PSOE y PP suman fuerzas y sacan adelante la reforma de la Ley de Cajas

Asimismo, PSOE y PP sumaron fuerzas para impedir la tramitación del decreto ley para evitar la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

   La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió que las cajas de ahorro cumplen una función esencial y han sido "motor del crecimiento" con balances que suponen la mitad de depósitos y crédito vivo en el país, y cuya evolución ha llegado a un momento "fundamental" debido a la crisis financiera que, aunque pudieron solventar en un primer momento, ha conducido a una "creciente morosidad" que ha hecho necesaria una "reordenación" del sector de las cajas.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, señaló, pese a que la reforma incorpora aspectos "muy positivos" para el sector financiero, PSOE y PP han actuado a espaldas de Gobierno y vulnera las competencias de las comunidades autónomas, en especial Las incluidas en el Estatut de Cataluña, y solicitó que se tramite como proyecto de ley para corregir estas cuestiones.

   Su homólogo en el PNV, Pedro Azpiazu, señaló que las cajas necesitan "quitar lastre" para afrontar la crisis y mejorar su capacidad de financiación pero incluye una alteración de la naturaleza de las entidades y las competencias autonómicas "que hacen imposible" para los nacionalistas vascos prestarle apoyo, por lo que se inclinó por la abstención.

RECHAZO DE LAS MINORÍAS DE IZQUIERDA

   El portavoz de ERC, Joan Ridao, utilizó el turno en contra del debate de convalidación para mostrar su rechazo a la norma porque busca "recentralizar el poder" sobre las cajas e imponer un mapa bancario en el que tan sólo haya "dos grandes bancos y dos grandes cajas" en un proceso "de poca transparencia" que permitirá a "amigos" del Gobierno lograr "pingües beneficios", al tiempo que "deslegitima" las cajas de ahorro.

   Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ICV, Joan Herrera, aseguró que el decreto implica una "bancarización con invasión competencial" de las entidades, con la excusa de la despolitización, posición a la que se sumaron la diputada de Nafarroa Bia, Uxue Barkos, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien habló de la "falta de respeto" de PSOE y PP ante el resto de grupos.

   La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "chapuza" la reforma, que "llega tarde y mal" fruto de un acuerdo del PP con el aval de los "intereses creados" de la CECA y que supone eliminar "cargos electos" pero no "cargos políticos". "Rato (presidente de Caja Madrid) podría seguir, Narcís Serra (presidente de Caixa Catalunya) podría seguir... ¿De qué despolitización estamos hablando?", exclamó. 

PP: QUEDA MUCHO POR HACER

   El diputado 'popular' Álvaro Nadal advirtió de que el sistema financiero presenta problemas como el riesgo "crédito a crédito" de las entidades, que no será detectado en los 'test de estrés' y que no resuelve el decreto ley.  No obstante, y aunque "queda mucho por hacer" sí se atiende a problemas capitales y "abre enormes posibilidades", por lo que el PP ha aceptado un acuerdo "que supera intereses partidistas y presiones territoriales". "Pero queda muchísimo por hacer", incidió.

   Por su parte, la socialista Marta Gastón señaló que las nuevas exigencias de solvencia a las cajas ante Basilea III han forzado la necesidad de una reforma que permita captar financiación sin perjudicar a la "naturaleza de su capitalización y su apego territorial" y agradeció al PP su apoyo a "salvar a las cajas", una disposición que deseó que se repita más a menudo.

CUOTAS DEL 50%

   Tras la entrada en vigor del texto, las entidades podrán emitir cuotas participativas por hasta el 50% de su capital, lo que permitirá la entrada de inversores privados. Los derechos políticos se reconocerán de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

   No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas.

   Asimismo, se limita la presencia de representación política, se establece la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas y se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.