Aunque el director del informe, el economista de la OCDE
Pierre Beynet, ha señalado que su recomendación es "tener en cuenta todos los parámetros" que influyen en la cuentía de las pensiones para asegurar la sostenibilidad del sistema, ha recalcado que es necesario vincular el montante de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, por lo que ha llegado a animar al Gobierno a ir "más allá" y llevar el umbral de jubilación por encima de los 67 años si es necesario, una hipótesis a la que se ha referido este mismo lunes el titular de Trabajo.
El estudio, en este sentido, recomienda también que la reforma del sistema público de pensiones establezca que el cálculo de esos derechos de pensión tenga en cuenta toda la vida laboral de los beneficiarios y no sólo una parte. "En España, es suficiente con 35 años [de cotización] para tener la pensión máxima. Si la esperanza de vida sigue aumentando, habría que aumentar el período de contribución" al sistema de pensiones, ha comentado
Beynet en la presentación del informe.
Los autores del informe advierten de que España "afronta un dramático incremento" del gasto público a causa del envejecimiento de su población entre 2030 y 2060 en un contexto en el que su sistema de pensiones es más generoso que el de otros países en relación con las contribuciones de los cotizantes.
Crecimiento "flojo" en 2011
Respecto a la actividad económica, el estudio asegura que España iniciará un lento despegue durante el primer semestre de 2011, aunque el crecimiento seguirá siendo "flojo" a causa de los ajustes aún pendientes en el sector inmobiliario y de la elevada deuda privada, por lo que vaticina que el desempleo seguirá alto. En este sentido, se incluyen recomendaciones para reequilibrar la economía española y, en concreto, se insta a España a emprender "verdaderas reformas" estructurales.
La organización, que agrupa a las economías más avanzadas del mundo, ha dedicado un informe monográfico a la economía española por primera vez en dos años, en el que prevé un crecimiento del PIB del 0,9% en 2011 (cuatro décimas menos que el Gobierno), mientras que para este año espera que la actividad caiga un 0,2%, una previsión más optimista que la del Ejecutivo, que sitúa la caída en el 0,3%.
La OCDE constata que el mercado inmobiliario en España sigue caracterizado por un "amplio" exceso de la oferta, y que las políticas de vivienda deben actuar para absorber el volumen de casas vacías, incitar la movilidad geográfica y promover el mercado del alquiler.
En una línea paralela, pide que se reconsideren las ayudas para la construcción de viviendas sociales, y que se dediquen los fondos a dar dinero en metálico a las familias que realmente los necesiten para alojarse, en lugar de desgravaciones fiscales.
La organización reitera su consejo de que los gobiernos autonómicos reduzcan los obstáculos para la implantación de nuevos hipermercados o grandes almacenes y que liberalicen los horarios de apertura allí donde no sea una realidad.
Un capítulo extenso del informe se dedica a la política hidráulica española, en la que se critican las políticas de subvenciones a los regadíos y se pide una elevación del precio del agua, que debe ser transparente para evitar el agotamiento de los recursos y un uso más racional según la eficiencia económica.
Estas previsiones coinciden con las ya avanzadas en su informe general, publicado a mediados de noviembre, aunque en este caso se explicita que el crecimiento español "parece que será poco sostenido, dado que la economía aún debe corregir una parte de los desequilibrios que surgieron en el sector privado antes de la crisis".
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