El desafío democrático nacional ha ingresado en una etapa de consolidación y sustentabilidad. En octubre de este 2011 que comienza nuevamente la ciudadanía, a través del voto universal, igual, secreto y obligatorio, elegirá al séptimo (o séptima) presidente de la Nación desde 1983.
El logro es compartido. El compromiso global con la institucionalidad, la decisión proclive al bienestar en paz de los factores de la producción y el trabajo nos ha permitido desterrar cualquier salida de gobierno por fuera de la Constitución. Hoy, la República avanza en medio de innumerables problemas, pero firme en su decisión de perseverar en el cambio civil y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.
Como partido de gobierno, el justicialismo tiene sus propios desafíos que son consustanciales a los del resto de los partidos, pero que por su dinámica propia y su identidad adquiere particular relevancia.
La crisis terminal de 2001 archivó las recetas provenientes de grupos económicos ajenos a la eficiencia del Estado y a los intereses nacionales. Se necesitó recuperar la política como instrumento pacífico de transformación y en siete años volvimos a la Argentina del trabajo. En el camino quedaron los viejos rezagados del despertar nacional.
Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos es la tarea primordial de cualquier político que intente diseñar una estrategia victoriosa. El justicialismo ha puesto en marcha al país, pero también es consciente que este arranque espectacular debe tomarse como un punto de partida y no de llegada. Queda por mejorar y resolver la cuestión social, que tuvo en su haber la creación de más de cinco millones de empleos y que requiere un amplio consenso intersectorial para proveer de sustentabilidad a los logros obtenidos, que son muchos y que no pueden dejarse librados al azar de las corporaciones codiciosas.
La Argentina que viene será mejor en la medida que sepamos aprovechar las oportunidades que nos da un sistema económico internacional globalizado y complejo, multilateral y explosivo.
El Estado argentino debe ser social o se quedará a mitad de camino. A ningún justicialista le puede resultar extraño construir poder social para devolverle al Estado sus herramientas de arbitraje y regulación que le posibilite sintetizar el poder pleno de la Patria Grande. Un Estado rector, eficiente, promotor de posibilidades, es un Estado a la medida de las necesidades de la sociedad y no un Estado colonizado por las corporaciones codiciosas.
Esa es la tarea de la política que nunca más puede rendirse ante el mercado, es decir, ante las corporaciones codiciosas que siguen sin renunciar a su vocación individualista y sectaria.
La dirigencia justicialista en su conjunto debe encarnar los valores constituyentes de la identidad histórica que nos hace un partido con raíces y fundamentos movimientistas, pero apegado a las normas constitucionales de la democracia, a la que siempre hemos servido con patriotismo militante.
Sin embargo, las asignaturas pendientes ofrecen un damero de oposiciones diversas. Las opciones partidarias comienzan a mostrar las cartas y ninguna de ellas todavía ha elaborado una alternativa real de poder más allá de la estridencia mediática focalizada en uno u otro escándalo de supuestos hechos ilícitos, tratando de reemplazar a la justicia y erigiéndose en fiscales y jueces portadores de una ética dudosa y de intencionalidades subalternas.
De todos modos, es el juego de los partidos que buscan reemplazar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Pero existen proyectos que realzan la necesidad excluyente de instaurar el orden a cualquier precio, como modelo de sometimiento del conflicto social.
Creemos -recurriendo al acervo doctrinario justicialista- que al conflicto social no hay que someterlo al orden represivo de quienes confunden pacificación con imposición del Estado gendarme, característico del régimen neoliberal. Queremos un Estado social superador del Estado gendarme neoliberal represivo, arma predilecta de las corporaciones codiciosas que con tal de no ver disminuidos sus intereses son capaces de incendiar el país como lo hicieron en épocas pasadas.
Tampoco dudemos de cuál es el objetivo del Estado social: la paz como fruto de la justicia social.
Mientras existan situaciones injustas la cuestión social será materia de debate para encausarla en soluciones populares auténticas y sostenibles. Proponer la inclusión a palos de los actuales excluidos es una medida temeraria y suicida, un balde de nafta al fuego. Nunca el peronismo hizo justicia social arrasando la convivencia de la familia humilde y desprotegida. La enalteció con leyes sociales y con un marco de condiciones que dignificaron la vida sin pagarle costosas facturas a la muerte.
No somos el partido del conflicto permanente. Tampoco el partido del control social. El justicialismo organizado puso freno a los desbordes caóticos no para instaurar un orden reclamado por las corporaciones codiciosas, sino por las mayorías populares para preservar la institucionalidad.
El justicialismo organizado es el movimiento que jerarquiza y prioriza la institucionalidad, causa del crecimiento inclusivo y del desarrollo sustentable. Con estas convicciones democráticas hemos retomado la marcha de grandeza y felicidad que nos legaron Juan Domingo y Evita Perón.
José María Díaz Bancalari
Diputado de la Nación.
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