Congreso con un “ojo” sobre ayudas a damnificados

Al parecer para los sectores políticos es insuficiente la acción preventiva, que hará la Contraloría y la Procuraduría, entre otros organismos del Estado que conforman el "ejercito" de vigilancia a los más de cinco billones de pesos destinados a atender la emergencia invernal, pues insisten en que el "garrote", y el endurecimiento del castigo podría ser una herramienta más persuasiva contra el delito.  

La intención es evitar tres situaciones específicas: el uso de los recursos para hacer politiquería en el marco de las elecciones locales que tendrán lugar este año; la malversación de fondos por parte de los funcionarios públicos, a quienes se les entregará el dinero; o el fraude de personas malintencionadas que se hagan pasar por damnificados sin serlo, para reclamar las ayudas.

En cuando a esta última modalidad, la vocera del Partido Verde, la senadora Gilma Jiménez, aseguró que en Colombia hay “profesionales de la miseria, que se han graduado como desplazados o damnificados”. Por eso exigió un castigo “severo y ejemplar”, a la vez que pidió que se haga obligatorio un informe quincenal del destino final que se les dé a las ayudas humanitarias.

El vicepresidente del Senado, Carlos Ramiro Chavarro, del Partido Conservador, sugirió que ese castigo ejemplar sea más drástico para quien sea sorprendido entregando de subsidios y asistencia de forma fraudulenta, y para quien intente sacar beneficios políticos en un año electoral.

Los únicos senadores que no apoyaron la iniciativa fueron Jorge Robledo y Alexander López, del Polo, de resto ésta fue aprobada casi de forma unánime, pues además de los partidos de la coalición, también contaron con el respaldo de independientes como el Partido Verde y el Mira.