De acuerdo con lo investigado, las “copias espejo” obtenidas por la policía y remitidas por la Fiscalía al 34 Juzgado Penal de Lima no son las que inicialmente fueron incautadas a la ex ejecutiva de la citada empresa de espionaje.
También se determinó que estas copias estuvieron cerca de nueve meses en poder del fiscal provincial Walter milla y que el lacrado de las mismas se realizó sin autorización del juez penal.
Tras ello, indican las indagaciones, que los USB quedaron en manos de los agentes encargados del caso.
Por tal motivo, la OCMA exigió que la Inspectoría de la Policía Nacional y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía investiguen el caso a profundidad.
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