Castrovido, obra maldita

Hay obras públicas que, una vez comenzadas, se complican como si una maldición pesara sobre ellas. Su ejecución se dilata en el tiempo en la misma proporción que se dispara su presupuesto.

Una de ellas está siendo el embalse de Castrovido, cuyas obras se iniciaron en el año 2003 y no concluirán hasta 2013 (si es que se cumplen las últimas previsiones y no se registra mayor retraso). Paralelamente, el coste inicial de 61 millones de euros ha pasado a ser de 156 (un 150 por ciento más).  Precisamente la divulgación del último modificado del proyecto ha provocado toda una tormenta  interna en la Confederación Hidrográfica del Duero.

Ni a su presidente, Antonio Gato, ni a sus superiores en el Ministerio de Medio Ambiente les hizo ninguna gracia que el ingeniero director de las obras, José Ignacio Diaz-Caneja, anunciara el retraso en los plazos y el incremento en el coste de las obras durante una semana sobre ingeniera civil celebrada en la Universidad de Burgos.

A raíz de ello la cadena de mando solicitó de la directora técnica de la Confederación, Liana Ardiles, el cese inmediato de Diaz Caneja, petición a la que aquella no accedió. Consecuencia de ello ha sido la posterior destitución de la propia Ardiles y el nombramiento  en su lugar de Pedro Matía.

Lo que se ha pretendido justificar oficialmente como “un cambio organizativo para afrontar el último tramo de la legislatura” ha constituido en realidad una crisis que ha hecho recordar la tormentosa gestión de la anterior presidenta, Helena Caballero, cuyo paso por el organismo de cuenca estuvo jalonado por todo tipo de conflictos.