Esta Reforma Laboral nos aleja del cambio de modelo productivo

La escalada del desempleo derivada del retroceso en la actividad económica, generado por la crisis financiera mundial, dio lugar a la puesta en marcha de una serie de medias iniciales, cuyo propósito era estimular la demanda, pero que lo único que lograron fue “tapar parches”. Además, como la crisis económica mundial no se resolvió en ese primer estadio, el déficit público se disparó. Y nuestras tajantes obligaciones europeas han hecho que la imposición de reducir este déficit excesivo  (provocado, no lo olvidemos, por la crisis financiera) se anteponga a la necesidad de estimular el crecimiento económico.

Conviene señalar que no todo el gasto que origina el déficit se puede considerar en los mismos términos. Hay que separar el gasto corriente del gasto en inversión pública; y dentro de ésta, hay que distinguir entre la protección social, en particular a las personas desempleadas, la inversión material e inversión en investigación, en formación o educación, gasto imprescindible en el deseado cambio de modelo productivo, que permita el crecimiento sostenible, perdurable y equilibrado. Y es este crecimiento el que, a su vez, hará posible la corrección de déficit excesivos y posibilitará la vuelta a la estabilidad presupuestaria.

    El pasado mes de febrero, el Gobierno cambió la estrategia de salida de la crisis basada en tres pilares fundamentales: la consolidación presupuestaria, la reestructuración y el fortalecimiento del sector financiero y una estrategia de salida para la economía real. Ahora bien, esta estrategia se ha materializado en un fuerte ajuste del gasto público, en la aniquilación de la política fiscal expansiva y en la consecuente lapidación de las medidas de estímulo de la economía. Sus intenciones se hacen explícitas en las políticas de ajuste y los recortes sociales y salariales (recorte de la inversión productiva, congelación de las pensiones, rebaja de los salarios de los empleados públicos), y quién sabe si en futuras intenciones de ajuste sobre las pensiones, la negociación colectiva y las prestaciones por desempleo. Queda por ver su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

    En esta estrategia de políticas de ajuste, el Gobierno presentó en la mesa del Diálogo Social una serie de líneas de actuación que favorecieran la creación de empleo y adecuaran las relaciones de trabajo a la situación de las empresas, salvaguardando los derechos de los trabajadores. Estas medidas reconocían a la reforma de la negociación colectiva el carácter bilateral, tal y como acordamos los interlocutores sociales en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012; también incluía medidas de fomento del empleo de los jóvenes, de mejora de la intermediación laboral, de mejora de la estabilidad en el empleo y de reducción de la segmentación del mercado de trabajo, entre otras.

Ahora bien, estos buenos propósitos del Gobierno saltaron por los aires en pocas semanas. Así, la reforma del mercado laboral planteada por el Ejecutivo no contribuye al cambio de modelo productivo ni potencia las políticas activas para la transición laboral y la reinserción de los desempleados. Tampoco actúa debidamente sobre la contratación temporal, más bien al contrario, hace al empleo fijo tan vulnerable como el empleo temporal. Pero es que además nos aleja del cambio de patrón de crecimiento, buscando la competitividad de nuestra economía vía reducción de costes laborales y no vía incremento de la productividad, a través de la innovación, la formación y el empleo de calidad.
En definitiva, no es una reforma para crear empleo, sino para satisfacer la demanda histórica de las organizaciones empresariales: el abaratamiento y la facilitación del despido. Y voilá: demanda satisfecha. La reforma desregula las causas del despido, haciendo desaparecer los salarios de tramitación y reduciendo la tutela judicial. Además, con la legalización y las amplias facultades que otorga a las agencias privadas con ánimo de lucro, se privatiza el desempleo; la reforma también abre la vía de la contratación de las empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo, y lo que es peor, rompe la negociación colectiva y aumenta el poder de dirección empresarial para descolgarse de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos sectoriales, sin que puedan establecer a partir de ahora las condiciones y los procedimientos de inaplicación salarial en dichos convenios.

    En resumen, la reforma impuesta por el Gobierno cercena los derechos de los trabajadores de tal manera, que esta pérdida justifica el uso de una herramienta y un derecho de carácter constitucional que permite poner de manifiesto el rechazo total a la reforma, y no conformarse con ella: la huelga del próximo 29 de septiembre, precedida de movilizaciones, asambleas en los centros de trabajo, y de manifestaciones y concentraciones.

    UGT apuesta por la recuperación del Diálogo Social, así como la materialización de la reforma que necesita el país, que busque un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios, que no sea una regresión en los derechos de los trabajadores, y que contribuya de veras al necesario cambio de modelo productivo, para ello es imprescindible un salida social y progresista de la crisis.


Madrid, 29 de junio de 2010

Antonio Ferrer Sais
SECRETARIO DE ACCION SINDICAL DE UGT