La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, mostró su absoluto rechazo ante la posibilidad de traspasar una cuota de 17.336 toneladas de Azucarera Ebro a ACOR ya que a su juicio "no debe producirse ninguna transferencia entre fábricas" sino incrementarse la producción para el país ante la demanda mundial.
"El Gobierno debe exigir más cuota de azúcar para poder producirla y para atender una demanda del mercado", puntualizó la consejera durante una visita a la planta azucarera de Miranda de Ebro (Burgos).
La consejera, que estuvo acompañada por el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, incidió en que el norte es la zona productora de azúcar y remolacha "por excelencia" en España con el 84 por ciento de la producción de total, informa ep.
"Castilla y León ha apostado de una forma clara por la remolacha y el azúcar; de hecho, en 2008 impulsamos un acuerdo con las dos empresas azucareras con el fin de que se garantizasen las exigencias de la Unión Europea", manifestó, al tiempo que indicó que la Región fue "motor e impulso" y "consignó todos los años diez millones de euros para apoyar la producción de remolacha".
Las premisas marcadas por la UE obligaban a reducir al 50 por ciento la producción del país y para poder acceder a las ayudas, según la Junta.
"A través de esta cantidad hemos fijado un precio mínimo para la remolacha que es el que está garantizado la producción", apuntó. Las cifras actuales que maneja el Ejecutivo regional revelan que existen más de 32.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, lo que implica a más de 6.000 agricultores en la Comunidad.
"Azucarera Ebro es una fábrica importante dentro del mosaico de producción de azúcar y nuestra apuesta es garantizar la estabilidad del acuerdo firmado. Castilla y León avala el acuerdo que garantiza la estabilidad de producción y de azúcar y se tiene que respetar", agregó.
La situación en La Rioja
Por su parte, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, pidió al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) que "no consienta un desvío de la producción de la remolacha que pudiera poner en peligro a la planta mirandesa".
Sanz aclaró que en La Rioja la situación afecta a un total 158 agricultores y 1.088 hectáreas con un rendimiento de 98 toneladas, aunque señaló que se aspira a llegar a 120 por hectárea.
"Estamos hablando de una producción de 100.000 toneladas que en la transformación son 14.300 toneladas de azúcar. No hay que olvidar que cualquier movimiento que se produzca si se cerrase Miranda llevaría a que la remolacha tendría que ir por carretera entre 270 kilómetros y 300, algo inviable", recalcó.
Junto a los representantes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y La Rioja también asistió a la visita el vicepresidente primero nacional de Asaja, José Ángel Alegría, quien corroboró las palabras de la consejera de Agricultura.
"Necesitamos más remolacha y me parece mentira que salgan por ahí rumores de cosas que no son. Esta fábrica, que he nacido casi en ella, tiene el triángulo de tres regiones que son los mejor del país en cuanto a clima, tierra y lo que haga falta. Estamos bastante resentimos con lo que nos dejaron tras la nueva OCM", dijo.
Azucarera Ebro es en la actualidad, con cuatro plantas, la empresa que tiene el mayor número de fábricas en España, tres de ellas en Castilla y León. La planta mirandesa se inauguró en el año 1925.
Reindustrialización de Peñafiel
Respecto al plan de reindustrialización de Peñafiel (Valladolid) tras el cierre de la planta, Silvia Clemente quiso dejar claro que las convocatorias puestas en marcha con apoyo de fondos europeos han tenido muy buena respuesta a pesar de la situación de crisis.
"Hemos tenido un total de 40 proyectos que suponen nuevas inversiones a través de la ampliación de industrias agroalimentarias existentes en la comarca de Peñafiel. Algunos de los proyectos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y se están paralizando. De hecho, uno de ellos tiene un retraso de un año", aseguró.
En este sentido, expresó que "las malas noticias que da España referidas a los índices económicos afectan a proyectos que se iban a ejecutar en Castilla y León". "Lamento que se retrase al menos un año por la propia decisión de la empresa", apostilló.
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