La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Andalucía (UPA-A) ha cifrado en 29,75 millones de euros el total de las pérdidas por las lluvias de los últimos días, sobre todo en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén y ha reclamado la puesta en marcha un plan de reparación de caminos rurales "que permitan el acceso a las explotaciones agrarias".
En rueda de prensa, el secretario general de la organización, Agustín Rodríguez, ha señalado que el sector agrario, que "aún no se ha recuperado por las pérdidas millonarias de los temporales del invierno pasado, no sólo en cosechas y daños en las explotaciones, sino también en las infraestructuras", está sufriendo ahora nuevos daños.
De esta forma, durante esta semana, se han producido tormentas "que se han centrado especialmente en Córdoba, aunque también en Sevilla y en Jaén" ha indicado y ha detallado que en la primera provincia, ha afectado a los municipios de Aguilar de la Frontera, Montilla, Santaella y Bujalance "donde las pérdidas se han centrado en el cultivo de la vid, con una superficie afectada del entorno de las 3.000 hectáreas y con unas pérdidas en cosechas de algo más de un millón de euros".
"También hay pérdidas en estas provincias en los cultivos hortícolas y un poco en los del algodón valoradas en un millón de euros, así como en la infraestructura de caminos, afectando en torno a 700 kilómetros, con daños que ascienden a los 4,2 millones" ha destacado y ha lamentado que los daños "más grandes" han sido los producidos en las explotaciones agrarias "como consecuencia de los arrastres de tierra afectando a 35.000 hectáreas con pérdidas en reparación que ascienden a 21 millones".
Por tanto, Rodríguez ha señalado que en Córdoba las lluvias han originado un gasto global de 26,75 millones, mientras que en Sevilla se han localizado sobre todo en la localidad de Los Palacios, en El Troval y Maribáñez, en el cultivo del tomate industrial "con 300 hectáreas afectadas con pérdidas de 1,5 millones".
Finalmente, ha resaltado que hay daños "menos significativos" en explotaciones agrarias en Jaén en los municipios de Úbeda y Torreperogil, "en una zona del entorno de las 2.500 hectáreas por arrastre de tierras, ascendiendo a 1,5 millones de euros".
El secretario general de UPA-A ha solicitado en este sentido que "urge" poner en marcha un plan específico de reparación de caminos rurales "que permita el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en estos municipios, sobre todo en Córdoba y especialmente en el cultivo de la vid".
Asimismo, ha incidido en la idea de la "importancia" de definir una política de seguros agrarios "que nos permitan tener una garantía para cubrir estos daños que se producen todos los años en las cosechas" y ha destacado que "es algo que venimos reiterando, pero que no termina de ponerse en marcha".
CONTROLES EN EXPLOTACIONES
Agustín Rodríguez ha lamentado "otro tipo de daños como son los producidos por la nefasta política de la Consejería de Agricultura y Pesca" en la tramitación de los controles de expedientes administrativos a agricultores y ganaderos, "donde cientos de ellos siguen pendientes del cobro de las ayudas".
Así, ha informado de que el plan de control al cultivo del algodón "obedece más a una estrategia y a un plan de persecución de los agricultores, que no a un plan de verdadero control" y ha criticado que se está produciendo "un exceso en el cumplimiento de la normativa vigente en este tipo de controles".
"Por este motivo, vamos a exigir en septiembre una investigación para determinar si realmente se ajustan a la normativa, si no hay un exceso y si no se están haciendo aleatorios", ha anunciado.
Estos controles, que se llevan a cabo en campos, son para determinar, según Rodríguez, "si cumplen con la normativa, mirando a pie de parcela en materia del cultivo del algodón" y ha criticado que "los mismos que se sometieron a controles en la campaña pasada ya se les ha comunicado otros nuevos en esta campaña".
De esta forma, ha destacado que "el efecto inmediato de los mismos es la paralización de las ayudas, por lo que estaríamos hablando de dos años consecutivos en los que estos agricultores no cobran las ayudas de Bruselas, por lo que algunos podrían terminar en la quiebra".
Además, ha incidido en la idea de que los controles "se basan en criterios de rendimiento mínimos establecidos por la normativa en Andalucía que son ilegales, ya que no se ajustan a la normativa comunitaria" y ha censurado que se estén resolviendo "expedientes puntuales por presiones de determinadas personas y sin tener en cuenta el interés general y la normativa".
Para el secretario general de la organización agraria, ello es debido a la "nefasta gestión que se está llevando a cabo en el proceso por parte de la Consejería" y ha solicitado una resolución "lo antes posible para no perpetuar en el tiempo las ayudas, ya que, en el mejor de los casos, los agricultores cobrarían en el mes de octubre".
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