Y al final la Guardia Civil se llevó al perro

Cuando se estaba llevando a cabo el rescate de los mineros chilenos, un articulista madrileño escribió que en el fondo habían tenido suerte los mineros de que no les pasara lo que les ha pasado en España. El revoltijo competencial de las autonomías hubiese convertido el salvamento en un sainete trágico. Nuestra historia podía también ser un sainete si no fuera porque existe una víctima de siete años.

Ocurrió el pasado viernes en Arroyo (Valladolid) donde un perro atacó a una niña que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La Policía interrogó a la dueña del perro y una orden judicial habilitó a la Guardia Civil para hacerse con el animal, pero la dueña se encerró con él.

El Ayuntamiento se quitó hierro de encima y reconoció que ha recibido varias denuncias formuladas por la Policía Local contra este perro y que de todas ellas se ha dado traslado a la Junta, que es la competente en imponer sanciones.

Los políticos se ponen en movimiento. Conflicto al canto. El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Ismael Bosch, visitó a la pequeña y amenazó con elevar una queja institucional a la Junta por no haber atendido las denuncias reiteradas, así como a la diputación –ambas instituciones gobernadas por el PP-. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María Angeles Cantalapiedra, apoyó a la familia y pidió más control a la Policía Local. El alcalde, el independiente José Manuel Méndez, a la vuelta de un viaje días después, visitó a la muchacha y mostró su pesar “porque el municipio haya sido noticia por unos hechos tan lamentables”. Sin comentarios.

Cuarenta y ocho horas después del suceso, la dueña entrega el perro a la Guardia Civil. La señora –de la que no se ha dado nombre- pasó durante este tiempo de órdenes judiciales, Policía Local, Guardia  Civil y políticos.  Es más, se atrevió a amenazar de muerte a la concejala de Sanidad del Ayuntamiento, Mar Redondo, que lo denunció ante la Policía Nacional. Lo dicho, qué suerte la de los mineros chilenos…