Una deuda histórica de España con los saharuis

Cuando todos pensábamos que la extraña y errática política exterior española de los últimos años podía volver a parámetros de racionalidad con la salida de Asuntos Exteriores del inverosímil Moratinos, algo peor que raro y desde luego inquietante está sucediendo en las relaciones con Marruecos, algo que obliga a preguntarse qué oscuro secreto conoce el Gobierno de Marruecos que pone al presidente Rodríguez Zapatero en tan evidente situación de debilidad, casi de subordinación a los caprichos del vecino del sur. No es cosa de volver por esos registros del 11-M que tanto gustan a nuestra siempre agresiva ultraderecha, entusiasta de cualquier teoría de la conspiración y muy crecida por cierto en los últimos tiempos tras haber recibido en Madrid unos privilegios mediáticos injustificables y que alguien deberá explicar, pero es evidente que nuestro Gobierno está actuando de manera por lo menos poco coherente ante la arrogancia y los desplantes de Rabat. Lo sucedido estos últimos días en el antiguo Sahara español de ninguna manera puede despacharse como un asunto que nos resulte ajeno.

Nuestra salida del Sahara fue en su día bien poco edificante y el recuerdo de lo entonces sucedido todavía avergüenza a no pocos de los militares que se vieron obligados a cumplir las órdenes llegadas de Madrid. Bien es cierto que era un final de Régimen y que nuestra capacidad de maniobra estaba por ello muy mermada. Pero no es el caso actual y de ahí lo extraño de la debilidad del Gobierno y de las raras evasivas verbales del presidente Rodríguez Zapatero. El Gobierno de España debe afrontar la obligación moral que nuestro país tiene con la población del Sahara Occidental, a la que en su día abandonamos a, por lo que se ve, una triste suerte. Los militares españoles que, en cumplimiento obligado de órdenes políticas, vivieron aquellos momentos aún recuerdan con un fuerte poso de vergüenza el abandono de los saharauis al que ahora se ve que era un triste destino. 

No es una cuestión a la que, aunque sólo fuera por deuda histórica, podamos declararnos ajenos y reducirlo a la condición de tema interno del Reino de Marruecos. Menos aún cuando coincide con intolerables presiones de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que eran españolas antes de que existiera Marruecos y cuyos habitantes reclaman legítimamente el derecho a seguir siendo españoles. Al final del final, España tiene al menos varias cuestiones que dejar diáfanamente claras en la relación con Marruecos. La primera de ellas, que cese de inmediato cualquier referencia a Canarias, que no sólo es un archipiélago histórica e irrenunciablemente español, sino que es además parte del territorio de la Unión Europea, aunque estas realidades parezcan molestar a algunos personajes chocantes que, en el Archipiélago, han dado últimamente el salto sin red desde la ultraderecha al independentismo, bien es cierto que con menos que escaso eco entre una población que se merece la seguridad y el nivel económico que garantiza la Unión Europea.

Segunda cuestión es la de ayudar a la población saharaui a obtener de Rabat unas condiciones dignas y razonables de mantenimiento de la propia identidad en el ámbito del Reino de Marruecos, para lo que pueden explorarse varios modelos. Por ejemplo, si el modelo autonómico de Estado ha demostrado su validez, éxito y valor de cohesión en el caso de España ¿por qué no ha de ser una opción igualmente válida en Marruecos?