La investigación interna de la Consejería de Empleo sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha descubierto a cinco ex trabajadores que se acogieron al primero de los procedimientos sin cumplir los requisitos de edad, dado que por entonces contaban menos de 50 años. El ERE impulsado en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla estaba autorizado e incentivado por la Administración andaluza, que no obstante niega cualquier compromiso de pago para con el segundo ERE.
Así lo ha avanzado el consejero de Empleo, Manuel Recio, en rueda de prensa tras su comparecencia en el Parlamento de Andalucía, en la que ha indicado que el proceso de investigación interna ha concluido este miércoles. El ERE de 2003 había sido sometido a esta "investigación interna" después de que el comité de empresa de la sociedad mixta descubriese que en varios documentos asociados al procedimiento figuraba, como aspirante a la prejubilación, una mujer identificada como Carmen Fontela González, quien jamás había trabajado en el mercado central de abastos.
SÓLO TRES GOZAN DE PÓLIZA
El consejero ha señalado que de los cinco trabajadores que no cumplían a la fecha establecida con el requisito de la edad, que debía estar entre los 50 y los 64 años, "sólo tres finalmente tienen una póliza, y los otros dos no nos consta que la tengan". "Es una irregularidad desde el punto de vista de los acuerdos", ha subrayado, a lo que ha añadido que el informe realizado en esta investigación interna será elevado a los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo "para ver las acciones que desarrollaremos".
En cuanto al expediente de regulación de empleo de 2007, aprobado por la Administración autonómica pero de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, el consejero ha anunciado que "no hay ninguna otra novedad", dado que en varios documentos asociados a este procedimiento figura, en calidad de aspirante a la prejubilación, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) identificado como Antonio Garrido Santoyo, quien al igual que Fontela González jamás ha trabajado en el mercado central de abastos de Sevilla. Garrido Santoyo renunció a su cargo orgánico en cuanto fue revelado tal extremo y el PP le asocia con el sindicalista jiennense de UGT Juan Lanzas, supuestamente involucrado en la negociación del ERE de 2007.
LOS ERE DE 2003 Y 2007
El expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado de abastos de Sevilla tenía como destino el rejuvenecimiento de la plantilla y, a tal efecto, fue autorizado e incluso incentivado por la Junta de Andalucía. El segundo de los procedimientos, iniciado en 2007, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acogerse a la prejubilación, elevando así su coste a 9.046.976,95 euros. Si bien el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, autorizó el procedimiento e incluso su incentivación mediante varios documentos, la Consejería de Empleo se desliga de su financiación bajo la premisa de que los documentos firmados por Guerrero son "meros actos de comunicación huérfanos" de sustento jurídico alguno.
Mientras el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 ha visto paralizadas sus prestaciones a cuenta de este extremo, el procedimiento figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis por la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas actuaciones y en las otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos.
Si (
No(
