La Cámara de Diputados uruguaya dejó sin efecto la norma que dejó impunes los crímenes de Estado cometidos en la dictadura (1973-1985), conocida como Ley de Caducidad y que había sido ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
El proyecto de ley que declara inaplicable la Ley de Caducidad, impulsado por el bloque oficialista de izquierda Frente Amplio (FA) y que todavía debe ser ratificado por el Senado, fue aprobado con el voto favorable de 50 de los 80 parlamentarios que asistieron a la sesión, informaron a Efe fuentes legislativas.
Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que considerar protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país y por tanto hacer "inaplicable" la Ley de Caducidad.
La medida llegó tras 12 horas de debate y fue posible gracias a la mayoría que la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) tiene en la cámara, ya que contó con el rechazo frontal de todos los partidos opositores, encabezados por el Nacional y el Colorado.
La discusión parlamentaria fue acalorada, con gritos, acusaciones e incluso algunas lágrimas, y fue seguida por decenas de personas en las barras (anfiteatros) del Palacio Legislativo, mientras defensores de derechos humanos protestaban con pancartas en el exterior del edificio.
Para lograr la mayoría, el FA obligó a todos sus diputados a apoyar esta medida, después de que varios de ellos expresaran sus dudas sobre la idoneidad de la propuesta a lo largo de la semana.
"Vamos a votar esta ley estrictamente por razones de disciplina partidaria", admitió en su intervención el parlamentario frenteamplista Carlos Gamou.
Además, varios senadores oficialistas, entre ellos el ex vicepresidente Rodolfo Nin, ya han anunciado que votarán en contra de la ley en la cámara alta, lo que pone en peligro la ratificación definitiva.
El actual vicepresidente del país, Danilo Astori, quien también es senador, reconoció incluso que, aunque él votará a favor, entiende "los argumentos razonables" que existen para no apoyarla.
Esta iniciativa es un nuevo intento de la izquierda uruguaya de eliminar la controvertida Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide juzgar a militares y policías por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura (1973-1985).
La polémica norma fue promulgada en 1986, nada más terminar el gobierno de facto, y refrendada por la ciudadanía en 1989 y en octubre pasado.
El diputado del FA Felipe Michelini argumentó en el Parlamento que con la aprobación del proyecto de ley se "restablecerá la independencia del Poder Judicial" en Uruguay, en alusión al hecho de que la norma otorga al Ejecutivo la capacidad para decidir qué casos quedan amparados por la ley y cuales no.
Además, se "armonizarán" las normas internas con las disposiciones de derecho internacional de protección a los derechos humanos, dijo.
Michelini es hijo del ex senador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos Aires, donde se había exiliado tras el golpe de Estado, en un caso nunca aclarado.
El oficialismo presentó el proyecto de ley en parte porque teme que el Estado uruguayo sea declarado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso impulsado por el poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena, cuya madre desapareció en Uruguay tras alumbrarla en Argentina en 1976.
Ante los argumentos del oficialismo, la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa remarcó que la interpretación de la ley "no puede desconocer la voluntad popular libremente expresada en las urnas".
"Para la vigencia del Estado de derecho es fundamental que se respete la decisión del pueblo, que es el soberano", enfatizó.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Gustavo Cersósimo consideró el plan gubernamental "jurídica y políticamente incorrecto".
"Defendemos la decisión del pueblo, el Estado de derecho soberano, la democracia y la paz de los uruguayos", indicó.
Para el periodista y analista Alfonso Lessa, aún en el caso de que se apruebe el proyecto de ley en el Senado, la polémica seguirá viva.
"Veinticuatro años después seguimos discutiendo el tema y este nuevo proyecto, tal como lo han advertido algunos constitucionalistas y como están demostrando las discusiones del Parlamento, no parece que vaya a cerrar la discusión", manifestó a Teledoce.
"Por el contrario, aun en caso de aprobarse, todo indica que generará nuevas polémicas, no solo políticas sino también jurídicas", agregó
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