El proyecto indica que empresas como los proveedores de banda ancha, los motores de búsqueda o las empresas de software que el Gobierno seleccione tendrían que cumplir "inmediatamente" las medidas de emergencia determinadas por el Departamento de Seguridad Nacional, bajo riesgo de multa si no lo hicieran.
Esta autoridad de emergencia permitiría al Gobierno de los EE.UU. "preservar las redes" para poder así "proteger" al país y a los ciudadanos en caso de emergencia; según afirmó el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Joe Lieberman, en declaraciones a CNET recogidas por 'Portaltic'.
El anuncio de este proyecto ha provocado una rápida reacción de TechAmerica -uno de los mayores grupos de presión tecnológicos en Estados Unidos -, que declaró estar "preocupado" sobre las "consecuencias no deseadas que se derivarían del enfoque regulador de la legislación" y de "la posibilidad de poder absoluto".
También el Centro para la Democracia y la Tecnología manifestó públicamente su preocupación por el hecho de que estos poderes de emergencia otorgados al Gobierno "incluyan la autoridad para cerrar o limitar el tráfico de Internet en los sistemas privados".
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