El TSJC ordena detener las obras del Alto del Cuco

A la espera aún está la resolución del recurso del Gobierno de Cantabria contra dicho planeamiento, anulado ya por sentencia de esta misma sala a raíz del recurso de la asociación ecologista ARCA.

En un auto, dado a conocerayer , la sala advierte de que la continuación de las obras podría "agravar el deterioro" ambiental "ya producido" y llegar a convertirlo en "irreversible" si siguen adelante mientras se falla sobre el recurso.

Además, considera que la suspensión del plan parcial es también la mejor opción para los compradores de las viviendas que se construyen en la zona, porque la continuación de los trabajos mantendría "en el tiempo la inseguridad jurídica" y permitiría concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición, que aún no es firme.

La decisión del TSJC se produce en respuesta a una petición del Gobierno de Cantabria que solicitó, como medida cautelar dentro del recurso contencioso que ha presentado contra el plan parcial, la suspensión del mismo y consecuente paralización de las obras.

El Gobierno también había pedido la suspensión de licencias y paralización de obras ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, dentro del proceso judicial iniciado a iniciativa de la asociación ecologista ARCA, pero su petición fue rechazada porque en ese caso no era la parte recurrente.

También le fue rechaza la medida cautelar de paralización de las obras cuando lo pidió en febrero de 2005 en el marco del recurso interpuesto ante el TSJC por el propio Ejecutivo contra el Plan Parcial. Entonces el tribunal se amparó en que el Gobierno no se había ajustado al trámite procedimental previsto.

Ahora el Ejecutivo ha logrado que se escuche su petición de paralización de las obras. Lo que ha hecho cambiar al TSJC su decisión inicial es la sentencia, de la propia sala de lo Contencioso, que anuló el plan parcial del Cuco tras ser recurrido por ARCA. Fue precisamente después de conocerse esa sentencia cuando el Gobierno volvió a solicitar, el pasado 3 de abril, la paralización cautelar de las obras, que finalmente ha sido atendida.

Consumación de efectos irreversibles

Según explica la sala de lo Contencioso en este nuevo auto, fechado el pasado lunes, 14 de mayo, si no se adoptara la medida cautelar de suspensión del plan parcial "supondría la consumación definitiva y previsible agotamiento de los efectos irreversibles del deterioro medioambiental derivados de la ejecución" del plan.

La pretensión del Gobierno de Cantabria es proteger el medio ambiente, "seriamente afectado" por este planeamiento y "la continuación de las obras no haría sino agravar el deterioro ya producido, que puede incluso devenir en irreversible si se siguen ejecutando durante la tramitación del presente proceso (el recurso del Ejecutivo), cuya dilación en el tiempo es más que probable", añade el auto.

Además, considera que la situación de los compradores "sería mucho más gravosa" si se permitiera continuar con las obras, ya que con ello se prolongaría en el tiempo "la inseguridad jurídica en torno a la legalidad o ilegalidad" de las viviendas y se permitiría "concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición", aún no firme.

Junto a ello, el TSJC cree que también se benefician de la paralización de las obras "futuros compradores" a los que se evitarán así "perjuicios" ante la "situación de indefinición jurídica en que, por el momento, se encuentran las viviendas en construcción".

Uun juzgado de Santander alentó el martes la continuidad de las obras

El juzgado de Instrucción número 1 de Santander desestimó el martes la misma petición del Gobierno regional, que solicitaba la paralización de las obras de Fadesa en el Alto del Cuco, una vez conocida la sentencia del TSJC que anulaba la construcción de 19 viviendas en el Plan Parcial por considerar ilegal su aprobación en el Ayuntamiento de Piélagos (PP). El proceso iniciado por el Gobierno regional del PP en el año 2002, como informó Cantabria Confidencial.

En un auto dado a conocer el martes por el Ayuntamiento de Piélagos, el juzgado recalcaba, sin entrar en el fondo del asunto, que el Gobierno no ostenta la legitimación para solicitar tal medida cautelar, dado que en este proceso, promovido por la asociación ecologista ARCA, ostenta la posición de codemandado y al pedir la suspensión cautelar de la citada resolución municipal defiende una postura contraria a la que cabría esperar de una parte implicada en el proceso.

De hecho, el juzgado considera que la solicitud de medidas cautelares por parte de un codemandado "puede entenderse que constituye un fraude procesal", ya que "en lugar de resistir la pretensión deducida, coadyuva a su éxito, subvirtiendo con ello las reglas del proceso contencioso-administrativo e infringe las reglas de la buena fe procesal, dado que tal posición está procesalmente reservada a la parte actora".

Esta resolución judicial se une a la dictada la semana pasada por otro juzgado, que rechazó con el mismo argumento la petición del Gobierno de proceder a la suspensión cautelar de las obras del Alto del Cuco.

Pacheco mapuló el auto a su antojo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Piélagos, que lidera el alcalde popular Ángel Pacheco, se aferra a este auto judicial que simplemente interpreta al Gobierno regional como una institución que no puede solicitar la paralización de las obras porque aparece como codemandado en la denuncia presentada por la asociación ecologista ARCA.

Sin embargo obvia el PP de Piélagos el trasfondo del asunto -no valorado en el auto conocido el martes- sobre la implicación del último Gobierno regional del PP, ya que comenzó la tramitación del informe de impacto ambiental en el año 2002, con el popular José Luis Gil al frente de la Consejería de Medio Ambiente.

Pacheco interpretó el auto como un "nuevo varapalo judicial" al Gobierno de Cantabria, que a su juicio, "vuelve a asumir la representación de ARCA para evitar el pago de la fianza a la asociación ecologista".

Al mismo tiempo, puntualizó que no existe ninguna sentencia de derribo en el Alto del Cuco y añadió que los juzgados de lo Contencioso están "rechazando sistemáticamente" las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, parte, por otro lado, "codemanda", añade.

"Por lo tanto, los juzgados dicen que las obras tienen que continuar y que las licencias de obra siguen vigentes. Además, destacan la situación jurídica anómala del Gobierno de Cantabria, que, por un lado, es parte afectada directamente en la denuncia y, por otra, actúa en representación de ARCA yendo contra sus propios actos", señala el equipo de Gobierno.

Por último, reiteró que la CROTU "envió un informe no vinculante y fuera de plazo" contrario al estudio de impacto ambiental favorable de la Consejería de Medio Ambiente al Plan Parcial del Alto del Cuco, y se preguntó si "no sería la propia Consejería de Urbanismo la que incitó a ARCA a presentar la denuncia contra el Ayuntamiento de Piélagos y en perjuicio de los propietarios de las viviendas".

En este sentido, señala que "los hechos posteriores han demostrado que existe una unión total de intereses entre ambos organismos, dado que el Gobierno cántabro ha asumido la petición de paralización de las obras que debió realizar ARCA, al ser la parte denunciante", agrega.

Pacheco todavía no se ha pronunciado sobre la sentencia conocida ayer, en la que el TSJC ordena la paralización inmediata de las obras. Esta noche hay dos mitines en Piélagos, del PP y del PSOE, donde seguro que sale el tema a colación.