que afectan directamente a la ciudadanía de a pie, sí se pueden tomar con carácter de urgencia, sin largos períodos de aprobación, pero lo que atañe a reducir gastos de gestión (ministerios, consellerías, entidades superfluas) resulta que es intocable.
De modo que el cacareado anuncio sobre el recorte del déficit y las medidas de austeridad para desburocratizar la administración, han sido un mero anuncio propagandístico de buenas intenciones.
Se barajan argumentos como que el proceso de supresión de los 63 organismos públicos que el Govern de la Generalitat prometió hace unos días, requiere una modificación legal y que no se plantea aprobar estos cambios legislativos hasta pasado el verano por lo que ya no habrá tiempo para votar el texto en el Parlament.
El Govern había anunciado que iba a eliminar, absorber o fusionar 52 de los 63 organismos previstos dentro del plan de racionalización y simplificación del sector público catalán, y que los otros 11 iban a requerir una modificación de ley y un plazo más largo para su aplicación. El anuncio se realizó después de que un informe técnico de la Generalitat aconsejase disolver o fusionar 104 organismos.
En el caso de la supresión de entidades, el Govern alega ahora complejidad técnica y niega que se hablara de ejecutar la iniciativa este año, sin fijar ni un calendario, ni especificar a quien afectará.
Y los ciudadanos seguimos confundidos ante las arbitrariedades y ver como se manejan, por no decir administran, los recursos públicos.
Cuando ha llegado el momento de estrecharse el cinturón, nuestras autoridades tendrían que recortar in extremo el gasto público.
¿Para qué nos sirve tal proliferación y duplicación de entidades y subentidades de carácter estatal, autonómico y municipal? Recortemos lo superfluo.
Pero ¿cómo se puede prescindir de todo un aparato que es la base de supervivencia electoral de la clase política?
Aunque ya estamos acostumbrados a las repentinas contradicciones de nuestros gobernantes, el asombro y desafección no dejan de ir en aumento.
Si (
No(
