El PSOE consigue sacar su nuevo decreto económico y evita que se tramite como ley

La norma fue convalidad por los 177 votos que suman los socialistas y los nacionalistas vascos y canarios, mientras que el PP, CiU y UPN se abstuvieron y el resto de formaciones votó en contra. En la siguiente votación, la de tramitación como ley, el PSOE sólo contó PNV y CC, ya que todos los demás partidos apoyaron la petición. 

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que la "senda de consolidación y reformas" bajo los principios de "coherencia y rapidez" que está siguiendo el Ejecutivo está dando "buenos resultados" incluso en "momentos de volatilidad" y "elevada incertidumbre" como los generados por la crisis irlandesa.

Asimismo, ha asegurado las medidas deben ser adoptadas "con decisión", cuyos tiempos de diseño y ejecución no permiten "dilaciones" para actuar "de manera extraordinaria y urgente" para recuperar la confianza de los agentes económicos y financieros.

La número tres del Ejecutivo socialista ha asegurado que el decreto tiene el objetivo de mejora la competitividad de la economía y reforzar el compromiso con la austeridad y sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando trabas ala actividad empresarial, "por que es el sector privado el que debe liderar la recuperación".

Sin embargo, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, señaló que su formación es "crítica" con el contenido de la norma porque es sólo un "elenco de medidas improvisadas e incoherentes" que siguen haciendo recaer el ajuste "en los elementos más débiles de las sociedad" y no suponen de ninguna manera las reformas estructurales que requiere la economía, aparte de que se queda "muy corto" en el apoyo a las pymes y empresas.

   En ese paquete heterogéneo se incluye el incremento del impuesto especial sobre el tabaco, con el que el Ejecutivo espera recaudar 781 millones de euros y que mantendrán los precios del tabaco "en línea con la medida".

   Esta cifra compensará el impacto de las rebajas fiscales para las empresas, como la reducción del Impuesto sobre Sociedades para las sociedades de reducida dimensión, medida estimada en en 223 millones de euros, o la ampliación de la libertad de amortización de todas las empresas hasta 2015, con un coste recaudatorio anual de hasta 557 millones de euros.

   También se incluye la exoneración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias y la eliminación de la obligación de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, una medida que, según el Gobierno, supondría a las empresas un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.

El Congreso rechaza la 'receta' alternativa del PP


   El portavoz 'popular', José Eugenio Azpiroz, que sólo recabó el apoyo de CiU, ha defendido que estas medidas surgen de la reunión que el pasado 25 de noviembre mantuvo el presidente del PP, Mariano Rajoy, con los directivos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA).

   Así, la iniciativa 'popular' planteaba ampliar de 120.000 euros a 300.000 euros el primer tramo del Impuesto de Sociedades que tributa al tipo reducido, establecido actualmente en el 25%, medida que recoge el decreto del Gobierno, si bien el PP proponía también reducir este umbral al 20% y extenderlo al IRPF en el caso de los trabajadores por cuenta propia.

   Además, reclamaban que se generalizará la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades, si bien no plantean ningún límite temporal, frente a la vigencia en el año 2015 que acota el decreto ley.

   De la misma forma, el PP coincide con el Gobierno en reclamar que se amplíe el concepto de empresa de tamaño reducido a partir del volumen de facturación, pero hasta los 12 millones de euros, en lugar de los 10 millones previstos por el Ejecutivo, que calcula que con esta medida se beneficiarán 40.000 empresas.