El decreto de la reforma de las cajas de ahorro pone el acento sobre todo en la necesidad de abrir vías de financiación para estas entidades. Es una
vieja reivindicación del sector, azuzado además por la obligatoriedad que
impone la nueva regulación internacional sobre recursos propios, conocida
como Basilea III, cuya entrada en vigor está prevista para finales de 2012.
La normativa exigirá básicamente mayores requerimientos de recursos propios, exigencia de capital de más calidad, definición homogénea de los distintos tipos de capital y conexión directa entre el perfil de riesgo y las
obligaciones en cuanto a la solvencia.
Según explicaba hace poco el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, la caída de ingresos y la morosidad van a limitar radicalmente la capacidad del sector de generar orgánicamente recursos propios para hacer frente a esta normativa, de modo que la única vía de obtención de capital es la de acudir a los mercados. De ahí que se imponga la necesidad de explotar el camino de las.png)
cuotas participativas, pero el sector tendrá que modificar su estructura societaria,el otro gran problema de las cajas, puesto que son considerados un ente singular por su objeto social,la composición y funcionamiento de su consejo de administración y la consideración de sus accionistas.
La entrada de capital privado,con derecho a voto, va a modificar
necesariamente esta estructura. Fuentes del sector pronostican que tarde o
temprano,"las cajas serán bancos, pudiendo ejercer su actividad
indirectamente a través de un banco y traspasarle el patrimonio sujeto a la
actividad financiera". O, como comentan desde fuentes del sector, acogiéndose a la figura de fundaciones, es decir transformándose en una fundación y renunciar a su condición de caja.
Los SIP, un paso intermedio
De momento, y para reducir rápidamente el número de cajas a la mitad, como demandaba el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñéz, han optado por un paso intermedio: se han integrado en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad anónima, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.
Las cajas han optado en muchos casos por sellar procesos de integración a través de las SIP, que permiten mantener la personalidad jurídica de los órganos de gobierno de las cajas y no contrariar las poderes políticos de las comunidades autónomas que disponían de derecho de veto sobre operaciones de fusión en procesos interregionales. Pero es cuestión de tiempo que se integren en un banco o formen el suyo propio.
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