El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha hecho un llamamiento público "a la responsabilidad" a los dirigentes de la empresa Endesa para que retomen el diálogo emprendido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las diputaciones y no dejen sin luz a ninguno de los 771 ayuntamientos de la comunidad, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 485/2009.
Este decreto, que se aprobó en el marco del proceso de liberalización del mercado energético, implica el corte de suministro a aquellos ayuntamientos que no tengan contratado el suministro de energía con una comercializadora a precio libre, antes del 31 de diciembre de 2010.
En declaraciones a Europa Press, Pizarro ha considerado "absolutamente intolerable" y ha dicho no entender que Endesa, "sin dar explicaciones", se haya levantado de una mesa de negociación que se había establecido con la FAMP y las diputaciones, "en la que ya se había avanzado sobre este asunto". "Le pedimos que vuelva a sentarse para buscar un acuerdo", ha añadido.
El titular del ramo, que ha asegurado que tanto la FAMP como las diputaciones tienen voluntad de alcanzar un acuerdo porque son conscientes del problema que se plantea, ha insistido en que dicho acuerdo tiene que garantizar el suministro de energía eléctrica a la totalidad de ayuntamientos andaluces, "sin que a Endesa deje fuera a los que le interese desde el punto de vista económico".
En esta línea, Pizarro ha considerado "muy grave" que una empresa, que según ha destacado, "tiene tanta historia en Andalucía y que tantos beneficios le han generado los andaluces, se levante de la mesa de negociación de buenas a primeras y sin dar explicaciones de ningún tipo, amenazando con una situación drástica de dejar sin luz a un número importante de ayuntamientos".
AVISO DE TOSCANO
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, se ha dirigido al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, trasladándole la "grave situación" que se produce en numerosos ayuntamientos andaluces y españoles, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 485/2009.
Según ha explicado la FAMP en un comunicado, este decreto, que se aprobó en el marco del proceso de liberalización del mercado energético, implica el corte de suministro a aquellos ayuntamientos que no tengan contratado el suministro de energía con una comercializadora a precio libre, antes del 31 de diciembre de 2010.
En el caso de Andalucía, Endesa se ha dirigido a los gobiernos locales anunciándoles que, "salvo que se produzca una modificación de la legislación vigente, de la cual no tenemos constancia a fecha del envío de la presente carta se procederá a la suspensión del suministro eléctrico", asegura la FAMP.
En esta línea, la institución ha querido recordar que desde el 1 de Abril de 2010, los ayuntamientos en potencias contratadas superiores a 10 KW están soportando un recargo de un 20 por ciento de penalización en sus tarifas al no poder contratar el suministro en el mercado libre.
Francisco Toscano se ha dirigido también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, trasladándole la necesidad de encontrar una solución a este problema. Asimismo se ha dirigido al consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, con el objeto de que el ejercicio de sus competencias la Junta de Andalucía pueda determinar en su caso las prácticas restrictivas de la competencia o la posición dominante de las comercializadoras eléctricas.