Menéndez se siente víctima de una campaña de desprestigio

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército realizó esta acusación durante una audiencia del juicio que se desarrolla en la provincia argentina de Córdoba, en el centro del país, contra el primer presidente de la dictadura, Jorge Videla, y otros treinta imputados por crímenes perpetrados durante el gobierno de facto (1976-1983).

Menéndez, que es juzgado en Córdoba por tres delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, pidió la palabra para denunciar que "nuevamente" ha sido "objeto de una injuria y una calumnia".

El ex militar, de 83 años, explicó que desde hace un par de semanas los testigos nombran "permanentemente" al empresario local Jaime Lockman, para denunciar que Menéndez le había pedido dinero a cambio de su libertad, cuando en los meses anteriores nunca había sido mencionado.

"Como este cambio de actitud tiene todas las características de un plan sistemático de desprestigio para conmigo y el Ejército, voy a desmentir esos dichos", indicó.

Menéndez aseguró que "Lockman no era el único comerciante rico de Córdoba, y ni a él ni a ningún otro se lo hizo víctima de una extorsión".

"Para desvirtuar definitivamente toda esta mentira, va una anécdota: una vez me pidió una entrevista un compañero de promoción" que "me explicó que había sido enviado por Lockman para ofrecerme colaborar monetariamente con el Ejército a cambio de su libertad", contó.

"Di de inmediato por terminada la entrevista, aclarándole a mi compañero que Lockman, con ese torpe e insolente intento de soborno, había alejado por completo su salida en libertad mientras yo fuera comandante. Efectivamente Lockman salió de la cárcel después de que yo pasé a retiro", concluyó.

A comienzos de este año, durante la audiencia de un proceso que se desarrolló en la norteña provincia argentina de Tucumán, Menéndez, preso desde 2008, tachó de "inconstitucionales" estos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Menéndez, considerado uno de los símbolos de la represión, ha recibido cuatro condenas a prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios perpetrados en las provincias de Córdoba (centro) y Tucumán (norte), una de ellas por la desaparición en 1976 del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.