Los sindicatos CC. OO. y Satse critican la nueva ley de salud por la "ausencia de consenso" y por sus "escasos cambios"

El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León porque consideran que no ha existido consenso entre las fuerzas sociales y políticas para su confección.

Según han informado fuentes sindicales en un comunicado recogido por Europa Press, el motivo de la postura se encuentra también en la "forma en la que ha salido adelante por medio de una tramitación extraordinaria" lo que, a su juicio, ha evitado el debate parlamentario.

CC.OO. también ha indicado que esta vía extraordinaria "ya fue criticada por el Consejo Económico y Social que no encontraba justificación para este tipo de tramitación". Sin embargo, han lamentado que el Gobierno popular continuó con la intención que "hurtaba el debate".

Recordaron que en su momento CC.OO. presentó sus alegaciones al anteproyecto de Ley y que "no fueron tomadas en cuenta de la misma manera que se rechazaron en sede parlamentaria la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista". La tramitación, a juicio del sindicato ha estado presidida por la "poca atención en términos de negociación que tienen en la Consejería de Sanidad".

También han apuntado que la figura del Defensor del Usuario, una de las principales novedades del nuevo texto legislativo, será "una persona nombrada a dedo por el propio consejero, Francisco Javier Álvarez Guisasola". Este hecho "compromete gravemente su independencia e imparcialidad" ya que sus funciones serán realmente asegurar la calidad asistencial.

Por otra parte, han incidido en que para el sindicato el texto tiene "un vicio de partida" en el hecho de que una empresa "pueda ser contratada con la sanidad pública y no pague a sus trabajadores sin que la Gerencia Regional de Salud intervenga con la excusa de que se trata de un problema de la empresa". En estas circunstancias consideraron que la Ley "abre un poco más las puertas a la privatización de la Sanidad".

En la Ley, continuaron, aparecen un catálogo de prestaciones sanitarias entre las que se incluye por primera vez la salud pública, materia que se tramita en estos momentos con una Ley propia.

"Escasos cambios"

Por su parte, el sindicato de enfermeras (Satse) ha criticado los "escasos cambios" que la nueva ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León introduce respecto a la anterior de 1993, y no entiende que "en tiempos de crisis, cuando debería primar la austeridad, se cree el Defensor de Paciente con rango de director general y toda una estructura, mientras se reduce el sueldo a los empleados públicos".

   Según explicaron a Europa Press fuentes de Satse, es una "buena iniciativa" que se apruebe la nueva ley "siempre y cuando se lleve a cabo su desarrollo normativo y se dé participación a los representantes de los trabajadores en todo lo que pueda afectar a sus condiciones laborales y profesionales".

   La experiencia anterior resultó "negativa", a juicio de Satse, pues "no se dio ninguna participación a los agentes sociales y se ha mantenido la organización del sistema con una regulación derogada y fuera de tiempo, a pesar de que hace ocho años que se produjeron las transferencias sanitarias en Castilla y León".

   Respecto a la creación de la figura del Defensor del Paciente, el Sindicato de Enfermería mostró su desacuerdo "no sólo por el carácter y competencias" que se dan a la misma, en la que el rango sería de director general y nombrado "a dedo" por el consejero de Sanidad de turno, sino también porque "en un momento de crisis como el actual, las administraciones públicas deberían llevar a cabo políticas de austeridad presupuestaria claras y adoptar medidas como disminuir puestos directivos y de libre designación".

   "Esa disminución de directivos no se ve por ningún lado en la Comunidad, sólo la disminución de las retribuciones de los empleados públicos y, en el caso de las enfermeras, una bajada de sueldo que se sufrirá durante mucho tiempo porque las condiciones de partida eran ya muy precarias", han apuntado las mismas fuentes.

   Además, Satse considera "muy peligrosa" la colaboración "clara" con las entidades privadas que establece la nueva ley, puesto que "abre la puerta a derivar en mayor medida a los usuarios del sistema a la sanidad privada", lo que "puede provocar un empeoramiento" de la atención sanitaria y las prestaciones, así como de la calidad de los procesos.

   Por otra parte, para Satse es "importante" que la normativa establezca ya un régimen sancionador en el que se contemple por primera vez como falta grave el incumplimiento del deber de mantener el respeto debido al personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto en su dignidad personal como profesional.

   Según el sindicato la anterior normativa "fue apartada por la clase política en un cajón casi 20 años y el único intento para desarrollarla fue el de ordenar la estructura del sistema sanitario a través de un decreto de 2007 por el que se desarrollaba la ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, decreto que en la actualidad está anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".