Interpretan que se han saltado los límites de lo que deben ser las medidas cautelares
En un comunicado, advierten de que "la interpretación que se hace de estas normas administrativas significa ir más allá de lo que debe ser la función de las medidas cautelares", ya que, aseguran, presume la existencia de posibles perjudicados y daños imposibles de reparar por el hecho de que las administraciones usen la lengua catalana como preferente, "que no única".
Subrayan que se ha "prejuzgado la resolución de fondo, cosa impropia de una resolución cautelar", con una interpretación parcial de la sentencia del Tribunal Constitucional y sin tener en cuenta la Ley de política lingüística de 1998, la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias o la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, que obligan a las autoridades estatales a "adoptar las medidas de protección de la lengua propia del territorio".
Además, consideran que avanzan elementos interpretativos de la futura sentencia, haciendo uso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut para "limitar el derecho de los catalanes a utilizar la lengua propia en el ámbito de Cataluña".
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